El plan de estímulo aumentaría el déficit federal en $185 mil millones en los próximos meses.
El presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, firmó el martes pasado una ley de estímulo económico aprobada por el congreso después de duras negociaciones y sin el respaldo del Partido Republicano. La ley pretende inyectar $787 mil millones en la economía norteamericana mediante un espectro muy variado de iniciativas, como otro esfuerzo por detener la caída de la economía que parece aún lejos de tocar fondo.
Los indicadores económicos aparentan, en todo caso, inmunidad a esas iniciativas, cuyos efectos los economistas no terminan de llegar a acuerdo. Una reacción muy extendida es que, pese a las enormes cifras inyectadas en la economía –tanto los $700 mil millones, al final del gobierno de George Bush, como los casi $800 mil millones, al inicio del de Obama–, todo parecen insuficientes para detener la crisis.
Sin embargo, hay que destacar un cambio de enfoque entre las iniciativas de ambos gobiernos, pues mientras Bush ponía el acento en el apoyo a la banca y en la reducción de impuestos a las grandes empresas, las propuestas del nuevo gobierno ponen más atención en las personas afectadas por la crisis, en particular una vasta clase media amenazada con perder sus propiedades, entre otras cosas.
En el acto de la firma de la nueva ley, el vicepresidente Joe Biden destacó que, en ese plan, la clase media trabajadora se sitúa en un lugar privilegiado, «a diferencia de lo que ocurrió con otros planes del pasado». «Estamos aquí para cambiar el país y para empezar a construir la verdadera economía del futuro», destacó.
LA LEY
Los $787 mil millones del plan de Obama, contemplados en un documento de más de mil páginas, quedan repartidos en $308 mil millones en gastos fiscales, otros $212 mil millones en recortes tributarios para individuos y pequeñas empresas, y $267 mil millones para programas sociales.
La ley contiene incentivos fiscales para la compra de autos y viviendas, reducciones en las retenciones de los aportes salariales, más beneficios para el desempleo y bonos de alimentos (“food stamps”), un abaratamiento de los seguros de salud y más dinero para investigaciones médicas.
El plan pretende salvar más de 3,5 millones de empleos y propone una rebaja de impuestos que beneficiaría a 95% de los trabajadores del país.
Con un desempleo que se acerca ya al ocho por ciento, y sigue creciendo sin cesar, el tema se transforma en la principal preocupación de la Casa Blanca. Para prevenir la pérdida de más de 600 mil empleos en las escuelas del país, el plan invierte $54 mil millones en el sistema de educación, además de otorgar nuevas ventajas para los estudiantes universitarios.
«No hay que ser economista para saber que sin trabajo la gente no puede gastar y que sin consumo es imposible que mejore la economía. Esto se convierte en un círculo vicioso que debemos detener, pero no sólo para mejorar las estadísticas, sino por una cuestión de dignidad», dijo Biden.
En cambio, limita a $500 mil al año la compensación de los altos ejecutivos de las empresas rescatadas de la bancarrota con fondos públicos, una medida destinada a dar una respuesta a reclamos cada vez más generalizados entre los afectados por la crisis.
Un ejemplo de los abusos de los altos ejecutivos, citados por medios norteamericanos, es el del gerente de Bank of America, Kenneth D. Lewis, quien recibió $16,4 millones el año pasado. Pese al desempeño de la institución, Lewis, recibió $11,5 millones en compensación adicional a su salario de «apenas» $1,5 millones.
A ese plan se sumó otro anuncio del presidente norteamericano, al día siguiente, para intentar un rescate inmobiliario. El plan compromete $275 mil millones de los recursos aprobados por la anterior administración para ayudar a refinanciar hipotecas de quienes han visto el valor de sus viviendas caer por debajo de lo que adeudan a los bancos. Se estima que nueve millones de familias podrían verse beneficiadas por este plan. Sin embargo, esto no resuelve el problema de quienes perdieron su empleo y se quedaron sin posibilidad de hacer frente a cualquier pago hipotecario.
DUDAS
Un plan de esa envergadura despierta enormes expectativas, pero también dudas sobre su eficacia y las posibles consecuencias.
Una de las mayores preocupaciones es el aumento del déficit fiscal. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el plan de estímulo aumentaría el déficit federal en $185 mil millones en los próximos meses. En el 2010 ese aumento llegaría a $399 mil millones.
El déficit de Estados Unidos rozó los $500 mil millones el año pasado, el más grande de la historia del país. Pero, en enero pasado, la Oficina de Presupuestos del Congreso situó las expectativas para el 2009 en cifras sin precedentes, cercanas a $1,2 millón de millones, antes de aprobar el nuevo paquete de estímulo económico.
Este déficit se agregaría a la deuda nacional que ya supera el millón de millones de dólares.
Cuando se pregunta a los economistas cómo, cuándo y quién pagará esa deuda, la respuesta más habitual es que, por ahora, hay que apagar el incendio. Después se verá cómo arreglar lo que quedó de pie.
Esas dudas se reflejan, sin embargo, en el comportamiento de los inversionistas en los mercados de valores. El mismo día en que Obama firmaba su plan de rescate, las acciones se desplomaban en Wall Street, llevándolo a niveles cercanos a los históricos mínimos.
Los datos alarmantes se multiplican sin cesar: los títulos de General Motors cayeron un 12,8% ese mismo día, a $2,18, mientras la empresa se disponía a presentar un plan de supervivencia para cumplir con los términos de un rescate gubernamental de $17.400 millones que le ha permitido mantenerse a flote este año.
Pero nada indica que eso sea posible. Es más, tanto la GM como Chrysler volvieron a pedir recursos al gobierno, esta vez por $21.600 millones, mientras anuncian posibles recortes de 50 mil empleos.
Los estados enfrentan también las consecuencias de una severa recesión. La producción manufacturera en el estado de Nueva York cayó a un mínimo histórico en febrero y aumentó los temores a una profundización de la recesión.
California, considerado uno de los estados más prósperos del país, con 36 millones de habitantes, está en quiebra: se puede leer descripciones de cómo aumenta la población que acude a los vales de comida y a otros programas sociales para sobrevivir a la crisis.
Más de $27 mil millones del plan anunciado por Obama serán destinados a los gobiernos estatales y locales que enfrentan sus propias crisis presupuestarias, para atender la demanda por sus servicios, salud, educación, vivienda y asistencia a los desempleados, que siguen subiendo, en la misma medida en que sus ingresos caen en picada.
Esta situación ha arrastrado a los mercados latinoamericanos y europeos, que acompañan el norteamericano en su caída, mientras Japón se mantiene en una crisis profunda desde hace ya varios años.
«El mercado está aguardando explicaciones sobre el funcionamiento del plan de socorro a los bancos y con temor a la quiebra de las automotrices en Estados Unidos», dijo Luiz Roberto Monteiro, asesor de inversiones en la bolsa de Sao Paulo, Brasil. Pero lo mismo está ocurriendo en México, Buenos Aires o Santiago de Chile. Arrastrados por la caída de los precios de las materias primas, las bolsas se derrumban, mientras las monedas latinoamericanas y el euro caen frente a un dólar debilitado, pero que, paradójicamente, luce fortalecido frente a las demás economías.
