El 3 de noviembre pasado, el Banco de Costa Rica cerró tres cuentas a la firma fiduciaria Latinamerica Trust and Escrow Company (Latco), porque no demostró a tiempo documentos que evitaran la sospecha de que estuvo “legitimando capitales”, una forma elegante de hablar del popularmente conocido “lavado de dinero”. Además, el caso se encuentra en investigación por la Fiscalía General y por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Jennifer Morsink, representante de esa firma y a la vez integrante de la junta directiva de Bicsa, anunció que presentará una demanda penal contra la presidenta del BCR, Paola Mora, por manchar su nombre y el de su empresa. Dijo que hasta el momento Latco ha movido $30 millones a través del BCR y otros $400 millones en activos administrados, y negó que existiera un fideicomiso de $65 millones en Malta del que obtendrían parte de sus fondos. Aseguró a un diario local que los fondos en cuestión son transferidos a Costa Rica mediante bancos europeos “de primer orden” (La Nación, 14/11/12).
No obstante, de “primer orden” es, por ejemplo, el banco HSBC, en cuyos servicios se lavaron miles de millones de dólares que evadieron el pago de impuestos en sus países de origen o que están relacionados con el pago de sobornos, según puso al descubierto el Consorcio de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) en una serie de investigaciones publicadas por UNIVERSIDAD en febrero de este año.
A manera de ejemplo, una empresa también de “primer orden” como Halliburton, cuyo gerente fue el exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, utilizó cuentas del HSBC para canalizar $182 millones en sobornos a funcionarios de Nigeria, para obtener contratos de construcción de obras públicas por un valor de $6 mil millones.
El asunto Latco, como tantos otros, seguirá en disputa y probablemente terminará en nada, como ha sucedido tantas veces. Pero, por un instante, creeremos haber atisbado un verdadero circuito del flujo de dinero ilícito hacia nuestro país, como solo aparecen con claridad en las películas (ver también “Hitos que nos tocan”).
Subfacturación y sobornos
Lo cierto es que no estaremos tan lejos de la verdad. El libro Flujos financieros ilícitos: La Condición económica más dañina que encara el mundo en desarrollo, publicado en setiembre pasado por la entidad Global Financial Integrity (GFI), con apoyo de la Fundación Ford (accesible en: http://www.gfintegrity.org), ubica a Costa Rica como el primer país en Centroamérica –inclusive por encima de Panamá, famoso por ser un centro financiero internacional–, y como el decimocuarto del mundo, por los que fluyen mayores cantidades de dinero ilícito.
La investigación que dio origen al libro encontró que el 31% de toda la riqueza financiera privada en África y el Medio Oriente, y el 28% en América Latina –para un total de US$2,9 billones— son mantenidos en “paraísos financieros”, mientras que las cifras para Europa y Estados Unidos bajan a 7,8% y 2%, respectivamente.
Esto último no excluye el hecho de que corporaciones europeas y estadounidenses protagonicen el pago de sobornos y la evasión de impuestos en el “mundo en desarrollo”, como muestran los ejemplos del HSBC y Halliburton.
La metodología de investigación utilizada por GFI consistió en establecer las discrepancias entre la información de las balanzas de pago y los datos reportados a la Dirección de Estadísticas de Comercio del Fondo Monetario Internacional, con el fin de detectar los flujos de capital ilegalmente obtenido, transferido o utilizado. Se trata de una metodología altamente conservadora en la medida que no incluye los flujos de dinero en efectivo, subfacturación, circuitos financieros informales u otros tipos de lavado de dinero, como explica la propia GFI.
Es decir que “muchas formas de evasión de impuestos abusivas usadas por compañías multinacionales, así como muchos de los procedimientos usados para legitimar los capitales provenientes del tráfico de drogas, del tráfico de personas y otras actividades criminales –que frecuentemente se hacen en dinero en efectivo-, no están incluidas en estos estimados”, explica.
En el caso de Costa Rica, como muestra el cuadro “Flujos financieros ilícitos estimados para países en desarrollo2003-2012”, se calcula que en ese período se fugaron de la legalidad $94.034 millones (equivalente a 1.83 veces el PIB para el 2016), a un promedio anual de $9.403 millones. Pero ese cuadro también muestra que la magnitud del dinero ilícito en nuestro país crece anualmente.
UNIVERSIDAD consultó al Superintendente de Entidades Financieras (Sugef), Javier Cascante Elizondo, sobre la información provista por este libro y sobre las acciones que se toman para mantener bajo chequeo los flujos de capitales.
En síntesis, afirmó que la Sugef hace el trabajo que le mandata la ley, aunque reconoció la necesidad de que se realicen reformas legales para mejorar estos controles, aunque no mencionó alguna en particular. No quiso referirse al caso Latco, debido a que se encuentra en investigación por la Fiscalía General (Ver “Siempre será importante monitorear”).
Lo cierto es que, por ejemplo, a diferencia de la legalidad estadounidense, que en muchos aspectos es paradigmática para el mundo empresarial, en Costa Rica la ley sí permite mantener en el anonimato a quienes verdaderamente poseen empresas que se crean “en el papel”, bajo la figura de la “sociedad anónima”, y que están representadas por bufetes de abogados. Eliminar este tipo, ya no de “portillo” sino de verdadera “alameda” para la fuga ilícita del dinero, es la primera recomendación derivada de la investigación de la GFI (ver “Propuestas de soluciones”).
Pero, por ahora, parece que en Costa Rica seguiremos atisbando las matráfulas del mundo financiero como en las películas, esto es, mediante algunos capítulos de series que se acaban demasiado pronto.
Javier Cascante Elizondo, Superintendente General:“Siempre será importante monitorear”
A pesar de la normativa de la Sugef, Costa Rica aparece en el lugar 14 como país involucrado en los flujos de dinero ilícito en el mundo. ¿Qué está quedando por fuera de la supervisión de la Sugef?
-Debe señalarse que cualquier escalafón que se realice en materia de dinero ilícito en el mundo, siempre será una aproximación y de ninguna manera puede verse como algo exacto, dado la complejidad del tema y de que las fuentes que se utilizan para elaborar esos estudios, no siempre se corresponden con datos oficiales y validables.
En todo caso, por nuestra ubicación geográfica, Costa Rica es un país que se encuentra afecto a los peligros que entraña la legitimación de capitales, lo que obliga a redoblar esfuerzos en todos los ámbitos, y no solamente en los aspectos que se señalan en la normativa prudencial.
En lo que respecta a la Sugef, el ordenamiento jurídico le encarga supervisar que las entidades financieras y otros sujetos obligados, cuenten con mecanismos para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, especialmente en áreas como la debida diligencia y conocimiento de los clientes, mantenimiento de registros, gestión de los riesgos y adecuado reporte de operaciones sospechosas. Así, esta Superintendencia lleva a cabo constantemente labores de supervisión sobre las entidades financieras y sujetos obligados, con la finalidad de verificar que cumplan con esas y el resto de obligaciones que les encomiendan la Ley 8204, el Reglamento a la Ley 8204 y la normativa prudencial.
¿Cómo remediar los vacíos?
-Más que áreas o actividades que estén quedando fuera del ámbito de supervisión de Sugef, lo más importante es fortalecer lo que se está haciendo actualmente, migrando hacia un enfoque de supervisión basado en riesgos, lo que permitirá destinar mayores recursos en aquellas áreas que se terminen mayores riesgos. Ahora bien, siempre será importante monitorear otras actividades que pudieran tener impacto en el sistema financiero, con la finalidad de incorporarlas a la supervisión de la Sugef en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En el momento que se determinen esas actividades, corresponderá proponer las reformas legales que correspondan, para que queden debidamente establecidas las potestades de supervisión que tendría la Superintendencia sobre las personas físicas o jurídicas que las desarrollen.
¿Qué puede decir la Sugef sobre el reciente caso de Latco Costa Rica?
-Al estar el tema en investigación en el Ministerio Público, no corresponde a esta Superintendencia referirse al caso, precisamente porque será el Ministerio Público el que de acuerdo con sus competencias legales desarrolle las gestiones que estime conveniente. Por supuesto, si el Ministerio Público así llegara a requerirlo, esta Superintendencia prestará la cooperación que corresponda.
Propuestas de soluciones
- Los gobiernos deben establecer registros públicos de información sobre la propiedad de todas las personerías jurídicas.
- Los reguladores financieros deberían requerir a todos los bancos de sus países conocer quiénes son los verdaderos dueños de todas las cuentas.
- Las autoridades deben adoptar todas las recomendaciones contra el lavado de dinero del Grupo de Trabajo sobre la Acción Financiera de la ONU.
- Los supervisores y las autoridades deben asegurar que todas las regulaciones antilavado de dinero se cumplan.
- Los legisladores deben requerir que las compañías multinacionales hagan públicos sus ingresos, ganancias, pérdidas, impuestos pagados, subsidiarias y sus niveles gerenciales en cada país.
- Todos los países deben participar activamente en los movimientos mundiales hacia el intercambio automático de información tributaria respaldados por la OCDE y el G20.
- Las transacciones comerciales que involucren a los paraísos fiscales deben ser sujetas del nivel más alto de escrutinio por las aduanas, entidades tributarias y autoridades supervisoras del cumplimiento de la ley.
- Los gobiernos deben mejorar significativamente sus controles aduaneros, equipando y entrenando funcionarios para que mejoren su capacidad de detectar la subfacturación.
- Las Naciones Unidas deberían adoptar una meta sucinta y concreta de desarrollo consistente en reducir a la mitad los flujos de dinero ilícitos para el año 2030. (Fuente: Global Financial Integrity).
Hitos que nos tocan
- El diario La Nación reveló la existencia de una red que efectuaba intermediación financiera para la Conferencia Episcopal mediante su empresa Servicios Pastorales. Su administrador también integraba la junta directiva del Grupo Consolidado Sama S. A.; era director vocal segundo de Sama Internacional (GS) S. A.; y director vocal segundo de Sama Sociedad Fondos de Inversión S.A., entre otras compañías. Ante la denuncia periodística, la Sugef intervino y prohibió esas operaciones.
- La empresa de telecomunicaciones Alcatel-Lucent S.A. acordó pagar más de $137 millones para resolver un caso de soborno por violar la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Exterior, de EE.UU., con el fin de obtener contratos en América Latina y Asia. Alcatel ofreció sobornos a funcionarios en Costa Rica, Honduras, Malasia y Taiwán entre diciembre del 2001 y junio del 2006. En el proceso judicial local sobre este caso, todavía en curso, está implicado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez.
- El expresidente salvadoreño Francisco Flores es procesado por el uso indebido de unos $15 millones donados por Taiwán para atender a las víctimas de un terremoto. Los fondos pasaron una cuenta del Banco Cuscatlán en Costa Rica. En el pasado, este banco aportó ¢10 millones en bonos (equivalentes a $25 mil), de capital salvadoreño, a la campaña electoral del expresidente Abel Pacheco. Entre los miembros costarricenses de su junta directiva se encontraban Ernesto Rorhmoser, Ronald Peters Seevers, Álvaro Saborío Legers y Manuel Francisco Jiménez Echeverría, entre otros. Fue absorbido por el Scotiabank en el 2013.
- El Banco de Costa Rica cierra tres cuentas a la firma fiduciaria Latinamerica Trust and Escrow Company (Latco), por sospecha de legitimación o “lavado” de $30 millones. El caso se encuentra en investigación por la Fiscalía General y el Instituto Costarricense sobre Drogas.
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