En el conversatorio participó (de izquierda a derecha) la viceministra Ana Gabriel Zúñiga, la defensora de los habitantes Monserrat Solano, Rocío Loría (moderadora), y los representantes indígenas Jorge Morales y Karla González. (Foto: Anel Kenjekeeva)
El Poder Ejecutivo afirmó estar comprometido a resolver los problemas de posesión de tierras en la comunidad indígena de Salitre, en un conversatorio que se realizó la semana anterior, con la participación de la viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga; la defensora de los habitantes, Montserrat Solano; y de Jorge Morales y Karla González, representantes de la Federación Indígena Estudiantil.
La actividad se desarrolló en torno al tema “Territorio indígena de Salitre: demandas históricas y desafíos políticos”, y se llevó a cabo en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y el Laboratorio de Etnología de la Escuela de Antropología.
Durante su exposición, Zúñiga resaltó las acciones que ha emprendido el Gobierno, tendientes a solucionar la situación de conflicto por tierras en Salitre, ubicado en el cantón de Buenos Aires.
Mencionó las alianzas estratégicas que ha hecho el Ejecutivo con instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otras.
Reconoció, además, que en la zona sur existen conflictos de intereses económicos a los que deben enfrentarse, los cuales impiden que los acuerdos sean exitosos, y que la ley es insuficiente para garantizar los derechos de los indígenas. Por eso, insistió en se requieren “acciones estructurales, que permitan resolver el problema de conflictos de tierra”.
“Cada paso que damos tiene que ser claro, integral, contundente, apegado a la legalidad, pero entendiendo que hay vidas humanas de por medio”, agregó.
Por su parte, la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, denunció que en la zona sur entre el 50% y 90% del territorio indígena está en manos de personas no indígenas y que la situación en Salitre no es un hecho aislado, sino que es una realidad que afecta a todos los territorios indígenas.
Además, manifestó que algunas instituciones, como el Inder, aún tienen como parte de su patrimonio propiedades en territorios indígenas.
“El Estado costarricense (…) por muchas décadas les ha fallado a los derechos de los indígenas”, dijo Solano, quien agregó que la previsión presupuestaria dispuesta en la ley indígena nunca se ejecutó en su totalidad, en administraciones anteriores.
Durante su intervención, los representantes indígenas refutaron algunos de los planteamientos hechos por la viceministra y aseveraron que la Fuerza Pública en Salitre no ha actuado como debería y que los hechos de violencia, “que vienen desde el gobierno anterior”, se siguen presentando; asimismo, “casi ningún acuerdo ha funcionado” y señalaron la necesidad de informar a las comunidades de una forma más clara, “sin tecnicismos”, para que puedan comprender mejor los textos.
DESAFÍOS
Solano enfatizó en que uno de los principales retos del Gobierno es garantizar una protección efectiva de los derechos de los indígenas, especialmente el de propiedad sobre sus terrenos y que se debe iniciar un proceso de reparación, que permita restituirlos como sujetos de derecho ante el Estado.
Para la jerarca, el conflicto en Salitre ha tomado una “nueva dimensión racial”, lo cual preocupa a la Defensoría, y esto debe llamar la atención no solo del Gobierno, sino de la sociedad en general.
Zúñiga, por su parte, mencionó que el principal desafío del Ejecutivo es ejecutar acciones concretas e institucionalizadas, que se mantengan luego de terminar el actual periodo de gobierno.
Ambas coincidieron en que otros de los retos que todavía tiene el Estado en este tema son la institucionalización de mecanismos de diálogo y la creación de una guía de consulta, sobre cualquier acción que se pretenda hacer en estos territorios.
Según el censo nacional del 2011, en Costa Rica habitan poco más de 104.000 aborígenes, de los cuales, cerca de 36.000 (34,5%) viven dentro de los 24 territorios indígenas establecidos en el país.
