Una nueva etapa política se inaugura el próximo 10 de diciembre en Argentina, cuando el conservador Mauricio Macri reciba la presidencia de la República de manos de la mandataria Cristina Kirchner.
Comenzará entonces “un cambio de época”, como prometió en su discurso en la noche del pasado domingo, luego de que su rival, Daniel Scioli, reconoció su derrota en la segunda ronda electoral.
Fue una derrota estrecha, pues Macri obtuvo 51,4% de los votos, frente al 48,6% de Scioli, una cifra todavía provisional, pero ya con el 99% de las mesas escrutadas.
Su promesa de cambio se registró a partir del nombre de la agrupación que lo llevó al triunfo: Cambiemos, y que centró gran parte del debate político durante la campaña.
Cambió, primero, su discurso político. El tono más radical, las promesas de un retorno a las políticas privatizadoras y al modelo neoliberal dieron paso a una retórica distinta durante la campaña, que hizo recordar la del expresidente Carlos Menem cuando, en 1989, llegó al poder con un discurso, para hacer luego todo lo contrario: una política en extremo alineada con el entonces Consenso de Washington, que llevó el país a su más grave crisis económica, una década después. Cuestionado por el cambio, Menem alegó que si hubiese prometido lo que realmente iba a hacer, nadie lo habría votado.
Privatizaciones y buitres
Analistas argentinos destacan dos aspectos al referirse al tema. Uno es el relativo a las privatizaciones; después de argumentar a favor de reprivatizar empresas parcialmente nacionalizadas, como Aerolíneas Argentinas o la petrolera nacional YPF, el ahora presidente electo prometió en campaña mantenerlas bajo control estatal.
Otro tema que generó discusiones fue su posición frente a los llamados “fondos buitres”, en manos de inversionistas que rechazaron la renegociación de la deuda llevada a cabo por el gobierno de Kirchner, a la que se acogieron 93% de los acreedores.
Los “buitres”, o holdouts, que compraron los bonos totalmente depreciados por $40 millones −cuando Argentina no podía satisfacer sus compromisos−, ahora los cobran −con su valor total más intereses− por un monto superior a los $1.300 millones.
Ante la perspectiva de que el gobierno de Macri llegue a un acuerdo con esos tenedores de bonos, otros −que ya habían aceptado el acuerdo propuesto en el 2005 y 2010− se han sumado a la demanda presentada en un tribunal de Nueva York, con la esperanza de que también se vean beneficiados por la nueva posición de Argentina. Los más de $1.300 millones ascendieron así a $8.000 millones y podrían aumentar.
“Aunque nos disguste, hay que cumplir el fallo judicial”, habría dicho Macri ante un fallo judicial que el actual gobierno argentino estima ilegítimo.
Frente a la nueva realidad política, un grupo de bancos norteamericanos −encabezados por J.P. Morgan− “pondrían a disposición del próximo gobierno créditos y un nuevo plan para acercar a los bonistas; aportarían hasta $15.000 millones”, como tituló el diario argentino La Nación el pasado 20 de noviembre, solo dos días antes de las elecciones.
De ese modo, la banca entraría también en el negocio, garantizando ganancias millonarias a los fondos buitres y cargando la deuda argentina con otros miles de millones de dólares.
“JP Morgan no sería el único banco intentando acercarle un juicio al próximo gobierno. También Goldman Sachs estaría sondeando alternativas. La Argentina va a necesitar dinero a corto plazo. Los bancos saben que arreglar con los holdouts es una llave de entrada para después ganar otros negocios más grandes. Lo de los holdouts va a implicar una reestructuración o emisión de deuda de por lo menos unos $20.000 millones. Sin prácticamente reservas propias, la nueva administración necesitará hacerse de dólares rápido, más allá de que la negociación con los holdouts le lleve varios meses”, apuntó una fuente del sector, afirma La Nación.
Escenarios inciertos
Para el periódico, esta elección fue como “una bisagra tras los doce años de kirchnerismo, que le dejan al futuro presidente un escenario incierto”.
Desde el punto de vista político, Macri no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados tendrá, con todos sus aliados, 93 diputados, frente a los 102 del kichnerismo; mientras que en el Senado sólo puede contar con el apoyo de 16 senadores, de un total de 72.
En cuanto a los gobernadores, tampoco cuenta con mayoría: doce son del peronista Frente para la Victoria; cuatro del Partido Justicialista, pero no kirchnerista; tres del Partido Radical; tres de otras fuerzas políticas y solo dos de Pro, el partido de Macri, aunque este logró el control de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, centros políticos de particular importancia.
El analista argentino Marcelo Righetti llamó la atención hacia una figura del macrismo “poco conocido públicamente”. Se trata de Francisco Quintana, “líder de los legisladores macristas”, que se convirtió en el candidato de la legislatura porteña “más votado en estas elecciones, alcanzando más del 45% de los votos”.
Quintana habría sido “becario del Departamento de Estado, de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) de España y de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA)”.
“La UPLA es la estructura regional de la International Democratic Union (IDU), la organización que agrupa a escala planetaria a las fuerzas neoconservadoras del mundo”, mientras que la FAES es “el instrumento para la articulación política internacional que dirige el expresidente de España José María Aznar”, particularmente activo en articular las fuerzas conservadoras en América Latina.
Si el escenario político le resulta complicado, en el terreno económico el país enfrenta también grandes desafíos, entre los que se puede destacar la inflación alta, problemas de reservas y un estancamiento en los principales indicadores productivos, en medio de un escenario económico internacional de recesión o bajo crecimiento. En los últimos cuatro años, no solo el crecimiento de la economía argentina se ha ido estancando, sino que se ha desarrollado un mercado negro para el dólar, un problema que Macri podría enfrentar devaluando el peso argentino.
Para Claudio Katz, integrante del grupo Economistas de Izquierda, las propuestas económicas de Macri y Scioli no tenían grandes diferencias. Existía “una intensa discusión sobre el ritmo del próximo ajuste. Algunos suponen que Macri impulsa el shock y Scioli el gradualismo”, afirmó. Pero ambos tratarían, en su opinión, de “reducir el déficit fiscal, achatar los salarios y aplicar fuertes aumentos en las tarifas de energía y transporte”.
Los críticos de su proyecto hablan de “un importante riesgo de que, al implementar ‘soluciones’ de corte derechista, podría ponerse en marcha un ciclo contraproducente de austeridad y recesión, del tipo del que hemos visto en Grecia y en la eurozona”.
En opinión del economista y Premio Nobel en este campo, Joseph Stiglitz, la austeridad fiscal en momentos de recesión, cuando el sector privado también está reduciendo el gasto, solo agravaría el escenario de contracción económica.
La elección argentina despertó también el interés regional. “No es una elección nacional más, sino una contienda que puede tener repercusiones continentales si la derecha llegara a acceder a la Casa Rosada, provocando un cambio en la actual correlación de fuerzas regional”, dijo un grupo de intelectuales de diversos países, para quienes “el neoliberalismo pretende convertir a la Argentina en la punta de lanza de la restauración conservadora”.
En un documento difundido antes de las elecciones, afirmaron que “un posible triunfo del macrismo en la Argentina representaría el reimpulso para las fuerzas de la derecha continental que pretenden vencer en Venezuela el 6 de diciembre, impedir la repostulación de Evo Morales a través del referéndum que tendrá lugar en febrero próximo en Bolivia y precipitar el derrocamiento ‘legal’ de Dilma en Brasil”.
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