Transformar un sector como el de telecomunicaciones de un monopolio a un mercado abierto regulado no es tarea sencilla. Por ello la claridad, la transparencia, la inteligencia y el cuidado de cada paso que dé el ente rector (MINAET) y el ente regulador (SUTEL) principalmente, se constituyen en factores críticos del éxito en la ejecución del proceso de apertura.
A más de año y medio de la emisión de las leyes de la industria de las telecomunicaciones se ha avanzado algo en la apertura, aunque pareciera que no tanto como algunos desearían.
Si se buscaran las razones de los atrasos, encontraríamos que hay acciones del órgano rector y del órgano regulador, que por ejecutarlas a “golpe de tambor” y sin las previsiones y estudios exigidos por la lógica y la ley, han llevado este proceso por una vía cargada de acciones legales en contra de sus actos, que son considerados con frecuencia, poco claros y con abundantes arbitrariedades, que afectan a todos los regulados.
Evidentemente la judicialización del proceso es la ruta más complicada que se podría esperar, pero parece que por esas confusas actuaciones no hay otra ruta por la cual transitar.
Un ejemplo de esos hechos, es la reciente denuncia de los señores diputados sobre un posible conflicto de intereses entre asesores externos de la SUTEL, involucrados en la confección del cartel de licitación para la concesión de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que a su vez es parte o han representando firmas que han mostrado interés en esa adjudicación. El ejercicio de asignación de frecuencias por medio de concurso público exige absoluta transparencia y claridad, porque es un hito crítico en el proceso de apertura del sector, aderezado con el obvio significado de ceder un bien público que le significará ingresos económicos de muchos millones de dólares al Estado costarricense por su subasta.
Es evidente que la ley impone a los funcionarios públicos una gran cantidad de obligaciones que exigen cuidados muy especiales en las decisiones que tomen y no puede ser que el descuido o la negligencia estén presenten en esos actos, -mucho menos actuaciones poco claras-, porque evidentemente tendrá consecuencias administrativas, civiles y penales. Tal y como lo determina el Artículo 213 de la Ley General de Administración Pública, el grado de culpa o negligencia será más grave en cuanto más alta sea la jerarquía de quien actúa descuidadamente. En esta denuncia está involucrado un órgano del más alto nivel: el Consejo de la SUTEL y las consecuencias de una decisión errónea podría tener enormes repercusiones. Si se llegara a determinar la existencia del conflicto de intereses denunciado, podría generar una nulidad absoluta de lo actuado, con las consecuencias ya antes comentadas, incluido un sensible atraso en el proceso.
Es obligatorio que el Consejo de la SUTEL indague, profundice y haga un análisis exhaustivo de cada una de sus decisiones. Por lo que el haber optado por contratar asesorías de bufetes que públicamente (en su sitio web) reconocen, en su portafolio de negocios, asesorar a empresas reguladas por la propia SUTEL es preocupante. Esta decisión parece desacertada y desprovista de sentido común. De tantos bufetes nacionales o internacionales con amplia experiencia en el campo de las telecomunicaciones, resulta desafortunado que la SUTEL se decante por bufetes que asesoran a futuros regulados en el mercado nacional. ¿En qué estaban pensando? Esta situación ha dejado a todos los otros regulados boquiabiertos y exigen de los organismos competentes, establecer las responsabilidades del caso, si las hubiere y cuando menos se llame enérgicamente la atención a los señores de la SUTEL, que en este caso fueron especialmente descuidados. ¿Quo vadis SUTEL?
