Los países que han sabido defenderse del crimen organizado, deben su lucha a políticos conscientes, honrados y de valentía probada, que supieron colocar con prioridad en su mira de ataque, el lavado de activos.
Es casi una obviedad, que para debilitar las estructuras criminales no resulta, ni siquiera como buen comienzo, el enfrentamiento armado que prosigue a la incapacidad judicial. Por la fuerza bruta solo se alcanza el embrutecimiento institucional.
Siguiendo el orden, hágase cuentas de que si la pelea fuera de boxeadores, el crimen organizado sería Mohamed Alí, mientras el Estado tercermundista, siempre un peso pluma de raquítico rendimiento. Las apuestas estarían claras.
Ante el despliegue ilimitado de recursos armados, informáticos y financieros que exhiben los capos, queda una sola alternativa: usar la cabeza y contener el músculo.
No es, entonces, otra la forma que la resumida en la fábula de David y Goliath, cuya lectura inteligente obliga a concluir, que jamás habría triunfado el primero sin el ingenio que le precedió y la templanza que le acompañó. La nobleza de sus fines, desde luego, le sirvió de motivación.
Probablemente por ello, los más cuidados diagnósticos sobre crimen organizado, coinciden en que la única medida que previene seriamente contra su instalación en un territorio, es el agotamiento financiero.
Quienes hayan visitado con ojos acuciosos las ciudades importantes de Colombia o México, por citar dos ejemplos que invitan a la reflexión en pos de la evitación, habrán notado el levantamiento casi frenético de grandes desarrollos inmobiliarios que, una vez concluidos, permanecen desocupados eternamente. ¿Quién, en su sano juicio, invertiría millones de dólares en altos y lujosos edificios que bien podrían dedicarse a hoteles, oficinas o condominios, pero que, no obstante, se mantienen ociosos durante largo tiempo?
Las organizaciones criminales comparten el ánimo de lucro como motivación fundante de todo emprendimiento lícito o no, convirtiéndose así, en la principal prioridad para el macrocrimen, tanto la colocación como el aseguramiento de sus activos.
Así visto, la identificación de los destinos de inversión de los dueños del crimen organizado resulta primordial para ciertos países como el nuestro, que ofrecen relativa seguridad jurídica a las inversiones.
Aquí se exige a quien ingresa al sistema financiero más de $10.000, que declare el origen de sus recursos, pero no media igual exigencia cuando la inversión, no importa que tan alto sea el monto, se dirige al mercado inmobiliario o a ciertos mercados mobiliarios (arte, joyas, caballos finos, automóviles de lujo, etc.)
La resulta es lógica e inmediata, las inversiones inexplicables se redirigen a esos mercados que no exigen explicación al dinero ni se interesan por la estela de violencia que, cual cola de cometa, le acompaña.
En nuestro país, el enfoque contra el crimen organizado ha sido curioso al abandonar cualquier mención combativa que se dirija al control de los flujos dinerarios y, en general, de activos, cuya evitación nunca ha interesado a los dueños de la voluntad política.
¿Por qué se habla tanto de evitar a los narcos, a los ladrones organizados, secuestradores, sicarios y a toda la fauna de símiles indeseables que por lo general se correlacionan, sin reparar siquiera, en el lavado de activos que justifica y alimenta su existencia? ¿Será que lavar es un buen negocio para los mismos que deberían prevenirlo y sancionarlo? ¿Será que llegamos al punto en que el dinero es bueno sin importar de donde venga? ¿Será que algún día se acabe el doble discurso? ¿Será que aún estamos a tiempo de preguntar: y el lavado?
En la recién pasada campaña electoral los candidatos relevantes hablaron mucho de seguridad ciudadana, acompasando sus tesis con menciones calculadas al narcotráfico y otras mafias, pero sin referirse, cálculo mediante, al lavado de activos, verdadera vitamina de todo el organigrama criminal.
