Ante una presunta crisis en materia de concesiones en la coyuntura actual nacional, quienes han pregonado que la Contraloría General de la República no debe coadministrar, ahora encuentran muy fácil cargarle la responsabilidad de dicha crisis al ente contralor, acusación que esperamos sea desinformada y no malintencionada, como parte de una estrategia para golpear la institucionalidad pública.
Afirmar que la CGR ha sido complaciente con los proyectos de concesión de obra pública en su rol fiscalizador cuando ha debido intervenir en casi la totalidad de ellos, falta a la verdad y evidencia un desconocimiento del quehacer contralor, el cual ha encendido las luces de alerta sobre aspectos clave en esta materia, tanto a la Administración como a la misma Asamblea Legislativa. De todas nuestras actuaciones hay evidencia abundante en los medios de comunicación y se encuentran disponibles, como documentos públicos que son, en la página web de la institución (www.cgr.go.cr).
Respecto del control previo, en los temas de contratación administrativa la CGR ha actuado a petición de parte. No le corresponde determinar si las negociaciones de la Administración son o no convenientes, sino si se ajustan o no a Derecho, por lo que es con base en los argumentos y la documentación que aporte la Administración a la CGR que se aprueba o imprueba una solicitud de aquella, desde el principio de legalidad aplicable.
En el control posterior, al Consejo Nacional de Concesiones –en el año 2007- se le advirtió desorden en las contrataciones de consultores. Igualmente, en el año 2008, se señaló la pobre capacidad institucional para atender los proyectos bajo su responsabilidad. En el año 2009, en relación con los órganos de control de la concesión San José-Caldera, se determinó una debilidad importante originada en incumplimientos de la firma supervisora contratada para tales efectos. Siempre sobre esta concesión, se analizó el manejo de los incentivos fiscales sobre la maquinaria que se importó para realizar los trabajos.
Así las cosas, la CGR ha fiscalizado vastamente la gestión del CNC y la concesión de la carretera San José-Caldera, pero nuestras competencias tienen un límite claro que obliga a señalar que cada instancia debe asumir su propia responsabilidad y la gestión de los contratos le corresponde a la Administración y a las instancias de control que ella misma ha establecido para ejecutar las obras por concesionar mediante los instrumentos contractuales pertinentes.
Por otra parte, la CGR cuenta con un equipo de profesionales de primera línea, que ha sido contratado siguiendo los procesos debidamente establecidos, buscando dotar a la institución de funcionarios con la adecuada formación profesional, el conocimiento técnico del trabajo que realizan, y la probidad requerida dada la naturaleza de las labores de fiscalización. Por ello, resulta impensable que las contrataciones se hacen con la finalidad de tender redes que permitan controlar tal o cual institución, lo que evidentemente limitaría las posibilidades de contratación de recurso humano que proceda del mismo sector público, cuando lo que se requiere es justamente ese conocimiento para hacer más efectiva y especializada la fiscalización.
Pretender que la responsabilidad del Estado de algunas concesiones de obra pública en manos de la Administración sea responsabilidad de la CGR resulta improcedente y contrario a sus competencias, aunque puede ser una excusa perfecta para quienes ven afectados sus negocios porque los órganos de control existen y funcionan.
La autopista de dos vías construida por alguna mente perversa es solo un conjunto de relaciones ocurridas a lo largo de muchos años, entre instancias que tienen una relación obligada, como la tiene todo el sector público, con los mecanismos de control a cargo de la CGR. Lo consignado en dicha información debe ser objeto de una acusación penal si tiene alguna base sólida y probatoria. Cualquier otra interpretación es la propia de una discusión entre personas cuyos intereses personales se sienten afectados por la rectitud del control y la fiscalización de una de las instituciones en que el costarricense confía por su capacidad técnica y su apoliticidad.
Si una comisión legislativa se instaura para analizar el estado de las concesiones en nuestro país, la CGR proveerá de información documentada sobre sus actuaciones a quienes así lo requieran, tomando como punto de partida el rol que en Derecho le corresponde y su papel como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control de la Hacienda Pública, de manera que de las lecciones aprendidas se logre mejorar el esquema de desarrollo de la obra pública en nuestro país.
