En su momento fue muy cuestionada la actitud de los magistrados Ana Virginia Calzada y Luis Paulino Mora, durante una gira al proyecto minero en Las Crucitas de San Carlos. (Foto: archivo)

Tras la decisión adversa a sus intereses emitida el pasado 19 de junio por la Sala Constitucional, la empresa minera Industrias Infinito −subsidiaria de la canadiense Infinito Gold− hizo saber no solo que buscará un resarcimiento económico por la vía de un arbitraje internacional, sino que esta semana dará a conocer un “revelador” documento con información sobre el caso.

Así lo informó la vocera de la empresa Yokebec Soto, en una entrevista que el sistema radiofónico de la Universidad de Costa Rica compartió con UNIVERSIDAD, en la que expresó que la decisión de la Sala Constitucional no afecta “el resto de los procesos” que ha emprendido la empresa, porque en la demanda que interpuso la empresa contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), uno de los requisitos es que no existan procesos pendientes en el país.

“Continuaremos con  la demanda de $1.092 millones, la más cuantiosa contra el Estado costarricense en la actualidad y creo que en la historia del país”, expresó Soto.

Además, aclaró que la resolución de la Sala Constitucional “no significa que la empresa se vaya del país”, lo cual hará “hasta que se le reconozca toda su inversión y el monto al que ascienden todos los atrasos y cambios que han tomado los gobiernos, en relación con el tema de la extracción de oro a cielo abierto”.

Por su parte, el diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cree que el arbitraje es “sumamente peligroso para Costa Rica”, y recordó que en algún momento fue el vicepresidente de la República, Alfio Piva, quien en declaraciones a la prensa “dijo que la empresa podía demandarnos por una suma cercana a los $1.000 millones”.

En su criterio, la opción de los arbitrajes internacionales es una realidad, “gracias a lo dispuesto en instrumentos como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) y el de Canadá”.

Ante la pregunta de si el rechazo de la Sala Constitucional −por unanimidad−  podía deberse a la ausencia de los exmagistrados Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada, no dudó en decir que “totalmente”, y que es “sospechosamente coincidente”. “Siempre pensé que protegían a Óscar y Rodrigo Arias”, acotó.

En febrero Calzada expresó a UNIVERSIDAD que el tiempo que se tomaba la Sala para resolver la acción se debía al “estudio detallado y pormenorizado del tema, de una consideración seria de lo planteado y de cómo actuar dentro del ámbito de competencias y la naturaleza jurídica de la Sala”.

“NO NOS SORPRENDE”

El pasado 19 de junio la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que por unanimidad  acordó “rechazar de plano” la acción de inconstitucionalidad, que desde noviembre del 2011 había presentado la empresa minera contra el fallo del tribunal contencioso, que un año antes anuló la concesión dada a esa empresa para desarrollar el proyecto minero en Las Crucitas de San Carlos.

Según un comunicado oficial, la Sala Constitucional rechazó la acción debido a que no se relacionaba con un proceso cuya discusión se encontrara aún abierta. Cabe recordar que la Sala I ratificó el fallo del contencioso cuestionado por la empresa canadiense.

Yokebec Soto externó que la decisión de la Sala IV “no nos sorprende absolutamente en nada” y criticó que a lo largo de todo el proceso de Industrias Infinito, los gobiernos de Costa Rica “se fueron tirando la bola” hasta el punto que “la empresa no tuvo más opción que acudir a las instancias internacionales,  con el derecho que le otorga el Tratado de Inversiones entre Costa Rica y Canadá”.

Para la vocera, la historia del proyecto “ha tenido muchos recovecos”, por lo que se decidió ordenar todo ello en “un sólo documento que presentaríamos ante el Ciadi y que estaríamos compartiendo con la prensa y la población; al final no hay nada que ocultar, pero sí hay muchas cosas que nunca se supieron”. Según dijo, podría ser el jueves de esta semana que se dé a conocer ese documento.

Sobre las querellas que la empresa ha presentado contra ambientalistas como el biólogo Jorge Lobo, el profesor de derecho Nicolás Boeglin o el diputado Claudio Monge (las dos primeras ya rechazadas por los tribunales), no descartó que continúen y reprochó que “hay mucha hipocresía en todos estos casos”.

Abogado Álvaro Sagot:

“Por respeto deberían hacer maletas”

El abogado ambientalista Álvaro Sagot consideró que la ausencia de los exmagistrados Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada pudo haber influido en que, de manera unánime, se le rechazara la acción de inconstitucionalidad a Industrias Infinito.

Además, consideró que la empresa ha tenido poco éxito o no tendrá ninguno, en el arbitraje internacional que ha planteado contra Costa Rica.

¿Cómo valora la decisión de la Sala Constitucional, que finalmente rechazó la última acción de inconstitucionalidad de Industrias Infinito?

-Es algo que esperaba, puesto que para presentar una acción de inconstitucionalidad se precisa un procedimiento previo sin resolver y la Sala I ya había resuelto el tema. De manera que se siguieron los lineamientos de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Respecto a los efectos de esta decisión, debo decir que lastimosamente la Sala Constitucional se tardó más de dos años en resolver, lo cual pudo haber generado duda o incertidumbre, pero se restableció nuestro ordenamiento jurídico y se resolvió tal cual indican las normas nacionales. Estamos a la espera de resolver el asunto pendiente en el tribunal contencioso administrativo, respecto a la demanda de ejecución de la sentencia por los daños y perjuicios.

¿Considera que la ausencia del fallecido magistrado Luis Paulino Mora y la jubilada Ana Virginia Calzada pudo haber influido en la decisión por unanimidad de la Sala Constitucional?

-Por supuesto. Hablamos de una decisión que se toma entre varias personas, dos de las cuales evidentemente habían mostrado cierta simpatía hacia Industrias Infinito, según mi percepción como abogado que participó en el caso desde los primeros recursos de amparo. De acuerdo a la conformación de la Sala Constitucional, sí pudo haber pesado que Mora y Calzada estuvieran fuera.

Además de plantear un arbitraje internacional por más de $1.000 millones, Industrias Infinito anuncia la divulgación de un documento “revelador” con nueva información sobre el caso y que no da por terminado el capítulo de las demandas interpuestas. ¿Qué opinión le merece todo ello?

-Me pregunto qué será el famoso documento que van a presentar, si ya los procesos en los que podrían lograr modificaciones de fondo a su situación están finiquitados. La acción de inconstitucionalidad ya se archivó y el proceso ante la Sala I ya se resolvió: fueron condenados al pago de daños y perjuicios y se les anularon los permisos, de manera que no hay nada que cambie el fondo del asunto respecto a la posibilidad de llevar a cabo el proyecto. Además, el Código de Minería fue reformado y ahora prohíbe expresamente la extracción minera a cielo abierto.

Sobre el tema del arbitraje, debo decir que no me extraña para nada que amenacen con eso. Ya he dicho de que no lograrán nada con ello, pues en el momento en el que los árbitros les pregunten si actuaron siempre a derecho, tendrán que informar que los permisos se les anularon y sobre las sentencias en su contra. Si se les anularon los permisos, no se trata entonces de un caso en el que el Estado gratuitamente les quitó la viabilidad y la concesión minera, de manera que poco o nada será lo que logren por esa vía.

Desde el 2008, los representantes de Industrias Infinito ya habían acudido a diferentes medios de comunicación, para decir que si algo fallaba acudirían a un arbitraje internacional, de manera que no es una amenaza nueva, pero por respeto deberían hacer maletas. Eso sí, primero que indemnicen y luego que se vayan.