El ICE presentó el día 23/11/2010 un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, pero además un juicio contencioso administrativo en contra de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), por haber rebajado las tarifas de interconexión para tráfico celular, de ¢26.56 por minuto, a ¢17.95 por minuto, el promedio latinoamericano ronda los ¢60 y para tráfico fijo, de ¢22.48 por minuto a ¢3.63 por minuto, el promedio ronda los ¢8.
“La Unión de Cámaras “repudió” las acciones del ICE al estimar que contradicen el mandato del pueblo que en el referendo del 2007 aprobó abrir las telecomunicaciones”, según informó la Nación Digital del 23/11/2010. Declaraciones totalmente irónicas, pues nadie más que las cámaras empresariales habrían hecho otro tanto, si una resolución así los hubiera obligado no solo a renunciar a sus ganancias, sino a ver reducido su patrimonio, dadas las pérdidas que tales tarifas conllevarían. Pero en cambio, se rasgan las vestiduras y acusan al ICE de contradecir la voluntad del pueblo, sin importarles que tal resolución sea violatoria de la Constitución (no permite “entregar” bienes del Estado), del TLC (no permite fijar tarifas por debajo de los costos) y de las leyes del sector (no permiten subsidios).
Las tarifas aprobadas por la SUTEL subsidiarían a los operadores privados, entregarían las inversiones que el país ha hecho por 47 años -son bienes públicos-, negaría todos los principios y “buenas intenciones” de la legislación recién aprobada y pondría en riesgo la estabilidad del ICE.
El jerarca de la SUTEL por su parte, George Miley, expresó a la Nación Digital que “las decisiones del ICE “son políticas” y que “Nos preocupa que se judicialice una decisión regulatoria, que puede dar al traste con la apertura de las telecomunicaciones”. Estas tarifas son las terceras que fija el órgano regulador en 5 meses, lo cual sugiere que no hay claridad en el tratamiento del tema, que han actuado apresuradamente y que lo hacen al calor de las presiones de unos y otros, lo que comúnmente se conoce como el “regulador capturado”.
El ICE por su parte actuó como pocas veces lo hace, con independencia, pues en otras ocasiones la sumisión política de su alta Jerarquía no le ha permito defender la institución, tal y como sucedió con la devolución “voluntaria” del espectro radioeléctrico, según acuerdo con el MINAET, firmado el 19/12/2009. No fue que “El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sacó ayer la artillería pesada contra la Sutel y objetó ante los tribunales de Justicia la resolución del ente regulador, que ordena rebajar las tarifas de interconexión para redes de telefonía” como opinó la periodista Mercedes Agüero de la Nación Digital el 23/11/2010, fiel a la vocación de los grandes medios de hacerles eco a los intereses de la cámaras empresariales.
Las tarifas así aprobadas resultan no solo ruinosas para el ICE, sino para los privados también, pues les quedaría un margen de ¢12.05 por minuto en el tráfico móvil (si la tarifa final al cliente es de ¢30) y de ¢0.47 por minuto en el tráfico fijo (si la tarifa final al cliente es de ¢4.10), para retribuir sus costos y utilidades. Para el ICE representarían pérdidas calculadas por la misma institución en ¢30 mil millones al año.
Aunque todavía no lo quiera aceptar la SUTEL, tendrán que “rebalancear” las tarifas, lo cual significa subirlas al usuario final y entonces se cumplirá lo que tanto hemos anunciado, que el discurso de que no subirían con la apertura, es falaz y demagógico. Finalmente, si algo se aprobó en el Referéndum fue la apertura, no la entrega de los recursos del país, al mejor estilo de Caldera y Crucitas.
