Mediante comisiones especiales o de propuestas de dirección, el Consejo Universitario invierte una amplia cantidad de tiempo en el análisis de proyectos de ley. (Foto: Andrea Jiménez)
El Consejo Universitario procurará que la Universidad de Costa Rica ofrezca respuestas más expeditas y sólidas a las consultas que envía la Asamblea Legislativa con el fin de potenciar el criterio institucional.
De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución Política, el Poder Legislativo tiene la obligación de oír el criterio del órgano director de cada universidad pública antes de la discusión y aprobación de proyectos relativos a las materias puestas bajo la competencia de estas.
En la sesión 5481 del Consejo Universitario, la periodista Erika Henchoz, quien funge como enlace entre la UCR y la Asamblea Legislativa, recomendó un control estricto de los proyectos que se envían a consulta a la Universidad así como la vigilancia para que los textos sustitutivos de especial interés también sean consultados.
Ella aseguró que una de las respuestas más esperadas en las comisiones legislativas es la de la UCR, gracias a la credibilidad que tiene la Institución y al sustento profesional que respalda a las observaciones enviadas.
Los miembros del Consejo Universitario manifestaron su inquietud con respecto a los elementos que utiliza el Poder Legislativo para determinar qué le compete a la UCR, el peso que tiene su posición en la toma de las decisiones finales, la consulta específica a instancias universitarias diferentes a este órgano colegiado y la manera de mejorar la relación con la Asamblea.
Ante estas inquietudes, Henchoz sugirió que se refuerce la presencia del Consejo Universitario en la Asamblea Legislativa, que se lleve el pulso detallado del avance de los proyectos y que se aprovechen las audiencias con las comisiones, entre otras medidas.
ÚLTIMOS CRITERIOS
En los últimos cuatro meses, la UCR se ha pronunciado en relación con 14 proyectos legislativos, para los cuales emitió ocho criterios favorables y seis desfavorables.
Esta casa de estudios superiores estuvo a favor de las siguientes iniciativas: Declaratoria de las esferas indígenas precolombinas como símbolo patrio, Ley para garantizar la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Sistema Educativo Nacional, Ley de Promoción de la Educación Nacional Marino-costera, Reforma a la Ley de Protección al Trabajador, Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Ley para recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y promover su Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense, Reforma integral a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma a otras leyes, y Cumplimiento del párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y su Transitorio II, para garantizar la asignación de al menos el 8% del producto interno bruto de aporte estatal al financiamiento de la educación pública.
En estos casos, el Consejo Universitario consideró que los proyectos eran beneficiosos, pues permitían mejorar o subsanar algunos vacíos legales que existen referentes a cada una de las temáticas.
Por otra parte, las propuestas que la Universidad no apoyó durante estos meses fueron: Ley que declara de interés nacional la lucha contra el cáncer y creación de la Red Oncológica Nacional, Ley de salario escolar para pensionados del sector público o privado, Alimentación para las personas trabajadoras, Ley de fecundación in vitro, Ley de biocombustibles y la Ley para el Programa Integral de Desarrollo Educativo.
Los criterios negativos estuvieron basados en los roces con la autonomía universitaria que pueden tener los textos, o por la necesidad de realizar cambios sustantivos que fundamenten mejor las propuestas.
