Junta de Pensiones del Magisterio: Reparten ¢68 millones entre directivos sin estudio técnico

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) repartió ¢68 millones en cheques entre sus directivos, exdirectivos y director ejecutivo mediante un procedimiento incorrecto,

Aunque APSE afirma que el pago no es ilegal, este se realizó sin que al junta directiva hiciera un estudio técnico.

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) repartió ¢68 millones en cheques entre sus directivos, exdirectivos y director ejecutivo mediante un procedimiento incorrecto, según advirtió la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Se trata de pagos retroactivos por concepto de la “prohibición” que se debía pagar al director ejecutivo de JUPEMA, Alfredo Hasbun, en diciembre pasado.

La prohibición es un pago del 65% sobre el salario del funcionario establecido por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, con el cual se le impide realizar otro tipo de labor profesional dentro de su horario de trabajo.
El ajuste por el no pago de esta prohibición implicó un monto de ¢23.832.088 a Hasbun, y por ende un aumento en el monto de las dietas que reciben los directivos de JUPEMA; que corresponde a un 3,75% del salario del director ejecutivo.
La presidenta de APSE, Mélida Cedeño, explicó que si bien el pago a Hasbun y el aumento a los directivos no es un acto ilegal en sí, este se realizó omitiendo la realización de un estudio técnico para determinar el monto correcto por pagar.

SALARIO UNICO

Si bien el pago de la prohibición está claramente establecido en la ley, en el caso de los funcionarios de la JUPEMA el cálculo de la cifra no es automático, pues el porcentaje se calcula sobre el salario base del funcionario.
“En la JUPEMA los funcionarios no tienen un salario base, sino un “salario único”, en el que están integrados todos los componentes del pago, por lo que para hacer el cálculo de la prohibición, se requiere hacer un estudio técnico”, afirmó Cedeño.
En un dictamen del 2005 de la Contraloría General de la República sobre este tema , se establece que en el caso de personas con salario único, se debe realizar el ajuste tomando como parámetro un salario base de un puesto de naturaleza similar.
Al respecto la Procuraduría General de la República señala que el ajuste debe hacerse con un “estudio técnico apropiado”, en el que se dejen claros los parámetros utilizados para realizar el cálculo; y este último debe constar en el expediente personal junto a toda la documentación utilizada.
De acuerdo con Cedeño, este estudio no se realizó, ni consta en la documentación que tiene la JUPEMA, a pesar de los criterios de la Contraloría, Procuraduría y de que el propio Alfredo Hasbun, solicitó el criterio del ente contralor en su solicitud de pago, recibida por la junta directiva el 15 de diciembre del 2009.
La presidenta de APSE señaló que el pago a Hasbun fue aprobado el 16 de diciembre sin el estudio indicado. La junta directiva se ocupó del asunto, a pesar de que el pago ya se había realizado.
“En ninguna parte se indica que se dio la orden de elaborar el estudio técnico. Fue en enero cuando según Yanory Abarca, jefa de recursos humanos de JUPEMA, el presidente de la junta, Edgar Durán, le solicitó la información sobre el salario devengado por el director ejecutivo”, explicó Cedeño.
El 11 de enero del 2010, el asesor legal de la junta directiva, Óscar Madrigal, (quien no ocupaba ese cargo en diciembre) emitió su criterio en el que insistió sobre la necesidad de realizar el estudio técnico.

PAGUE PRIMERO, PREGUNTE DESPUÉS

El pago al director ejecutivo se realizó retroactivo hasta el 2005, por lo que la junta también aprobó la distribución de ¢68 millones entre los actuales directivos y los exdirectivos hasta la fecha indicada.
Para APSE, llama la atención que los cheques para los directivos y exdirectivos fueron confeccionados el día 22 de diciembre, a pesar de que JUPEMA había cerrado oficialmente el día 17.
Además, Cedeño señaló que en ausencia del estudio, Alfredo Hasbun solicitó a la jefa de Recursos Humanos el cálculo del pago que le correspondía, a lo cual Abarca contestó mediante el oficio RH-1343-2009 del 14 de diciembre del 2009. “En atención a su solicitud verbal, le envío la estimación de la suma que le corresponde por prohibición, con base en los salarios bases equivalentes del Servicio Civil”, dice la nota.
“La funcionaria acata la orden y le pasa por encima a la junta directiva, quien debía haber ordenado el estudio necesario para identificar el puesto, estableciendo ella cuál es ese salario base equivalente y la junta lo da por bueno, lo aprueba y lo paga”, indicó Cedeño.
El 13 de enero, cuando el presidente de JUPEMA, Edgar Durán solicitó la información, la propia Abarca señala en otra nota que “no se ha localizado ningún documento que desglose los “pluses salariales” ni el monto equivalente al salario base que contiene el salario único establecido para el puesto de Director Ejecutivo”.
Según Cedeño, Abarca equiparó el salario del director ejecutivo al salario base del Gerente de Servicio Civil 3, con la categoría 32, es decir, el salario más alto, que tiene un salario base de  ¢623.000 desde el primero de enero 2008.
Inclusive, señaló Cedeño, el cálculo establecido indujo a error, y el pago a Alfredo Hasbun se calculó sobre bases salariales menores a las que correspondía, por tanto, se le pagó menos de lo debido.
A pesar de todo esto, no es sino hasta el 3 de febrero del 2010, mes y medio después de que se aprobaron y realizaron los pagos, que la junta directiva de JUPEMA acordó realizar la consulta a la Contraloría sobre los pagos retroactivos a los directivos, exdirectivos y director ejecutivo.
La junta preguntó a la Contraloría si es posible el pago retroactivo de la prohibición, aunque esta no se hubiese cobrado por “supuestas” insuficiencias presupuestarias de JUPEMA.
“¿Si las dietas de los miembros de la Junta Directiva deben aumentar automáticamente de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de Organización, y si deben cancelarse retroactivamente desde el 2005 a los señores y señoras directores a los cuales se les pagó con un salario menor del Director Ejecutivo en razón de no haberse incluido la prohibición en el mismo?”, preguntó la Junta.
La presidenta de APSE cuestionó estas consultas, las cuales se realizan mucho después de que los pagos fueron efectuados, e inclusive, sin indicar a la Contraloría que esto ya sucedió.

LLAMADO A CUENTAS

Mélida Cedeño indicó que el 5 de marzo anterior se convocó al presidente de JUPEMA, Edgar Durán, para que explicara por qué la junta directiva aprobó un pago sin el estudio correspondiente, y por qué se emitieron cheques a directivos y exdirectivos después de que la JUPEMA ya había cerrado.
UNIVERSIDAD intentó consultarle a Durán, quien es representante de APSE en JUPEMA, sobre este caso, pero el directivo indicó que requería las consultas por escrito para seleccionar cuáles serían respondidas, pues el asunto se encuentra en consulta ante la Contraloría.
Según Cedeño, algunos de los “beneficiados” con los cheques emitidos por JUPEMA decidieron devolver el dinero, otros se han negado a recibir el monto sin tener una explicación clara, mientras que otros sí cobraron los cheques que van desde los ¢400.000 hasta los ¢8 millones.
“Nosotros pedimos que el dinero sea devuelto, y que la JUPEMA dé las explicaciones a los cotizantes por algún medio de comunicación sobre lo que sucedió”
UNIVERSIDAD también intentó conocer el criterio del ahora exdirector ejecutivo de JUPEMA, Alfredo Hasbun, pero en numerosas llamadas a su teléfono celular, no fue posible ubicarlo.
La auditoría de JUPEMA también elaboró un informe sobre este caso el 11 de febrero, donde señala que el pago de estos dineros se realizó sin los estudios y criterios pertinentes, y señala que se debe analizar todo lo actuado para determinar eventuales sanciones administrativas.

 

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