Los documentos relacionados con el contrato entre el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y la empresa OAS constan como prueba en el expediente del Tribunal Contencioso Administrativo N°13-003883-1027-CA, por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
UNIVERSIDAD solicitó al CNC conocer el detalle del realizado supuestamente con fondos de la concesionaria que dan sustento al “Anexo 1” del acuerdo conciliatorio en la Cámara de Comercio.
Sin embargo, la oficina de comunicación del CNC respondió: “En virtud de que los expedientes judiciales pueden ser accesados tanto por las partes directamente interesadas como por cualquier abogado, corresponderá por consiguiente a este medio de comunicación a través de su respectivo asesor legal haga la consulta al tribunal”, firma la asesora de comunicación del CNC, Esmirna Vega Soto.
En mayo pasado, la Fiscalía inició un proceso de investigación por presunto delito de incumplimiento de deberes. Estas pesquisas ocasionaron que desde esa fecha, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fiscales del Ministerio Público allanaran las oficinas de las empresas constructoras Cacisa y OAS.
La empresa Cacisa recibió cerca de $3 millones por evaluar la carretera a San Ramón.
UNIVERSIDAD reiteró la solicitud de información al Ministro de Planificación, Roberto Gallardo, quien adujo: “Le reenvié su correo a Edwin Rodríguez, Secretario Técnico del CNC, para que recopile la información solicitada”.
Gallardo manifestó que la información que tiene el CNC en relación con OAS es “parcial” y que para completarla habría que tener acceso a los expedientes de cada expropiación. El Ministro alegó: “No es posible fácilmente en tanto están incautados por el Ministerio Público en el marco del proceso originado por la denuncia del señor Rodríguez Baldí”.
Al cierre de edición el pasado martes 25 no se recibió la respuesta del Ministro Gallardo.
