La rectora Yamileth González expuso el temor del CONARE a que el IVA afecte los presupuestos de compra de equipo de las universidades. (Foto: archivo)
Las universidades públicas y el resto de instituciones de educación públicas, no tendrán que pagar el 14% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contemplado en el proyecto de reforma fiscal que tramita la Asamblea Legislativa, para tasar de igual manera la compra de bienes como la contratación de servicios.
La exención será aplicada a las cinco universidades públicas del país: Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia y Universidad Técnica Nacional.
La petición fue realizada por el Ministerio de Hacienda a la comisión especial que estudia el documento, después de una reunión realizada entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y la rectora de la UCR, Yamileth González, quien externó la preocupación de los entes de educación superior públicos, ante la aplicación de un IVA generalizado y que podría afectar el presupuesto de las instituciones.
La Rectora explicó a este Semanario que en dicha cita se pretendía reunir a los miembros del Consejo Nacional de Rectores (CONARE); sin embargo, por razones de último minuto, fue la única que pudo asistir.
González señaló que las universidades públicas están de acuerdo con la necesidad de una modificación tributaria, siempre y cuando se trate de una reforma “progresiva, solidaria y que no afecte a las personas más vulnerables”.
“Como está planteada la reforma tiene inconvenientes serios para las universidades públicas, porque el gravamen expuesto en esa ley –Ley de Impuesto General sobre las Ventas- que hasta hoy nos exonera, en la nueva propuesta no está contemplada”, expuso.
De no ser exoneradas, las universidades deberían empezar a pagar el 14% sobre materiales educativos, equipo audiovisual, equipo científico y de laboratorio, transportes, y servicios contratados a otras empresas. Este porcentaje es significativo si se toma en cuenta que -según datos de la Vicerrectoría de Investigación en el año 2009- sólo en equipo de investigación la UCR invirtió ¢830 millones para sus centros y unidades académicas.
González igualmente externó por otro lado, la inquietud respecto al gravamen en transferencias internacionales, circunstancia que afectaría a las universidades públicas, en tanto las universidades también reciben porcentajes de donaciones de organismos internacionales para complementar sus presupuestos.
La preocupación acerca del impacto de este gravamen en las finanzas de la educación superior, fue igualmente compartida por el diputado del partido Frente Amplio, José María Villalta, quien hace algunas semanas pidió al CONARE determinar el impacto de un impuesto que no fuera excluyente con el sector de la educación pública.
DOBLE GARANTÍA
Al ser consultados sobre este futuro cambio en el documento del plan fiscal, los asesores del Ministerio de Hacienda, Jordi Prat y Carlos Vargas, aseguraron que aún con el texto original la afectación de las universidades públicas era nula, ya que en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se había contemplado que cualquier variación negativa en los presupuestos de las universidades públicas, debería ser compensado con una transferencia del Gobierno, evitando que las universidades asumieran cualquier pérdida.
Para ellos, la exoneración lo único que logra es volver al “estado general” para evitar la confusión y que esta consigna no esté subordinada a la inclusión de esa responsabilidad positiva del Estado en cada negociación del FEES.
Welmer Ramos, economista asesor del PAC, señaló esta consignación como una “doble garantía”, que permitirá la seguridad financiera de las universidades públicas.
De igual manera, Ramos calificó las preocupaciones de la rectora González por el impacto del gravamen de las transacciones internacionales como “infundadas”, debido a que la reforma fiscal en ningún momento grava ningún otro dinero que no sea rentas de capital, y que al no ser las transacciones internacionales que reciben las universidades una verdadera ganancia, no se les puede aplicar ningún gravamen.
