La principal decisión del próximo mandatario colombiano será como proseguir la guerra contra la guerrilla.
Alvaro Uribe, el candidato con más posibilidades para ganar las elecciones del 26 de mayo en Colombia.
Alvaro Uribe, el candidato con más posibilidades para ganar las elecciones del 26 de mayo, es un disidente liberal, partido actualmente en la oposición en Colombia, pero cuenta con el apoyo de los conservadores, organización a la que pertenece el presidente Andrés Pastrana.
Concluida la tregua y las negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después del secuestro por los rebeldes de un avión en el que viajaba un senador al que mantienen secuestrado, la única opción sobre la mesa es la intensificación de la guerra.
Después de tres años de negociaciones poco fructíferas, y a pocos meses de dejar el poder, Pastrana decidió que no se podía seguir conversando en medio de secuestros y la escalada del conflicto. Es imposible no ver en la decisión de Pastrana una preocupación con la historia, con la imagen de su gobierno en el futuro, después de tantos meses de conversaciones y tan pocos frutos. Prefirió dar un vuelco a su política e iniciar en sus últimos meses de mandato una ofensiva los militares esperaban desde hace tiempo.
Esa decisión implica también una creciente participación de EE.UU. en el conflicto, que empezó hace varios años y ha aumentado paulatinamente.
Ahora se discute en Washington una autorización para que los fondos destinados al combate al narcotráfico, incluyendo hombres y equipos, se utilicen también en el combate a las FARC. El tema empezó a ser discutido en el Congreso de EE.UU. la semana pasada, en medio de presiones de la Casa Blanca, muy interesada en su aprobación.
El envío de tropas parece por ahora descartado, pero Estados Unidos mantiene en Colombia grupos privados que dan asesoría y entrenamiento a las fuerzas del gobierno. Para los rebeldes, se trata de mercenarios.
MÁS GUERRA
Uno de los escollos para un aumento rápido de la ayuda estadounidense es la demanda de un mayor aporte de los colombianos para el combate a la guerrilla. Eso significa más impuestos y ampliación del servicio militar, dos medidas que cuentan con pocas simpatías.
El candidato a la vicepresidencia en la papeleta de Alvaro Uribe, Francisco Santos, uno de los dueños del diario «El Tiempo», participó la semana pasada en un foro en Washington sobre la situación de su país, y se reunió con representantes demócratas y republicanos. Durante esas reuniones los legisladores Cass Ballenger y Bill Delahunt le preguntaron de dónde iban a salir los recursos para el combate a la guerrilla, si los colombianos no se muestran partidarios de los aumentos de impuestos, ni de la ampliación del servicio militar.
Existe temor de que la clave para el incremento de esa lucha sea un mayor apoyo a los grupos paramilitares. «No creemos que Uribe se identifique con los paramilitares», dijo Delahunt, citado por un periódico colombiano, pero «esos grupos se sienten identificados con sus ideas».
Los paramilitares operan con un importante respaldo de las fuerzas armadas y son parte de la estrategia de la guerra contra los insurgentes. Pese a las negativas del gobierno de Pastrana, abundan las informaciones sobre lo que ocurre en el terreno, donde los «para» operan con respaldo militar. El más reciente fue el atentado ocurrido el 1 de mayo en la localidad de Bojayá, con la trágica muerte de más de un centenar de personas, la mayor parte niños que habían buscado refugio en la iglesia.
Las FARC, responsables de ese hecho, lo atribuyeron a un error, se disculparon por lo ocurrido y acusaron a los paramilitares de escudarse detrás de la población civil. Pero afirmaron también que las unidades militares, en este caso de la marina, tardaron en llegar al lugar porque estaban prestando ayuda a los paramilitares acosados por la guerrilla en la zona.
La guerra ha costado ya unos 60 mil vidas, desde 1985, y se registran unas cien masacres todos los años, sin que los responsables sean llevados a los tribunales, según datos de organismos de derechos humanos.
Uribe ha propuesto otra medida polémica para enfrentar a las FARC. Se trata de crear una red de un millón de informantes civiles para que colaboren con las fuerzas armadas en aquellos lugares donde el Estado no puede tener una presencia permanente.
La medida fue criticada también por el congresista Delahunt, pues esa población civil desarmada se convertirá en «blancos legítimos de la guerrilla y de los paramilitares».
Santos defendió la propuesta al afirmar que en Estados Unidos también hay grupos de vecinos que colaboran con las autoridades. La diferencia, le recordó Delahunt, es que en Estados Unidos las autoridades pueden acudir a los lugares de conflicto en cuestión de minutos, mientras que, en Colombia, no lo puede hacer sino en días, lo que dejaría a esta gente desprotegida.
PERSPECTIVAS
Uribe no descarta un triunfo en la primera vuelta electoral, el próximo 26 de mayo, aunque las encuestas indiquen la probabilidad de un segundo turno. En la última, hecha en abril pasado, Uribe bajó de poco más de 50% a 47,6%, mientras su principal rival, el liberal Horacio Serpa, subía unos tres puntos, a 27,4. Uno de los dos será el próximo presidente, pero si se confirman estos resultados, tendrían que ir a una segunda vuelta. Un tercer candidato, Luis Garzón, del Polo Democrático, superó a Noemí Sanín, en el tercer lugar, con 7%, contra 6,5%.
Las recientes elecciones parlamentarias indicaron que los candidatos más votados para el senado y el congreso fueron quienes se oponían a la intensificación de la guerra, enviando así señales complejas y contradictorias sobre la situación política del país.
Desde que el presidente Pastrana decidió suspender las negociaciones con las FARC, en febrero pasado, la intensificación del conflicto armado ha terminado por ocupar todos los espacios políticos en el país. Pero Colombia atraviesa también una difícil situación económica, en parte provocada por la guerra, que deberá ser atendida por el próximo presidente de la República.
