La otra noche, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en San José, Peter Brennan, justificó en la televisión la instalación inminente en Guanacaste de radares militares – o policiales, si así usted quiere verlos, para no mortificar su conciencia- como parte de la lucha contra el narcotráfico en la región.
Es parte de la ayuda que los Estados Unidos aporta a la preparación de los países sin ejército, dijo. ¿Además de Costa Rica, cuál país de la región carece de ejército?, era la pregunta periodística de rigor, pero nadie la hizo, ese es el periodismo que tenemos.
Sabemos que el asunto se remonta al 30 de junio de 2008, cuando el entonces presidente Bush revivió el “Plan Mérida”, un millonario pacto internacional con México y Centroamérica para la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado. Hasta aquí todo es loable, si consideramos que solo en México, los carteles de la droga mueven entre $ 23 mil y $ 25 mil millones al año.
En Costa Rica desconocemos dónde están los narcotraficantes y la fortuna movida por ellos, que no son los mismos que venden puchillos de crack y marilucha a la salida de los colegios. ¡Qué va! Esos no lo son. Sabemos, empero, que gracias a ellos hay policías metidos a delincuentes; existe una industria bien montada en torno a la seguridad de las personas; el sicariato es un excelente negocio y la inseguridad ciudadana va en proporción inversa a los esfuerzos para acabar con la droga.
Dicho así: para garantizar seguridad ciudadana no hay fragatas, ni guardacostas, ni helicópteros, ni radares, ni coroneles, ni capitanes cursando estudios en academias extranjeras, como sí los hay para enfrentar a los “narcos”.
Vale decir además que este plan Mérida es desarrollado por el Departamento de Estado y el de Justicia, el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el FBI, la DEA, todos de Estados Unidos, en coordinación con los cuerpos militares, policiales y otras instancias mexicanos y el istmo.
Ahora bien, visto aquel en el contexto del resto de América Latina y junto el plan Colombia, las bases militares estadounidenses en Palmerola, Honduras, siete bases más en tierra de Uribe y tres más autorizadas recientemente por el nuevo gobierno panameño, estamos ante una estrategia claramente definida respecto de gobiernos regionales con marcada influencia popular en Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil, El Salvador, Nicaragua.
No hay duda de que el descubrimiento de enormes cantidades de litio en Bolivia –necesario en aleaciones conductoras de calor-, así como recientemente en el estado mexicano de Zacatecas, junto a nuevos depósitos de petróleo en Venezuela, sumado a las gigantescas reservas de agua potable en Brasil hacen, a futuro, apetecible cualquier intervención militar en la zona, con tal de alzarse con semejantes riquezas requeridas para mantener y desarrollar la supremacía estadounidense en el orbe.
Vender en estas circunstancias la estrategia de una guerra contra el narcotráfico cuando en la otra vía caminamos hacia un enfrentamiento bélico en Suramérica de impredecibles consecuencias, resulta harto difícil con solo que haya dos dedos de frente. Igual que el periodista Marcelo Colussi de “Argentinapressinfo”, en su reciente ensayo “El Plan Mérida necesita narcotraficantes en México y Centroamérica”, pregunto: ¿Por qué alguna vez Washington no nos vende un “Plan California”, por ejemplo, o un “plan Francia”, o “Plan Holanda”, donde tropas de países del sur –digamos de Afganistán y de Myanmar, principales productores de amapola, o de Colombia, principal productor de hoja de coca– se instalasen en estos puntos del Norte próspero para combatir el consumo de estupefacientes de sus ciudadanos? ¿Y un plan “Paraísos Fiscales” para entrar, por ejemplo, en las Bahamas o las Islas Caimán, en el Caribe, o en el Principado de Sealand, que funciona en una antigua plataforma petrolera del Mar del Norte, o en el Dominio de Melchizedek, situado sobre un desértico atolón vecino a las Islas Marshal –que por medio de la página electrónica www.Melchizedek.com ofrece ciudadanía, pasaporte y facilidades para toda clase de negocios– y confiscar las supermultimillonarias cuentas de la banca off shore allí instalada donde se lavan narcodólares a diestra y siniestra?
A esas antenas que están instalando en Guanacaste, al proceso de militarización de la fuerza pública y a las bases del Murciélago, Palmerola, Honduras, las de Colombia y Panamá, entre otras, sí les temo por la forma subterránea que nos presentan los acontecimientos. Les temo por el involucramiento del país en una futura aventura donde no tiene parte, Y cada día, con el doble discurso de la paz, nos empujan irremediablemente. No me digan que estas bases son para defender la democracia; ella se defiende contrariamente a lo que unos pocos (algunos de ellos expertos en fraudes en referéndum), están haciendo: La democracia no se impone con fuego de Galil y bombas inteligentes, que, por cierto, resultaron tan tontas en Irak o en Palestina, como sus propios defensores y fabricantes.
