Si en el litoral Pacífico hay una situación sumamente confusa, donde ni Costa Rica ni Nicaragua saben hasta dónde llegan sus mares territoriales (de 12 millas) y zonas económicas exclusivas (de hasta 200 millas) contiguos, la situación en el mar Caribe ya alcanzó ribetes de conflicto (La Nación, 26.2.10).
Luego de que nuestra cancillería se precipitara hace 33 años al firmar un tratado de delimitación con Colombia, en que al reconocer la soberanía de la nación suramericana sobre el archipiélago de San Andrés (reclamada entonces por Nicaragua en vista de aspectos geográficos e históricos que según sus gobernantes le favorecen) el asunto naufragó.
Aunque en cierta oportunidad dicho tratado, suscrito en marzo de 1977, fuere aprobado en un primer debate legislativo para luego devolverse a comisión, no se ha vuelto a saber de él desde entonces. Ni nuestra cancillería lo promueve ni sus promotores originales salen en su defensa, en vista de las evidentes consecuencias negativas que tendría para Costa Rica el perder, a favor de Colombia, unos 30.000 km2 de nuestro mar patrimonial.
Tratado con el que no solo se comete el error de desdeñar la aplicación del “principio de equidad” que habría que considerar cuando se trata de comparar los territorios de las pequeñas islas y cayos colombianos, con el territorio continental de nuestro país. Principio reconocido por la legislación internacional, sino que, igual de grave, Costa Rica en el olvidado tratado establece, en forma unilateral y por tanto inconsulta, una delimitación de los mares territoriales y zonas económicas exclusivas de Nicaragua y nuestro país. Así, los costarricenses nos abrogamos el derecho no sustentable en la legislación internacional, de decirle a Nicaragua hasta dónde llega la soberanía del país vecino en esa región marítima.
Inmediata consecuencia de ese acto indebido, fue que el gobierno nica (también indebidamente) estableciera, unilateralmente, lo que Nicaragua considera su límite marino con Costa Rica en el Caribe, e incluso ofreciera dar en concesión para explotación petrolera, áreas que nuestras autoridades consideran ticas.
Así las cosas, hace tres años planteábamos la urgencia de dialogar, de negociar, en cumplimiento de lo establecido en la III Convención sobre el Derecho del Mar, la delimitación correspondiente. Ambos Estados tenemos los recursos humanos calificados y la necesidad de hacer un trabajo conjunto satisfactorio para los dos, ahora con la esperanza de que la Corte Internacional de Justicia acoja la solicitud costarricense de hacerse presente como “no parte”, para terminar una tarea apenas iniciada hace casi una década sin resultados efectivos. Tarea que habrá de extenderse a la delimitación que habrá de establecerse con Colombia, a partir de su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y nuestra costa Caribe, en vista de que el tratado suscrito ya habría de ser sustituido.
A ticos, colombianos y nicas nos urgen esas delimitaciones, en la búsqueda de alcanzar una mayor cooperación en un ambiente libre de conflictos.
