Garantizarle a la sociedad la idoneidad en el ejercicio profesional de los abogados, es solo parte de la misión que ostentan organizaciones como “Deutscher Anwaltverein (DAV)” en Alemania, o “The Bar Associations” en los Estados Unidos de América.
Del mismo modo en Costa Rica, el Colegio de Abogados desempeña esa determinante tarea, al observar las actuaciones de los profesionales encargados –entre otros– de asesorar a los ciudadanos en la aplicación de las leyes para la tutela efectiva de sus derechos.
Los colegios profesionales son entes públicos no estatales, los cuales son en esencia corporaciones creadas por una ley, a las que les delega funciones públicas relacionadas con la ordenación de la profesión.
La función principal del Colegio de Abogados (en adelante referido como el Colegio) no consiste meramente en la defensa de los intereses gremiales de sus miembros. Por el contrario, para el cumplimiento de los fines públicos que el Estado le delega, la ley le atribuye funciones de regulación y de control.
Entre las funciones públicas que desempeña tenemos la defensa contra el ejercicio indebido de la profesión, el velar porque no exista competencia desleal, procurar el progreso de la disciplina relativa a la profesión, entre otros.
Asimismo, su Ley Orgánica (N° 13 del 28 de octubre de 1941) reconoce una potestad disciplinaria y sancionadora, la cual posibilita que el Colegio verifique si el profesional cumple con sus obligaciones y ejerce correctamente la actividad profesional. El incumplimiento de esas obligaciones puede originar una sanción disciplinaria, que alcanza inclusive la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. En este sentido, el ciudadano tiene la posibilidad de presentar quejas ante la Secretaría del Colegio por actuaciones que estime inapropiadas por parte de algún miembro.
Otra significativa función, y que el Colegio ha tomado con gran seriedad, es la de promover la formación y constante actualización profesional de los abogados. Esto a través de cursos impartidos todos los meses por destacados expertos en áreas diversas, de modo que los abogados tengan herramientas por medio de las cuales puedan ofrecer al ciudadano un mejor servicio. También se llevan a cabo conferencias y conversatorios sobre temas de actualidad a precios módicos e incluso de forma gratuita.
No cabe duda que el Colegio ha tenido grandes retos desde su creación; sin embargo, en la actualidad cuenta con catorce sedes regionales, tanto para la facilidad de los agremiados como el público en general.
Del mismo modo, con el objetivo de brindar nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información, el Colegio ha promovido la creación y mejora del Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL). Dicha plataforma ofrece criterios técnicos, investigaciones, normativa, jurisprudencia y otros elementos de gran utilidad para los profesionales en derecho de todo el país, que en muchos casos por la ubicación geográfica no cuentan con el acceso a las fuentes de información. Esto fue posible gracias a un convenio con la Universidad de Costa Rica y al apoyo de la actual Junta Directiva del Colegio. El servicio se ofrece vía Internet, por teléfono, o acercándose a la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Sin duda alguna, el Colegio se ha enfrentado a obstáculos diversos según el momento histórico en que éstos han acaecido, pero siempre procurando un desempeño que mantenga el equilibrio entre los intereses comunes de sus miembros, y la función pública que ejerce y que está al servicio de los costarricenses.
Como profesional y ciudadana, es bueno saber que contamos con una instancia seria y profesional, dirigida por colegas que tratan de ofrecer lo mejor a sus colegiados y al país.
