Trece personas comenzaron hace casi un mes una manifestación silenciosa para pedir la derogatoria del decreto 34801-MINAET, y a la fecha sólo dos de ellos se mantienen con su salud debilitada, acampando en las afueras de la Casa Presidencial, en Zapote.
David Rojas, de 25 años, y Andrés Guillén, de 23, ambos estudiantes universitarios, afirman que lo importante de la huelga de hambre es seguir “haciendo presión” a las autoridades estatales para que den una respuesta a la ciudadanía.
Los dos jóvenes no han consumido alimento desde que el 7 octubre se apostaron en las afueras de la Casa Presidencial, para exigirle a la presidenta Laura Chinchilla la derogatoria del decreto que declara de interés público y conveniencia nacional, el proyecto minero desarrollado por la empresa canadiense Industrias Infinito S.A., en la localidad de Las Crucitas, en el cantón de San Carlos.
El martes 19 de octubre tuvo que ser hospitalizada la huelguista Rosibel Porras, después de sufrir un desmayo como consecuencia de una arritmia cardiaca, al borde de cumplir las 456 horas de mantenerse con una dieta de agua y sales minerales.
Los huelguistas aseguran que, después de que el Gobierno se pronunció sobre la protesta, han recibido un fuerte apoyo de organizaciones de activismo social, cultural y ambiental. Aseguraron que aunque se sienten agotados, el apoyo recibido los motiva a seguir firmes en su lucha.
En este marco se han organizado dos Festivales por la Vida, en los que diversos artistas han aportado su talento, para apoyar a los manifestantes y continuar exigiendo la derogatoria del decreto, que permitiría a Infinito Gold llevar a cabo su proyecto de explotación minera en Crucitas.
Los ayunantes han contado también con el respaldo de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Este último emitió un pronunciamiento el pasado 21 de octubre, en el que se insta a la presidenta Laura Chinchilla a “iniciar un diálogo con el propósito de evitar que esta situación termine con consecuencias lamentables para los huelguistas y para nuestro país”.
RESPUESTAS DEL GOBIERNO
Dos semanas después de iniciada la manifestación, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, hizo referencia al entonces trío de ayunantes que continuaba acampando en las inmediaciones de la sede presidencial.
Afirmó que mientras el Tribunal Contencioso Ambiental no resolviera el caso, no podía intervenir en la modificación legislativa que pedían.
“Escucho la diversidad de opiniones. Pero ni en este ni en otros casos, puedo dejarme arrastrar o presionar por la disidencia de la opinión pública, ni por los actos de protesta que se hacen al frente de la Casa Presidencial”, afirmó en la carta que fue entregada a los ayunantes el viernes 22 de octubre.
Los ayunantes reaccionaron disconformes y calificaron la respuesta como “burda” y anunciaron que continuarán haciendo presión y motivando a la gente a involucrarse con su objetivo.
“Si un gobierno defiende su institucionalidad y no le da mecanismos a la población para que emita opiniones, en esas condiciones ¿no será peligroso que en el futuro otras generaciones tengan que tomar otras soluciones, como respuesta a una institucionalidad que no funciona?”, cuestionó el joven David Rojas, a la respuesta dada por la Presidenta.
Su compañero Andrés Guillén, mostró malestar por la posición poco conciliadora del Gobierno. “Es lamentable, pues es una respuesta reciclada que nos han venido dando desde hace tiempo pero es algo que ya esperábamos. Uno sabe cómo son las cosas”, acotó.
