En la entrega anterior conversamos sobre algunos problemas de gestión administrativa de los gastos en educación; ahora nos vamos a referir un poco a posibles escenarios de solución para la escogencia de las instituciones y los estudiantes y el efecto del mercado sobre ellas.
En primer lugar, sin menoscabo del derecho a la educación, tanto los estudiantes, como los padres y los centros educativos debieran tener la posibilidad de competir por los cupos y los estudiantes. Ello lleva a la mejora continua, una sana disputa por recursos y la valoración de la buena labor del profesorado y la institución educativa. De la misma manera, tener criterios de selección de estudiantes permite a los centros educativos la posibilidad de escoger aquellos que más se ajusten a su criterio de aceptación, limitando comportamientos inadecuados en sus instituciones y el acceso a estudiantes problemáticos.Parte II
El derecho a la educación llevado al extremo impide al docente público, aplicar reglas de comportamiento y selección que sí suelen aplicarse en los entes privados. Esto nos lleva a concluir que salvo la existencia de algún designio divino que modifique el accionar de padres y sindicatos, tendremos que pensar seriamente en fraccionar la estructura educativa en colegios municipales, privados, semiprivados o de orientación religiosa o filosófica, con control de gestión por parte del Ministerio, y donde cada institución establezca los parámetros de conducta y contratación que mejor les parezca a los padres y la comunidad asociada.
Un esquema de administración por autogestión cooperativa no estaría mal para empezar, que incluya a los padres de familia, profesores y por qué no, a entes externos que aporten también recursos para ser parte del proyecto, alquilando y manteniendo las instalaciones en que operan o construyendo las propias. En adición a esos recursos, se pueden trasladar fondos de INFOCOOP o de Banca de desarrollo considerando cada proyecto como un programa de desarrollo para Pymes Cooperativas.
Los aportes de la movilidad laboral de profesores podrían ser parte del capital semilla de tales instituciones, y si el educador se retira, entonces se le pagaría su aporte bajo la usanza cooperativa, al valor actual de sus aportes y en tractos. Esto hace que los educadores y administradores guarden celosamente su trabajo y resultados, bajo pena de perder parte de sus activos como ocurre con toda empresa que no brinda un buen servicio, tiene resultados y es competitiva.
Este tipo de políticas potencia a los que quieran aprovechar la oportunidad cada año lectivo, llena los campos disponibles de acuerdo a oferta y demanda, permite tener criterios de inclusión y oportunidad y brinda un sano equilibrio entre recursos obtenidos y resultados.
Al Ministerio de Educación debe corresponder la evaluación y rendimiento de informes a la comunidad, y establecer metas de desempeño para cada periodo. La evaluación permite a padres y estudiantes establecer métricas comparativas sobre resultados y costos, con los cuales tener mejor criterio de decisión, y todas las instituciones públicas y privadas debieran ser evaluadas y comparadas por igual.
Frente a un esquema de oferta y demanda lo que ocurrirá es que habrá migración natural de estudiantes hacia ciertos centros educativos y traslado de otros a instituciones que quieran recibirlos, ponderando cada una de ellas el costo/beneficio en cada adquisición, y obviamente seleccionado ambas partes la mejor a sus intereses, con el cupo asignado o acordado. Al final irán quedando las mejores instituciones y tendremos los mejores estudiantes.
Además de lo anterior, un proyecto que genere sana competencia para ofrecer servicios y resultados, y permita establecer alianzas de cooperación entre las diferentes pymes de autogestión, facilita eficientizar el proceso y maximizar el uso de los recursos, aumentando el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio, con acceso a patrones claros de comparación y escogencia.
Queda la duda de cómo asignamos los recursos de educación para este modelo, y lo que podemos hacer para establecer mecanismos de acción con el fin de activar y dirigir las transferencias. A ello nos referiremos en nuestra próxima entrega.
