Algunas de las propuestas de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Aunque no aparece directamente en los puntos de agenda del gobierno, el financiamiento para hacer frente a los pagos de pensiones es un tema escabroso al que la administración tendrá que hacer frente en los próximos meses.
Desde ahora Ovidio Pacheco, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, anunció que en su dependencia las solicitudes de pensiones se analizarán con lupa para evitar excesos. Para los próximos días se podrían dar enfrentamientos entre grupos de pensionados, sindicatos y el gobierno en relación con las modificaciones planteadas a los diferentes sistemas de pensiones.
El pasado 20 de mayo, el titular de Trabajo pidió a Javier González, auditor interno del ministerio investigar sobrepagos de pensiones en regímenes especiales, pues en 7 de 20 expedientes analizados se constataron pagos superiores a los ¢4 millones.
Ante los periodistas, Pacheco dijo que hay al menos 50 expedientes adicionales a los cuales se les han efectuado pagos adicionales.
Y aunque anunció mano fuerte para evitar abusos, habrá que esperar la reacción de funcionarios de la Asamblea Legislativa y de otras dependencias que han hecho solicitudes de pago de pensiones aunque aún sigan laborando para el Estado.
Se trata de las pensiones de lujo que cobran un pequeño grupo de exfuncionarios del Ministerio de Hacienda, jubilados de guerra y del Magisterio Nacional, quienes lograron que sus pensiones se aprobaran con sumas millonarias.
Para hacer frente a las obligaciones contraídas con los jubilados del Magisterio Nacional, el gobierno de Abel Pacheco incluyó una partida por ¢19.250 millones en el presupuesto extraordinario de la República que se conoce este mes en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, no todas las personas de este régimen tienen pensiones de privilegio. Según aseguró a este Semanario, Manuel Calvo, Presidente de la Comisión Institucional de pensiones de la Universidad de Costa Rica, «el 80% de los pensionados del Magisterio recibe un monto mensual que fluctúa entre los ¢100 mil y ¢200 mil».
Aunque otras personas pensionadas bajo este régimen, que laboraron en el servicio exterior o en el gobierno, luego se retiraron con montos muy altos, dijo que «pagan justos por pecadores y de eso se valen las autoridades de gobierno y exministros de Hacienda para hacer creer que todos recibimos pensiones de lujo y eso no es cierto», agregó.
Desde la óptica de Calvo, «el gobierno no ha aportado sus cuotas patronales y ha permitido que en la discusión del tema prevalezcan los criterios políticos sobre los técnicos y el tema de pensiones se ha complicado cada vez más».
Urge cuantificar las deudas del gobierno y las instituciones descentralizadas a la Caja Costarricense del Seguro Social y a los regímenes de pensiones, porque la crisis en este campo es responsabilidad del gobierno y de otros patronos, por no pagar lo que por ley deben aportar, agregó.
CAJA ANALIZA
Con una sociedad que alcanza mayor esperanza de vida y con mecanismos deficitarios para el cobro de las cuotas, los fondos de pensiones se debilitan cada vez más; lo que es un derecho para los trabajadores podría convertirse en un anhelo al que no todos tendrán acceso en un futuro cercano.
Las voces de alerta la han dado los exministros de Hacienda, pero a ellas se unen las de Rodolfo Piza, expresidente ejecutivo de la CCSS quien en marzo del año pasado llamó la atención sobre el tema.
La Junta Directiva de la Caja tiene en agenda la discusión en torno a la modificación del régimen básico de pensiones, tras conocer la propuesta de Piza.
Para el expresidente de la Caja, en la década pasada se hicieron cambios importantes en los sistemas de retiro en muchos países de América Latina y en el país, las modificaciones fueron escasas.
Los aportes de los trabajadores son insuficientes y el sistema básico podrían desequilibrarse e incluso quebrar, considera Piza.
Sobre la base de estudios actuariales realizados por Rodrigo Arias y Fabio Durán Valverde, y con el aporte del economista Víctor Hugo Céspedes, Piza llama la atención sobre cambios urgentes para evitar la quiebra del régimen de pensiones de la Caja en un futuro cercano.
«Para garantizar la viabilidad más allá del 2040, puede acudirse a una elevación de las cuotas obrero patronales, subir la edad de pensión o no ajustar el monto a la inflación», considera Piza.
Estas medidas, agrega, deben adoptarse en conjunto para evitar desproporciones, pues si solo se piensa en el aumento en la edad de retiro, esta debería ser a los 68 años, lo cual es excesivo.
Si se opta por el aumento en las cuotas, el aporte obrero patronal para el retiro rondaría el 15% del salario, sin tomar en cuenta otras cargas como las pensiones complementarias.
Pero si no se ajustan las pensiones al ritmo de la inflación, el porcentaje que el trabajador recibiría al llegar su jubilación sería un monto muy pequeño de lo que aportó en sus años de trabajo.
SEÑALES DE ALARMA
Los estudios actuariales realizados por la CCSS indican que los costos del seguro de invalidez, vejez y muerte subirán más rápidamente que los ingresos, lo que ocasionará un desequilibrio financiero. Si no se toman medidas a mediano plazo, la prima actual se agotará en 8 o 12 años.
Las proyecciones indican además que el índice de personas que cotizan en relación con los pensionados ascenderá de 6.9 trabajadores activos por pensionado en el año 2000, a 3.3 en el 2040.
Por eso, según las autoridades de la Caja, si no se toman las medidas pertinentes en 2028 el régimen de invalidez vez y muerte de la Caja habrá agotado todas sus reservas.
Pero para enfrentar esta situación debe además evitarse la morosidad y la evasión. Aunque no se conoce exactamente el monto de lo adeudado por los patronos y por el Estado, urge la toma de medidas para que cada quien pague lo que le corresponde.
PROPUESTA POLÉMICA
Ante este panorama la propuesta de Piza establece que la edad de retiro sea a los 65 años, tanto para hombres como para mujeres.
Plantea además que la edad puede anticiparse hasta un máximo de tres años, pero el monto será 6% menor el primer año de anticipo, el 7% en el segundo y 8% en el tercero.
Se permitirá el retiro a los 60 años para quienes estén desempleados, pero el monto de la pensión deberá ser menor aunque no se especifica cuánto.
La propuesta agrega que para el cálculo de ésta no se incluirán los incentivos disfrutados por el trabajador. Serán 12 los salarios mensuales al año los que se tomarán en cuenta hasta un total de 240, o sea 20 años de trabajo.
El monto de la pensión será la mitad del salario base más 1% por cada año cotizado. Si la edad de retiro se prolonga se reconocerá 6% adicional por año hasta un máximo de un lustro.
En el caso de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, el beneficio será del 40% del monto básico más 1% por año cotizado hasta 25 años de trabajo.
En relación con los montos de contribución se establece un aumento del 1% a partir del 2010 y otro aumento del 1% cada 10 años, hasta llegar a un porcentaje de aporte del 10,5% de los salarios cotizables.
Mientras que los trabajadores aportan el 1% cada diez años, el Estado solo aumentará el monto de su aporte en una tercera parte.
La polémica propuesta de Piza está por discutirse entre los sectores de los trabajadores y los directivos de la Caja.
