Miguel Rojas presentó al MEP pruebas históricas de que la independencia costarricense fue firmada el 29 de octubre de 1821. (Foto: Katya Alvarado)
Cambiar mediante una ley la celebración del Día de la Independencia y corregir en el currículum académico de Estudios Sociales la historicidad del hecho son parte de las condiciones que contempla una petitoria presentada al Ministerio de Educación Pública (MEP) por el escritor y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Miguel Rojas, quien alega que el documento firmado en Ciudad de Guatemala en 1821 no era vinculante ni para Costa Rica ni para el resto de las entonces provincias centroamericanas.
Rojas, quien presentó por primera vez esta solicitud en el 2008, se apoya en los documentos históricos de la época y los textos de varios historiadores costarricenses. Estos últimos sostienen la tesis de que el momento histórico de la independencia del territorio de la Provincia de Costa Rica responde formalmente al 29 de octubre de 1821, cuando los ayuntamientos nacionales de la época firmaron el Acta donde se independizaban de España, después de analizar los documentos recibidos de Ciudad de Guatemala y Nicaragua.
“Si usted en un programa curricular de primaria y secundaria lo enseña con esa mentira, primero distorsiona la verdad histórica y segundo enseña la mentira histórica, y para eso hay que hacer el cambio de ley, y quien debe promoverlo es el propio Ministerio de Educación, el propio Ministro”, argumentó el catedrático.TRES AÑOS DE TRÁMITE
La primera petitoria de Rojas tuvo respuesta hasta mediados del año 2009, cuando la Defensoría de los Habitantes solicitó al MEP investigar las causas por las que no se había respondido en el plazo debido y recomendó asignar una comisión de investigación que confirmara la veracidad de las pruebas históricas presentadas.
En esta respuesta, el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, aseguró que el trámite correspondía al Asesor Nacional de Estudios Sociales y que no procederían con la investigación en tanto calificaba la solicitud de “irrespetuosa” hacia la labor de sus asesores educativos.
Garnier, asimismo, solicitó en una siguiente comunicación que consideraría el caso de contar con la consultoría de diez historiadores costarricenses que habían tocado el tema en sus textos académicos, para tener un consenso general al respecto.
Por su parte, Rojas aprovechó el período seguido a estas comunicaciones, para recopilar la información de estos historiadores. De estos, –asegura– la mayoría no eran doctos en el tema y agregó a la lista entonces otros que sí tuvieran un acervo de investigación al respecto.
Uno de los historiadores cuyos textos fueron consultados, Óscar Aguilar Bulgarelli, opinó que si bien es correcta la precisión de los datos que presenta Rojas en su informe, es una “solemne majadería” promover este cambio en la celebración, en tanto el 15 de setiembre representa una fecha simbólica que se convirtió en “el motor que inició el proceso independentista”.
Este último informe fue presentado el pasado mes de agosto ante el MEP y recibió respuesta el miércoles 30 pasado, con una comunicación del ministro Garnier en la que aseguraba que la instancia ejecutiva no tiene la potestad de definir esas propuestas y que Rojas debe acudir a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, para recibir asistencia tendiente a sugerir este proyecto de ley.
Al ser consultado por UNIVERSIDAD, el Asesor Nacional de Estudios Sociales, Marvin Carvajal, aseguró que el tema no es de su competencia y que no podía emitir ninguna declaración sin antes obtener permiso del Departamento de Prensa del MEP.
Asimismo, este departamento comunicó por correo electrónico que el Ministerio “(…) NO EMITIRÁ CRITERIO sobre este tema hasta tanto la comisión especial legislativa creada (o en proceso de crearse) para su análisis, no emita el dictamen correspondiente”.
Miguel Rojas asegura que debido a la negligencia del ministro, asistirá a la Oficina de Iniciativa Popular tal y como lo recomendó en la última respuesta que le fue entregada; sin embargo, asevera que lo mínimo que podría hacer el MEP es disponerse a colaborar en ahondar en las razones que ha presentado durante estos tres años, para corregir el proceso de continuidad con el yerro histórico.
