Cual si se tratare de una quebrada intermitente, de esas que solo aparecen en épocas lluviosas, o un río del interior sin importancia ambiental y geopolítica, de los que a veces se dispone sin tomar en cuenta especiales consideraciones de carácter social o ecológico, las autoridades diplomáticas costarricenses guardaron silencio y demostraron extraño inmovilismo ante la noticia de que Nicaragua tenía en proyecto la construcción de una represa en el cauce del río San Juan, según lo informó La Nación el 1 de marzo del año pasado.
Ahora, un año y medio después de esa información, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha anunciado que planea tener terminado en cuatro años el llamado Proyecto Hidroeléctrico Brito con una inversión de $600 millones, que “contempla la construcción de una presa sobre el río San Juan antes del Castillo, llamada Presa San Isidro, y otra sobre el río Brito, llamada Miramar, usando como embalse de regulación el lago de Nicaragua”.
Represa de 400 metros de cresta y 10 metros de altura que al impedir el curso del agua proveniente del lago de Nicaragua hacia el mar Caribe, derivaría unos 500 metros cúbicos por segundo de caudal hacia el océano Pacífico, a través del istmo de Rivas. Proyecto que, según el alcalde de El Castillo, no encaja con el desarrollo turístico, y que por encima de las “cosas bonitas” que dicen los empresarios, como la construcción de escaleras para que pasen los peces y el traslado de los barcos de un lado a otro de la presa, al final ellos, los habitantes, van a ser las víctimas.
Según el gobierno del presidente Ortega, la producción energética será de 250 MW, permitirá además el desarrollo del riego en un área de 12.000 hectáreas y mejorará la navegación en parte del río San Juan y el lago de Nicaragua, para lo cual ya se está trabajando con la empresa brasileña Andrade Gutiérrez.
Ante la licencia otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) al consorcio privado para la realización de los estudios de factibilidad, algunos ciudadanos nicaragüenses cuestionan que los cálculos del caudal se realizaron hace 35 años, antes de que se diera la alta tasa de deforestación de 77.000 hectáreas de bosque por año que sufre Nicaragua, que ha modificado sustancialmente el régimen hídrico. Además de que, río abajo de la represa, “el hilo de agua” remanente solo podría recuperar su caudal útil unos 30 kilómetros río abajo… “hasta recibir las aguas de los grandes ríos costarricenses Sarapiquí y San Carlos”. http://www.redlar.org/noticias/2010/9/27/Noticias/Cientifico-advierte-sobre-letalidad-del-megaproyecto-hidroelectrico-Brito/
Aunque la mayor preocupación del gobierno nicaragüense parece dirigida hacia la constitución de una sociedad de inversionistas, donde el Estado sólo tendría un 10% de participación, no se pueden obviar los aspectos ambientales como aquellos impactos que eventualmente podrían darse sobre las riberas del río San Juan.
Por ejemplo, el impacto ambiental que tendría ese tapón de concreto sobre el flujo del río San Juan en su camino hacia la desembocadura en el mar Caribe. Y como la delimitación de buena parte de Costa Rica con Nicaragua, está señalada por los mojones ubicados a lo largo de la margen derecha del río, les recordamos a nuestras autoridades que es un asunto que compete a ambos Estados, por lo que esperamos una gestión oportuna y firme de nuestro gobierno… antes de que sea aún más tarde.
