Sindicato denuncia cierre del Departamento de Riesgos de Trabajo INS

La Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) denunció que la administración de esta entidad pública, pretende cerrar el Departamento de Riesgos de Trabajo

La Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) denunció que la administración de esta entidad pública, pretende cerrar el Departamento de Riesgos de Trabajo a partir del próximo 1 de febrero.

El secretario general de UPINS, Freddy Sandí, explicó que la comunicación sobre el cierre se ha realizado de manera verbal e informal, y sin que exista hasta el momento una justificación técnica; según comunicaron los trabajadores de esa dependencia al sindicato.

La medida afectaría a cerca de 85 empleados que serían trasladados a otras oficinas del INS, pero principalmente al régimen de riegos del trabajo, pues esta división se encarga de la inspección a los patronos en el aseguramiento de sus empleados, así como de llevar adelante las demandas contra los infractores.

Sandí manifestó, además, su preocupación por la apertura de los llamados “seguros solidarios”, que incluyen al seguro de riesgos de trabajo y el seguro obligatorio de automóviles.

El sindicalista explicó que con la apertura del mercado de seguros pactada con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a partir de este año los seguros solidarios podrían ser comercializados por las aseguradoras privadas.

Para Sandí esto vendría a debilitar seriamente la aplicación de este seguro, que está establecido en el Código de Trabajo, ya que actualmente este seguro se brinda “al costo”, mientras que las entidades privadas buscarían una ganancia con su comercialización.

“El año pasado este seguro le generó al INS ¢15.000 millones en excedentes, los cuales por ser un seguro al costo, deberían ser reinvertidos en fortalecer el régimen de seguros de trabajo y el Consejo de Salud Ocupacional”, detalló.

El sindicalista criticó que el reglamento de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), no deja claro qué pasa con las personas no aseguradas, las cuales supone, se cargarían al sistema público de seguridad social.

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