Entre 1986-1990, Óscar Arias aplicó el Consenso de Washington al financiamiento de la atención médica. No logró sus objetivos pero dañó estructuralmente el sistema nacional de salud.
Los neoliberales creen que cada individuo ha de pagar sus gastos médicos y que el Estado no participa en su financiamiento. Afirman que las necesidades básicas: comer, educarse, la atención médica, las comunicaciones, etc., son servicios que mejoran privatizándolos porque están regulados por el mercado. Los servicios se consumen según la capacidad económica de cada uno. Los pobres consumen como pobres y los ricos como ricos.
Las mayorías populares creen que las necesidades humanas son derechos inalienables y que el Estado debe intervenir para asegurar su satisfacción. Claro, existen grandes divergencias sobre cómo el Estado debe intervenir. En nuestro país -entre 1950 y 1983- existió clara voluntad política de construir un Estado Social de Derecho. En el acceso a la salud se acogieron los principios de la solidaridad, la universalidad y la equidad.
La mayor divergencia entre los neoliberales y quienes defienden los derechos humanos es, en todo el mundo, sobre quién administra el financiamiento de los servicios. Y no es para menos: Costa Rica gasta, anualmente, alrededor de US$ 3.500.000.000 (201.600.000.000 colones), suma que estimula la voracidad neoliberal por privatizar los servicios y convertir la salud en mercancía. En EE.UU. las HMO (Health Maintenance Organizations) contratan hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios y fijan precios de servicios (hay tarifas para todo) y contratan con las aseguradoras de riesgos de salud. Son empresas especializadas en la mediación administrativo financiera. Esta medicina prepagada porque el usuario compra un seguro que cuesta según los riesgos que quiere cubrir. En EE.UU., el seguro básico cuesta $475 para una familia pequeña. Cubrir la mayoría de las enfermedades puede costar $ 1500 mensuales o más.
En el “mercado” pueden operar 3 y más HMO, para garantizar “competibilidad”. Las campañas de “marketing” invierten enormes sumas para atraer nuevos clientes. Además, la intermediación sube el costo de gasto en 3.6 veces porque participan en las ganancias las HMO, las aseguradoras y las empresas médicas (hospitales, clínicas, etc.). Esto explica cómo EE.UU., el país más rico del mundo, gasta $8.500 per cápita y que no puedan acceder al sistema, por el alto costo de los seguros de enfermedad, el 18% de su población (50 millones de personas). Mientras, Canadá, una sociedad muy parecida, gasta $2.000 per cápita y cubre toda la población mediante financiamiento estatal.
El negocio de la medicina prepagada es la enfermedad. Cuanto más enfermos, más próspero. La práctica privada induce al paciente a consumir medicamentos y tratamientos porque no hay alternativa para la atención integral de la salud de las personas, en familia y en comunidad. No invierten en promoción, educación, prevención y rehabilitación de la salud porque el negocio es “curar”.
En Costa Rica varios empresarios, después de estudios de mercado, invirtieron enormes sumas en hospitales e instalaciones, apostando a que el Consenso de Washington iba a privatizar el financiamiento. A partir de 1985 se hicieron experimentos privatizadores: cooperativas, venta de servicios a la CCSS, reducción del Ministerio de Salud, servicios del primer nivel (Clínica Bíblica en la Carpio, Pavas, etc.) y limitación de los servicios de la CCSS a una practica del primer nivel en los EBAIS, en lugar de dar inicio a la aplicación de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud. Igualmente se paralizaron los programas de formación de recursos humanos. Desde 1984, los médicos son formados, en todas las escuelas de medicina, con una orientación biologista. El Estado dejó de planificar y la práctica médica medicalizó la población, girando alrededor de la enfermedad y la práctica hospitalaria.
Los asegurados, mayoría nacional, deben exigirle al Gobierno, al Presidente de la CCSS y a la Ministra de Salud dejar los titubeos que retrasan la aplicación de más de 30 acuerdos suscritos por Costa Rica como la Declaración de Alma Ata (1978), la Carta de Ottawa para la promoción de la salud (1985), la Declaración del Milenio y los acuerdos de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, en especial, los acuerdos de la OPS/OMS CD44.R6, (2003), CD46 (2005) y Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria de la Salud en las Américas (Washington, DC, 2007 y 2008).
