Este año 2010 nos ha traído una gran cantidad de noticias en las que el sector salud se ha visto involucrado.
El dictamen de la Sala Constitucional donde prohíbe las investigaciones en seres humanos en el país y creo que no solo en la CCSS, las cuestionadas asesorías millonarias en el Ministerio de Salud al amparo de convenios con algunas escuelas de la UCR, las abruptas manifestaciones de la Sra. Ministra de Salud sobre la no renovación del convenio con la UCR para la utilización de los terrenos donde está instalado desde hace muchos años el reconocido nacional e internacionalmente Instituto Clorito Picado, la segunda ola pandémica de la gripe A H1N1 con la vacunación inicialmente obligatoria, entre otras.
Si vemos, en todos estos temas está involucrada directamente la Dra. María Luisa Ávila. Debo aclarar que desde hace muchos años conozco a la Sra. Ministra, de quien tengo un alto concepto como médico infectóloga pediatra. No obstante, como ministra no he compartido muchas de sus acciones en estos cuatro años. Y es que cuando la política partidista u otros intereses se toman como norte, se pueden cometer muchos errores. En la práctica de la medicina también se pueden cometer errores, pero tratamos de guiarnos por medio de evidencias científicas para disminuir las posibilidades de “meter la pata”. Por ejemplo, las evidencias científicas disponibles hasta finales del año pasado nos indicaban la alta posibilidad de una segunda ola de la gripe pandémica y la vacunación masiva era una de la estrategias aprobadas por la comunidad científica mundial para enfrentarla. Se decía que la letalidad podría ser muy alta. Dichosamente no fue así. La ciencia no es un cúmulo de verdades, la verdad se busca día a día. Se dijo que el mercurio contenido en la vacunas era muy tóxico, pero los datos disponibles de fuentes serias no apoyaban esta aseveración. En lo anterior la Sra. Ministra actuó científicamente. Pero por razones que desconozco, sus manifestaciones a la prensa a raíz de la decisión de la Sala IV sobre la investigación en humanos, no fueron analizadas científicamente. Y menos la “salida” sobre los terrenos que ocupa el ICP y menos aún con el asunto de las asesorías MS/UCR. En fin, estos dos últimos temas están siendo discutidos en otros niveles y espero que no se constituyan en un escándalo de unos pocos días. Que se esclarezcan a corto plazo.
Sí deseo referirme a la investigación en seres humanos. Recuerdo que hace muchos años el distinguido profesor don Alfonso Trejos Willis, de gratísima memoria, junto con otros profesionales del país, encabezó una lucha contra algunas investigaciones que se estaban realizando en niños costarricenses por parte de un instituto extranjero. No recuerdo si alguno de esos menores sufrió algún problema médico por esos ensayos; pero, la verdad es que alertó a la comunidad nacional sobre los peligros que encierra el realizar pruebas con medicamentos o productos biológicos en seres humanos sin estrictas normas éticas y científicas, es decir, “a la libre”, a pesar de los códigos de ética establecidos internacionalmente. En los años 80 y 90 nuevamente se puso de moda este tema, al empezar a realizarse pruebas con algunos medicamentos en pacientes de la CCSS por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, amparados a normativas emitidas por la misma Caja. En marzo de 1998, la Junta Directiva de la CCSS emitió un reglamento para la investigación en seres humanos en sus dependencias. En diciembre del 2001 la Contraloría General de la República realizó una investigación sobre el cumplimiento de dicho reglamento y dentro de las múltiples recomendaciones estableció: “…f. Realizar de inmediato las gestiones necesarias para aligerar la elaboración del anteproyecto de ley de investigación en salud y efectuar, lo antes posible, los trámites correspondientes para su presentación ante la Asamblea Legislativa. Con tal propósito, esa Junta Directiva debe definirle a la comisión redactora de ese anteproyecto, un plazo para su entrega y ejercer un control sobre el grado de avance”. En setiembre del 2001 el Presidente de la Junta Directiva de ese entonces envió a las dependencias de la institución una actualización del reglamento de 1998. Ya en 1999, el Ministerio Público ante diversas denuncias sobre la la realización de experimentos con nuevos medicamentos en pacientes de la CCSS, había recomendado la elaboración de una ley de forma prioritaria con el fin de regular la investigación en seres humanos, dados los graves vacíos legales existentes. A pesar de todos estos antecedentes, en el 2004 se promulgó un decreto con el fin de “regular” estas actividades. Y si esperábamos alguna luz sobre esta temática, nos desilusionamos al leer las opiniones al respecto de algunos miembros de la Academia Nacional de Ciencias que pueden ser leídas en el Acta 71 de la Sesión de la Asamblea General llevada a cabo en setiembre del 2000.
Creo que si en estos momentos no se ha promulgado una ley, es porque ha habido intereses muy poderosos para que esto no suceda, así como por la falta de compromiso nacional. La decisión de la Sala Constitucional ha sido muy dura y en este sentido me preocupa únicamente el desarrollo de las investigaciones que realizan estudiantes de grado y postgrado de nuestra universidad en las instalaciones de la CCSS y no la suspensión de los ensayos con medicamentos y biológicos en pacientes. Esperemos el dictamen final de la Sala IV, pero desde ahora la UCR debería presentar urgentemente un proyecto de ley adecuado en esta materia. Así es que Dra. Ávila, mejor analizar racionalmente este problema antes de tomar resoluciones precipitadas.
