Protestas podrían aguardar al nuevo gobierno por diversos conflictos.

Distintos focos de tensión afloraron en los últimos días en el cantón de San Carlos y otras comunidades de la Zona Norte amenazando con heredar conflictividad al nuevo gobierno de Laura Chinchilla que se inicia el próximo 8 de mayo.

Los reiterados incumplimientos de los gobiernos a la promesa de construir una nueva carretera que desahogue el saturado tránsito hacia la zona y que aguarda desde más de 30 años, problemas de mercado para productores de granos, conflictos por tenencia de tierras, contaminación ambiental y una disputa por la administración de acueductos rurales figuran entre los temas que evocan posible protestas ver recuadros “Calvario de los frijoleros” y “Oposición tras metas comunes”).

Tras amenazar con bloquear las carreteras de acceso a la zona, de donde sale el 75% de la producción lechera del país sin contar otros importantes productos, la Asociación pro nueva carretera de San Carlos recibió la semana antepasada la promesa de Francisco Jiménez, nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de reanudar la construcción del proyecto y de que se construirán cuatro vías asfaltadas como exigen los vecinos.
Luego de una reunión con el ministro, éste ordenó la reanudación de los trabajos y se comprometió a mandar en 15 días para aprobación de la Contraloría General de la República el adéndum (ampliación al contrato) para construir la vía con cuatro carriles asfaltados (no de dos, como inicialmente pretendía el Gobierno), dijo el presidente del Comité pro- carretera, William Herrera.
El problema es que solo hay disponibles $40 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica; si bien el Gobierno pondría otros $10 millones, faltarían unos $50 millones más por conseguir para construir el tramo La Abundancia (San Carlos)-Sifón (San Ramón).
Hay otros $40 millones para los tramos Ciudad Quesada-La Abundancia y Sifón-Autopista Bernardo Soto, pero el proyecto está en la Asamblea Legislativa, comentó Herrera.
Los trabajos que realizaba la empresa constructora en el trayecto La Abundancia-Sifón se habían paralizado luego de que el Gobierno dijo que no tenía más dinero y ofreció construir dos carriles asfaltados y dos con solo lastre. Esto enfureció a los vecinos, quienes anunciaron protestas apoyadas por empresarios, comerciantes y otros sectores si el Gobierno no ordenaba reanudar las obras. Las exigencias incluyen que se termine el tramo final entre La Abundancia y Florencia de San Carlos, abandonado desde hace ocho años, y que se inicien las expropiaciones para trayecto Sifón-autopista Bernardo Soto, en San Ramón, de siete kilómetros.
 “Lo que pasa es que el sancarleño ya despertó, que se olviden del diálogo y la diplomacia que hemos tenido (…) no queremos más promesas sino ver papeles, que se vaya al adéndum para ampliar a cuatro carriles la obra”, dijo Herrera con motivo de una conferencia de prensa dada en la Asamblea Legislativa antes de la reunirse con el ministro Jiménez, en compañía de representantes de la Municipalidad, diputados y otros sectores sancarleños.
Explicó que el proyecto de la carretera lo presentó hace 45 años a la Asamblea Legislativa el entonces diputado Limberg Quesada, y que la Asociación para luchar por el proyecto se fundó hace 25 años. Han pasado ya seis gobiernos y ahora con el de Laura Chinchilla serán siete, y no se ha concretado la obra. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón se colocó la “primera piedra” y luego José María Figueres llegó a colocarla nuevamente y “hasta lloró” en la ceremonia, pero no fue sino hasta en el gobierno de Abel Pacheco cuando se empezó a construir.
Pilar Porras, vicealcaldesa y actual diputada electa, recordó que ya son más de 30 años de esperar por la carretera, la cual sería una punta de lanza para lograr más desarrollo no solo de San Carlos, sino de toda la Zona Norte. Pero la gente ya se está cansando y entonces hay una total adhesión al movimiento de todas las fuerzas vivas de la comunidad, de los estudiantes, el gobierno local, las organizaciones no gubernamentales, para hacer realidad el sueño de la carretera, afirmó.

DISPUTA

Entre tanto, un incidente ocurrido el pasado 12 de marzo agudizó la disputa que mantienen desde hace años las asociaciones administradoras de acueductos rurales (ASADAS) de la zona norte con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en torno al intento de éste de asumir la propiedad de los acueductos que aquellas poseen y administran.
Ese día, cerca de las nueve de la noche, un grupo de personas encabezado por Vilma Castillo, directora regional de AyA y otros funcionarios de la institución cortaron los candados e irrumpieron en las instalaciones del tanque de captación del acueducto ubicado en Cedros de Monterrey, en la Fortuna de San Carlos. Sin embargo, al ser alertados un grupo de vecinos acudieron y los hicieron huir, según relató Kenneth Vargas, presidente de Unión de Asadas Integradas de la Zona Norte (UNAIZON), quien al día siguiente denunció el hecho ante la fiscalía adjunta de San Carlos.
“Solo los bandoleros trabajan de noche. Ahí (los de AyA) pusieron en riesgo la vida de ellos y la de nosotros. La gente llegó armada, gracias a que corrieron el asunto no pasó a más”, aseguró Vargas.
Posteriormente, el AyA notificó que había actuado al amparo de una orden judicial. El caso ahora se ventila en el juzgado contencioso administrativo, donde el juez deberá resolver en los próximos días en una audiencia sobre medidas “provisionalísimas” solicitadas por la institución para resguardar el acueducto. Mientras tanto, estas instalaciones siguen bajo control de la UNAIZON. El acueducto suministra agua a unos 25.000 usuarios de seis asociaciones en los distritos de Monterrey y Pocosol.
La Federación de Asadas de la Zona Norte, que reúne a unas 400 asociaciones, llamará este mes a un encuentro regional para acordar medidas de protesta por la actuación de AyA, aseguró el dirigente Eliécer Araya.
“Si tenían una orden del juez, ¿por qué llegar en la noche a despedazar candados? AyA no entendió que esto iba a calentar los ánimos”, dijo Araya.
Las ASADAS no se oponen a que AyA las vigile técnicamente como entidad rectora del servicio de agua, pero están en contra de que se apodere de la propiedad de las ASADAS y se les niegue a las comunidades el derecho a la libre asociación para garantizar el servicio, explicó.
Según el profesor de derecho constitucional Óscar Hernández, uno de los abogados que asesoran a las ASADAS, llegó el momento de poner a discusión judicial la constitucionalidad del reglamento mediante el cual AyA pretende imponerles la firma del llamado “contrato de delegación.” AyA pretente que las comunidades firmen con condiciones adversas el contrato y por esa vía de reglamento apropiarse de una propiedad que fue creada con esfuerzo comunal y en la que la entidad no tuvo participación, señaló.
“El contrato de delegación opera con otros fines, y nosotros hemos preguntado: Si tenemos que firmar un contrato de delegación, dígannos cuáles son los bienes que ustedes (AyA) nos van a entregar en delegación. Pero aquí la historia es que ellos no pusieron nada. Entonces, como no han podido asaltar a esta gente, porque no se han dejado y han cuestionado la competencia de AyA para tomar estas acciones, entonces ahora por vía judicial intentan asumir de manera indirecta la administración y hasta la propiedad”, dijo Hernández.
La propiedad está protegida por la Constitución Política y tiene que regularse por una ley. Ellos tienen un simple reglamento. Por eso “vamos a discutir judicialmente las potestades del AyA para operar como rector de las ASADAS y en su caso para apropiarse de sus bienes”, recalcó Hernández.
Respecto del incidente ocurrido en Monterrey opinó que en vez de abogado, el AyA debió  haber consultado primero a un sociólogo, pues no se pueden ignorar los lazos históricos entre esas comunidades. “El AyA está jugando con fuego al crear fricciones y conflictos entre pueblos. Es una trampa en la que no vamos a caer.”
Comentó que esto ya no es un asunto que se reduce a Monterrey. Si piensan que la gente de San Carlos no tiene capacidad de comunicación están equivocados y  ya se buscan alternativas. Por ejemplo, la creación de cooperativas de usuarios, que es un mecanismo establecido en el sistema jurídico, mediante el cual este concepto de ASADA podría dar la prestación del servicio.
Según comentaron dirigentes de las ASADAS, en el transfondo de los intentos por apropiarse de los acueductos y las nacientes están grandes negocios del agua con los que están comprometidos los políticos que ponen a dirigir la entidad estatal. El temor es que en cualquier momento éstos lleguen a acuerdos de privatización y las comunidades pierdan el acceso a sus fuentes de agua, como ya lo intentó AyA en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, cuando estuvo a punto de concretar un convenio para entregarle el acueducto metropolitano a una empresa extranjera.

Calvario frijolero

En la zona de Upala y Los Chiles, frontera norte, donde se produce más del 70% de frijol nacional, luego de tres meses de haber concluido la cosecha, unos 90.000 quintales (sacos de 46 kilos) del grano permanecen en bodegas sin poderse vender. Los productores claman por un precio justo para cubrir al menos los gastos, mientras que los industriales se niegan a elevarles el precio, pues prefieren el frijol importado más barato.
La historia se repite año con año y, esta vez son alrededor de 3.000 los productores afectados en la zona, estimó Róger Murillo, de la Cámara de Granos Básicos en Los Chiles.
El problema es serio porque prácticamente toda la cosecha permanece embodegada, dijo Denis Rojas, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles.
Los industriales ofrecen ¢30.000 por quintal, mientras que el precio de referencia, fijado por el Consejo Nacional de Producción, es de ¢35.000. El año pasado se pagó a ¢34.000 y los productores están dispuestos a negociar. Hay que aclarar que al contrario de lo que afirmaron algunos industriales, no existe un caos con esto. Los productores piden algo normal, se requiere de un precio que permita al productor solventar los gastos, indicó Rojas.
Pablo Estrada, un pequeño parcelero de finca Achiote, en Los Chiles, lamentó que al precio que ofrecen pagar no se puede producir, y no hay ayuda del Gobierno.
“Aquí dicen que sale más barato importar que comprar al productor nacional, porque aquí los insumos son caros. ¿De dónde saca uno para comprar abono, el cual cuesta a ¢27.000 el quintal? Solo Diosito que es tan grande le da a uno como para comprar un poquito de abono, dijo el campesino.
Francisco Álvarez, otro vecino, afirmó que antes sembraba frijoles y otros productos, pero se desmotivó porque a los precios que pagan no se puede producir.
“Los agricultores estamos muy mal; sembramos solo lo del gasto, para no comprar. Pero ya no es como antes. Se está perdiendo todo. Es terrible, porque el agricultor pequeño está desapareciendo y usted sabe que para el labrador de la tierra cuando se desilusiona se termina todo en la vida”, se lamentó.
Otra problemática en la zona –añadió- es que la mayoría de personas que han tenido su tierra la venden, y una vez que se convierten en peones ya no consiguen trabajo. “Cuando llega una compañía, como la piñera, hay trabajo, pero esas empresas “son muy groseras”, le  pagan al peón cualquier cosa y como la persona tiene necesidad trabaja por lo que le den”, dijo.

Oposición tras metas comunes

En San Carlos un pacto logrado por los partidos de oposición les permitirá nombrar el directorio e integrar las comisiones de trabajo en el próximo Concejo Municipal a partir del 1 de mayo, relegando al oficialista Partido Liberación Nacional y sus agrupaciones aliadas.
El acuerdo lo lograron el Partido Acción Ciudadana (PAC),  Movimiento Libertario (1ML), Renovación Costarricense (RC) y Alianza Sancarleña, que suman cinco de los nueve regidores.
El acuerdo está basado en cinco ejes de trabajo (económico, social, ambiental, cultural y político). El PAC presidirá el Concejo los primeros dos años, el ML los dos siguientes y Renovación los dos finales, para el total de seis años del período que le tocará fungir al nuevo Concejo. Por su parte Alianza Sancarleña tendrá derecho a integrar las comisiones de trabajo, informaron regidores de los distintos partidos involucrados.
Carlos Corella, regidor por el ML, dijo que aunque sean de partidos con distinta ideología, al ver la forma en que pueden trabajar por el bien común del cantón, encontraron coincidencias en temas como el ambiental y el manejo del agua.
Todos van con la visión de un desarrollo integral, y dejando las aspiraciones personales de último. La gente está muy contenta y motivada. Esto es histórico y lo están haciendo en otras comunidades, afirmó Corella.
Edgardo Araya, regidor de la Alianza Sancarleña, dijo que hay unas ideas centrales en las que todos están de acuerdo, como la prohibición de la minería a cielo abierto en el cantón, el empoderamiento de los concejos de distrito para que ganen protagonismo y acabar con el clientelismo en el reparto de los presupuestos que han acostumbrado los partidos tradicionales.
Entre los principales temas a los que deberá poner atención el próximo gobierno municipal,  Araya mencionó el manejo de los desechos sólidos, las concesiones de fuentes de agua, y resolver definitivamente el tema de la minería a cielo abierto.
Dijo que la Municipalidad es el gobierno local y como tal le interesan todos los temas. Por ello pondrán énfasis en la utilización de la red institucional de la zona para resolver los problemas en forma conjunta.
Entre los problemas presentes no solo en San Carlos, sino en toda la zona norte, señaló la expansión piñera y la contaminación ambiental que provoca, en particular, las plagas de moscas que tienen exasperados a los ganaderos, porque diezman sus animales.
Mencionó asimismo el enfrentamiento entre el AyA y las ASADAS, conflictos por tenencia de la tierra en lugares como Pavón de Los Chiles y Upala, donde el Instituto de Desarrollo Agrario ha sido inoperante.
Está también la pobreza, desigualdad y desempleo, ya que a la par de altos índices de producción, también hay bajos índices de calidad de vida, como en Los Chiles, el cantón más pobre después de Talamanca.
Ricardo Rodríguez, presidente del PAC en San Carlos, dijo que “la propuesta es ir hacia un desarrollo integral y siento que hay buen ambiente.”
“Necesitamos que la gente se case con la propuesta de desarrollo integral, donde los principales actores sean las comunidades. Es un modelo de abajo hacia arriba”, dijo Rodríguez.