Ante el incremento en los precios del petróleo, los gobiernos de Centroamérica declararon el 29 de mayo pasado, una «crisis energética» y solicitaron a México y Venezuela, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), reducir los precios del crudo.
La solicitud fue denegada porque constitucionalmente los poderes ejecutivos de esos países no pueden intervenir en la fijación de los precios de ese recurso.
Para mediados de junio, el precio del petróleo casi alcanzó los $42 por barril. En toda la región se prepararon planes de emergencia centrados en reducir el consumo tanto de gasolina y sus derivados como de electricidad. En Costa Rica, aunque las alzas también repercuten en la economía, no hubo una percepción de «crisis» porque la electricidad proviene fundamentalmente de plantas hidroeléctricas, mientras que en el resto de la región se genera a partir de explotar combustibles fósiles derivados del petróleo, como el búnker. (Ver entrevista con Pablo Cob)
Además, mientras los otros países viven en un estado de permanente inseguridad eléctrica debido a la débil planificación y desarrollo estatal de proyectos -lo cual se agravó con la privatización de estos mercados-, aquí la provisión de energía es un servicio público, es decir, no se produce con fines de lucro. Por ello, los usuarios no se ven sometidos a los incumplimientos de las empresas privadas y pagan los precios más bajos de toda la región. (Ver cuadro 1)
Pero ¿qué hay detrás de la crisis energética centroamericana?
GEOPOLÍTICA DE UN NEGOCIO REDONDO
En la «crisis energética» de Centroamérica -y otras regiones pobres del planeta-, juega un papel protagónico el Grupo Banco Mundial (GBM), que financia y hasta subsidia a las transnacionales petroleras de los países ricos para llevarse la riqueza fósil (petróleo, carbón, gas natural) de las regiones menos desarrolladas, y que luego les es vendida a precios de usura. (El GBM está conformado por cuatro organismos internacionales: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), del gobierno estadounidense, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, ídem).
Así lo revela la investigación «El juego de poder de la energía. Los ganadores y perdedores del financiamiento del Banco Mundial para combustibles fósiles», realizada por Jim Vallette y Steve Kretzmann, del Institute for Policy Studies, de Washington, y dada a conocer en abril de 2004.
«En los últimos doce años, el GBM ha facilitado la transferencia masiva de los recursos de petróleo y gas de los países en desarrollo a los consumidores y las corporaciones del Norte. Esta transferencia de recursos no tiene conexión alguna con la misión declarada del Banco de crear «un mundo sin pobreza», dice el documento.
También explica que desde la Cumbre de la Tierra de 1992, los directores ejecutivos del GBM han aprobado 133 paquetes financieros para proyectos de extracción de petróleo, carbón y gas, consistentes en préstamos, créditos, donaciones, inversiones y garantías por más de $10.700 millones, pero «casi todos benefician a las corporaciones extractoras de combustibles fósiles del Norte, especialmente aquellas basadas en Estados Unidos, país que coincidentemente es el mayor accionista del Banco.»
La corporación más favorecida es Halliburton, que dirigía Dick Cheney hasta que asumió el cargo de vicepresidente de EE.UU, la misma a la que se le adjudicó la explotación del petróleo iraquí tras la invasión ordenada por George Bush, y que se encuentra en investigación por haber cobrado a su propio país precios indebidos por ese «trabajo».
«Ninguna compañía se ha beneficiado más del financiamiento del GBM para la extracción de combustibles fósiles que Halliburton. Cuando Dick Cheney, vicepresidente de EE.UU, estaba a cargo, de 1996 a 2000, utilizó conexiones políticas y exoneraciones de impuestos -a través del Banco, de los bancos regionales de desarrollo y de las agencias de crédito para exportaciones- para una expansión global dramática. Nuestra investigación ha identificado 13 proyectos, apoyados por más de $2.500 millones en financiamiento del Banco Mundial, en los que está involucrada Halliburton, como contratista, desarrolladora o inversionista», explican Vallette y Kretzmann. (Para las 12 primeras transnacionales favorecidas, ver el cuadro 2)
Otras conclusiones del estudio son que en vez de proveer energía a los países pobres, muchos proyectos alimentan el creciente consumo de petróleo del Norte (según la agencia Reuters, en junio llegó a su máximo en siete años). El 82% de todos los proyectos financiados por el GBM están orientados a la exportación, incluidos los proyectos más controversiales por estar ligados a gobiernos corruptos y autoritarios, y por ser dañinos para el ambiente.
«GANANCIAS OBSCENAS»
¿Cómo se realiza el ciclo de enriquecimiento de las corporaciones petroleras en el caso de nuestra región? En marzo recién pasado, a raíz de la escalada de los precios del petróleo, la Federación de Distribuidores de Productos de Petróleo de Centroamérica y Panamá, (FEDICAPPE), propuso a los gobiernos del área unificar las compras de combustibles para lograr mejores precios, y denunció «que las transnacionales petroleras reportan «ganancias obscenas» al manipular la cadena de comercialización del petróleo en complicidad con los gobiernos y en detrimento de los gasolineros nacionales y el consumidor.» («Fedicappe propone compras de combustible en bloque», La Prensa, Honduras, 11/03/04)
«Los importadores centroamericanos vieron desde mediados de la década anterior, decrecer sus ganancias de 20 centavos de dólar por galón de combustible a 10 centavos, con excepción de Costa Rica. Mientras las transnacionales reportan utilidades de hasta 40 y 45 centavos como ocurre en Panamá, El Salvador y Honduras. En Honduras y Costa Rica existe control oficial de este mercado. En el caso nacional, las transnacionales son las que imponen las reglas en la comercialización, violan leyes y reciben apoyo del gobierno», dijo el presidente de FEDICAPPE, Jorge Fuentes, al diario hondureño.
«No cabe duda que estamos frente a uno de los oligopolios más poderosos del mundo. Las petroleras presionan a los gobiernos, se burlan de los importadores y ni se acuerdan de los consumidores cuando de precios se trata. Todos sabemos que las transnacionales nos están llevando a la quiebra sin que los gobiernos digan algo. Tienen un control vertical hasta la venta al detalle que les reporta ganancias obscenas», dijo, por su parte, Luis Picardi, representante de Panamá». (Ídem)
Según explicó el diario, las transnacionales operan el 60% de las gasolineras hondureñas, 90% de las salvadoreñas, 60% de las panameñas, 70% de las guatemaltecas y un 25% de las costarricenses.
Centroamérica importa más de 100 millones de barriles de combustibles a las transnacionales Shell, Exxon, Chevron y Golf, que imponen un precio arbitriario a pesar de transportarlo de Venezuela. (Ídem)
¿Cómo sufrió Centroamérica las consecuencias del contubernio Banco Mundial-transnacionales petroleras, cuando se produjo el alza histórica de los precios del petróleo, en mayo y lo que va de junio?
En toda la región, los precios de la gasolina y otros derivados del petróleo aumentaron sustancialmente. Por ejemplo, en Guatemala las autoridades advirtieron que en este mes el galón de gasolina súper podría alcanzar el récord de 23 quetzales ($2.87). En mayo, en El Salvador, esta misma gasolina alcanzaba los $2.57 (el dólar es la moneda «nacional»). En Nicaragua, alcanzó los 44.65 córdobas (2.82 dólares). En Honduras, 54,09 lempiras (unos $2,94). En Costa Rica alcanzó más de 858 colones (unos $2.72).
Además, el aumento en el precio del petróleo se reflejó en los precios de la energía dependiente de recursos fósiles, como la producida con búnker, y obligó a planear medidas de emergencia.
En El Salvador se anunció un alza del 25.5% en el precio del búnker, lo cual según la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) de ese país, incrementará la tarifa eléctrica en 3% durante los próximos seis meses. También conocido como «fuel oil», el búnker subió de $11 a $28 en el primer semestre de este año y es el combustible que usan las plantas que generan energía térmica. (El Diario de Hoy, 11-06-04)
Además, la SIGET reportó que de diciembre de 2003 a mayo de 2004, «la época seca caracterizada por falta de lluvias obligó a las empresas a generar más energía a base de petróleo, por lo que la generación térmica se disparó hasta el 40.3% de la producción» del total de energía de ese país. (Ídem)
En Nicaragua, según El Nuevo Diario, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) «amenazó (en abril) con imponer recortes drásticos en el uso de combustible y energía en el Estado, comercio, centros de diversión y hasta el servicio domiciliar, si se dispara el precio internacional del barril de petróleo. Las advertencias, que incluirían hasta volver al control estatal de los precios de los derivados del petróleo, como también limitar la venta de cinco galones de combustible por vehículo (en el tanque), forman parte de un plan que el ente regulador de la energía presentó a una comisión de la Asamblea Nacional.» (6/04/04)
En caso de que el barril de petróleo llegue a $50, el Gobierno declarará el Estado de Emergencia Energética, establecerá el control estatal de los precios al consumidor y reducirá la jornada laboral a un turno al sector productivo nacional. (Ídem)
La Asamblea Nacional citó «a todos los distribuidores de combustibles (Shell, Esso, Texaco y Petronic) e INE, para estudiar la situación y ver posibles opciones, entre ellas una propuesta del diputado Wilfredo Navarro que incluye proponer a los distribuidores reducir su margen de utilidades, independientemente del precio que tenga el crudo a nivel internacional, para «que compartan la crisis con nosotros, y una vez que pase la emergencia, volverían a los niveles de utilidades que tienen, que son millonarias. No podemos decir que ese sector está en crisis porque vemos gasolineras lujosísimas por todos lados.» (Ídem)
En Honduras, según el diario La Prensa, la prolongada crisis del sector eléctrico, «iniciada en 1994», tiene entre sus causas «que la administración de entonces realizó inadecuadas determinaciones, compras de potencia a países vecinos, suscripción de contratos onerosos y lesivos para la institución (se refiere a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica), así como las condiciones de generación que se otorgaron a los privados.» (17/06/04)
Aun así, ese país se apresta a seguir la recomendación del Fondo Monetario Internacional de privatizar la totalidad del mercado eléctrico hondureño. (Ídem)
«Ayer en Tegucigalpa, de manera casi secreta se sostuvieron varias reuniones para tomar decisiones sobre la crisis energética del país, en las que participaron casi todos los representantes de entidades y comisiones de energía del país, de la empresa privada y entidades descentralizadas. La incapacidad de la empresa estatal de energía es tan grave que la administración Maduro a través de la Comisión de Modernización del Estado busca la privatización total del sistema, esto incluye generación, transmisión y distribución.» (Ídem)
En Guatemala persiste el déficit de producción, distribución y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, que es causa de constantes apagones. Según Prensa Libre, de ese país, la inversión necesaria puede ascender hasta $140 millones pero el Instituto Nacional de Electricidad (INDE), no cuenta con los recursos.
En un país con 70% de personas en situación de pobreza, la debilidad de esta institución pública se atribuye nada menos que a su función social: «El INDE ha cumplido con un mantenimiento adecuado, pero no óptimo por limitaciones de recursos derivado de los compromisos de la Tarifa Social» (Ídem).
Pablo Cob:
«ICE tiene un papel fundamental»
MARÍA FLÓREZ-ESTRADA
UNIVERSIDAD consultó al presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Pablo Cob, acerca de la situación del país, de cara a la crisis energética del resto de la región.
Costa Rica no vive una emergencia energética. ¿Podría explicar por qué y cuál es el papel del ICE en esto?
-El sistema de generación de electricidad de Costa Rica se basa prioritariamente en fuentes naturales renovables y principalmente en la hidroelectricidad. El decreto-ley que constituyó al ICE así lo estableció.
En los años 70, con las primeras crisis energéticas mundiales, se realizaron estudios para diversificar las fuentes energéticas naturales incorporando la evaluación de los potenciales geotérmico, eólico, solar y biomásico. Gracias a esto, la generación térmica es proporcionalmente muy baja (entre el 1% y el 2,5%), aunque fundamental para contar con una producción segura de electricidad. Con excepción de Costa Rica, los países centroamericanos han utilizado un modelo de producción de electricidad basado en plantas térmicas, las cuales producen entre un 50% y un 80% del requerimiento total, por lo que son dependientes de los combustibles fósiles, y por lo tanto, de su disponibilidad y precio.
El papel del ICE ha sido fundamental, ya que ha sido el ente planificador y principal desarrollador del modelo de generación eléctrica establecido en el decreto-ley 449.
Aunque la generación térmica sea baja, el incremento de los costos de los combustibles también afectará los precios de generación en Costa Rica.
En Centroamérica se privatizó la generación eléctrica y las tarifas subieron. Hoy se dice que se quiere aprovechar el ambiente creado por el TLC con EE.UU, para privatizar o aumentar la generación privada de energía en el país. ¿Qué puede decir a esto?
-Es muy claro que la tendencia mundial se orienta y presiona por una participación amplia del sector privado en la generación de electricidad. Pero Costa Rica ha mantenido un modelo de planificación centralizada y la construcción de plantas eléctricas desarrolladas por entes estatales. Las leyes 7200 y 7508, aprobadas en los 90, permiten una limitada participación privada en la generación. Sin embargo, el ICE se ve particularmente afectado en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, por limitaciones que impone el Gobierno Central al gasto público y al endeudamiento. Lo anterior podría conducir a una mayor participación privada dentro de un marco legal difuso e inapropiado.
