El plan para construir una nueva refinería de petróleo quedó en estado de coma y con interrogantes sobre los $50 millones que supuestamente ya se habrían invertido, tras la orden que le dio la Contraloría General de la República (CGR) el pasado20 de junio a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) de no utilizar el estudio de factibilidad que fundamenta el proyecto.
Una investigación de la CGR, sobre el estudio de factibilidad, encontró entre otras debilidades que la rentabilidad de 16,28% estaba sobrestimada y que había conflicto de interés debido a que la empresa que lo realizó está relacionada con la empresa china CNPCI, socia de la empresa conjunta formada con Recope para la construcción de la refinería.
La CGR ordenó a la empresa estatal costarricense no utilizar el estudio de factibilidad realizado por la empresa china HQCEC y cualquier otro estudio que se haya basado en este, lo cual se ha tomado entre sectores de la opinión pública como el entierro del proyecto, aunque el Gobierno insiste en mantenerlo vivo, y el ministro de Ambiente y Energía, René Castro, ordenó a las autoridades de Recope presentar un plan b en un plazo de cinco meses.
Mientras tanto, quedan en el aire interrogantes acerca de en qué se han gastado concretamente los $50 millones (más de ¢25.000 millones) que se han invertido ya en el proyecto de la refinería, y particularmente de qué partidas presupuestarias salieron los gastos y quiénes los autorizaron.
Este Semanario le solicitó a Recope el detalle de dichos gastos y a pesar de que su vocero se comprometió la semana pasada a facilitarlos, al cierre de esta edición no habían sido suministrados.
Al respecto, el diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) dijo que ya se había presentado una moción para que la comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa solicite a Recope el desglose de los gastos, a fin de ver en qué se invirtieron y a qué rubros corresponden.
A su vez, la Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción investiga una denunciada pública presentada por un grupo de profesionales y académicos −incluido el abogado Manrique Jiménez−, relativa a las “conductas administrativas” eventualmente desplegadas por funcionarios y exfuncionarios de Recope.
La investigación se halla en fase inicial, para determinar si hay delitos que perseguir, y se está a la espera de que la Contraloría remita a la Fiscalía el informe que emitió la semana pasada sobre el proyecto de la refinería, indicó la oficina de prensa de la institución.
La denuncia también fue presentada a la Procuraduría de la Ética, que va a analizar el informe de la PGR, para determinar si procede o no iniciar una investigación en ese despacho, indicó la funcionaria de prensa de la Procuraduría, Vivian Burban.
