Entiendo que la Sra. Ileana Balmaceda Arias, expresidenta ejecutiva de la CCSS, desde la función política que desempeñó en la administración Chinchilla, intente en la edición No. 2036 del Semanario Universidad, por un lado desprestigiar a esta reconocida tribuna nacional que durante décadas ha abierto espacio con su objetividad y, por el otro, hacer aparecer al suscrito como un profesional irresponsable (véase “Linchamiento sin derecho a legítima defensa” ed. No. 2036 y “Jerarcas se van como si no hubiera pasada nada”, ed. No. 2035, ambas de este Semanario).
Doña Ileana se considera linchada y sin derecho a defensa porque los comunicadores del Semanario no salieron en carrera a hacerle la típica pregunta de relaciones públicas: ¿Qué opina en torno a lo dicho por fulano y mengano? Olvida doña Ileana que un funcionario público, con los recursos en relaciones públicas que la Caja tiene, no requiere que vayan en carrera a entrevistarla en relación con cualquier solicitud de rendición de cuentas por tratarse los asuntos de interés público.Entiendo que ningún medio nacional le hubiere negado espacio para que ella explicara las acciones concretas y convincentes tomadas para erradicar el flagelo de la corrupción en la CCSS, en lugar de darle largas a la investigación como se informó en el reportaje “CCSS da largas a investigación sobre gerentes”, ed. No. 2032 de este Semanario.
A Balmaceda estoy seguro que ningún medio de comunicación le hubiere negado espacio para que se refiriera a los hallazgos de la Auditoría Interna de la Caja en relación con el informe ASSAI-187-2012 sobre el aumento de la cesantía, en lugar de excusarse diciendo que “no encontraron ningún elemento para el desarrollo de una investigación administrativa contra varios funcionarios y exfuncionarios, por las decisiones tomadas sobre ampliación de años por cesantía y creación de plazas, entre otras cosas”. En honor a la verdad y por tratarse de un asunto de interés público voy a refrescar la memoria de doña Ileana, sobre algunos hallazgos de dicho informe: En la página 15 del informe, doña Ileana, se indica que el costo de la propuesta de aumento gradual de la cesantía de 12 a 15 salarios fue estimado por la Dirección Actuarial en ¢17.636,80 para los años 2008 a 2010; pero el costo real durante el mismo período, luego de aprobados los beneficios, resultó en ¢40.007,48. Nada menos que 2,27 veces el monto que le informaron previamente a la Junta Directiva de la Caja.
En la página 21 se lee que para aumentar gradualmente la cesantía de 15 a 20 salarios, en octubre de 2009 el Director de la Dirección Actuarial informó a la Gerencia Financiera que “Los datos de estas proyecciones reflejan que la sostenibilidad financiera a largo plazo, expresada mediante el cociente (I-G)/I, se sigue conservando, con o sin propuesta de variación salarial, e inclusive las diferencias entre las proyecciones con propuesta y sin propuesta, en términos relativos son cada vez menores”.
En las páginas 21 y 29 se evidencia que las desviaciones abismales en las estimaciones del costo del aumento de la cesantía, no se deben a simples errores involuntarios. En primer lugar, porque el Director de la Dirección Actuarial recibió en octubre de 2008 un informe en el cual “el Lic. Muñoz Corea, advirtió al Lic. López Vargas, sobre la proyección de un déficit financiero a corto, mediano y largo plazo, el cual efectivamente acaeció según los datos de las Liquidaciones de la Dirección de Presupuesto”. En segundo lugar, porque los cálculos del costo de la cesantía fueron realizados por los mismos funcionarios que en mayo de 2009 hicieron un estudio actuarial del seguro de salud, que mostraba un déficit de ¢88.003,10 millones en el período 2010-2012, sin aumentar la cesantía. ¿Cómo explicar que en octubre de 2009 los mismos funcionarios informaran que con el aumento de la cesantía, el mismo seguro tendría un superávit de ¢108.450,50 millones en el mismo período? ¿Qué intereses los movió para recomendar el aumento de la cesantía, sabiendo de antemano que con ello terminarían de hundir a la CCSS como sucedió en 2011?
Como puede comprender el lector común del Semanario, los datos indicados no los inventé, son irrefutables y, aunque no soy periodista ni relacionista público, no dan cabida a la típica pregunta “qué opina usted…”, sino más bien el cuestionamiento estaría orientado a qué medida concreta adoptó usted para corregir semejante daño, que se le ocasionaría a los costarricenses con este juego de números ¿En qué estado está el proceso administrativo para sentar responsabilidades por semejante cosa?
Por último, a este mortal no le corresponde juzgar si la Dra. Balmaceda, a quien respeto profundamente, ha sido o no “transparente ante los órganos competentes y ante los ciudadanos que así lo han solicitado”, sino que el tiempo es el mejor juez en asuntos como estos. A mí sí me corresponde decir que mucha de la información que he puesto en conocimiento de los costarricenses, la obtuve gracias a sentencias de la Sala IV, cual es el caso, por ejemplo, de la derogatoria del Reglamento de la Dirección actuarial que actualmente conoce un Tribunal Contencioso de la república. Doña Ileana puede consultar el expediente No. 12-006449-1027-CA. Desde chiquitillo mis padres me decían que una verdad a medias no es verdad.
