El nuevo presidente paraguayo, Federico Franco.

Tras la destitución del presidente Fernando Lugo el pasado 22 de junio, votada por el congreso paraguayo en solo 24 horas, la sombra de los golpes de Estado vuelve a planear sobre América Latina.

Esta repite la experiencia de hace tres años, cuando fue derrocado el presidente Honduras, Manuel Zelaya. La destitución de Lugo abre una nueva crisis política en la región, que se resiste a aceptar el nuevo gobierno encabezado por el hasta entonces vicepresidente, el liberal Federico Franco.

POCA EXPERIENCIA

Pese a su poca experiencia política, el exobispo Fernando Lugo puso fin, en el 2009, a seis décadas de gobierno del Partido Colorado, más de la mitad de ese período bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner.

“El acceso de Fernando Lugo a la presidencia en 2009 puso a Paraguay a tono con la nueva América Latina que ha surgido desde el inicio del nuevo siglo”, se dijo entonces. Al igual que lo ocurrido en México, donde 70 años de gobierno de Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegaron a su fin, en otros países de América Latina —como en Paraguay— las viejas estructuras políticas de poder eran remecidas.

Pero Lugo no tenía base política propia. Llegó al gobierno apoyado por una heterogénea coalición compuesta por movimientos de izquierda y por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), eterno aspirante al poder y rival del Partido Colorado; con el cual no tiene grandes diferencias programáticas. Se estima que los liberales aportaron a Lugo más del 75% de su caudal de votos.

Este aislamiento del presidente paraguayo quedó en evidencia en las votaciones en el Congreso y el Senado, en el proceso que llevó a su destitución. La solicitud de juicio político, que aprobó la Cámara de Diputados, contó con 76 votos a favor y solo uno en contra; mientras que, al día siguiente, el Senado lo destituyó por 39 votos contra 4, argumentando “mal desempeño de sus funciones”.

DEBILIDAD

Raúl Zibechi, columnista del periódico mexicano La Jornada, señaló que “el gobierno de Lugo siempre tuvo una enorme debilidad institucional. En el Parlamento apenas contaba con un par de diputados de entre 90 y otro par de senadores de 45, los demás pertenecen a su aliado principal, el PLRA, un partido de derecha moderada que no llegaba al gobierno desde hacía 70 años y que apoyó a Lugo por su enorme popularidad”.

En su opinión, “Lugo llegó al Gobierno por el apoyo que le brindó el principal movimiento paraguayo: el campesino. Pero desde que llegó al Gobierno, se dedicó a construir una fuerza propia en el aparato estatal, lo que tuvo dos consecuencias: tuvo que hacer permanentes concesiones a la derecha, no hizo la prometida reforma agraria y decretó el Estado de excepción en dos oportunidades en buena parte del país”.

Las relaciones entre Lugo y el PLRA siempre fueron tensas y el vicepresidente Franco solo se mantenía a la expectativa del momento adecuado para hacerse con el Gobierno. Momento que parece haber llegado ahora, cuando las fuerzas políticas se preparan para una nueva contienda electoral. Las presidenciales están previstas para el 21 de abril del 2013, mientras que las parlamentarias se llevarán a cabo entre diciembre y enero próximos.

“Sin bases políticas propias y sin posibilidad de reelección, Lugo tenía problemas para imponer un candidato. Fue entonces cuando cometió un error imperdonable para los liberales: empezó a negociar una nueva alianza con un grupo de colorados, perteneciente al sector que lidera la presidenta del partido, Lilian Samaniego”, señaló un analista de la situación paraguaya.

EL PRETEXTO

La excusa para la destitución de Lugo fue un enfrentamiento ocurrido el 15 de junio pasado, entre la policía y campesinos que habían ocupado tierras en la localidad de Curuguaty. Allí, murieron seis policías y once campesinos. Cerca de 50 quedaron heridos, algunos de gravedad.

“Los datos indican que fue una emboscada a los policías hecha por profesionales infiltrados entre los campesinos que ocupaban una tierra. Nunca en la larga historia de lucha por la tierra de Paraguay hubo un enfrentamiento de ese tipo. Nunca los campesinos habían disparado contra la Policía, siempre fue al revés. Fue un plan para generar un hecho político lo suficientemente fuerte como para provocar consecuencias drásticas”, estimó Zibechi.

Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la región oriental del Paraguay, a unos 200 km de la capital, Asunción. “A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989), bajo ese régimen amasó una inmensa fortuna”, explicó Idilio Méndez Grimaldi, periodista e investigador paraguayo. Pese a eso, se alió al general Andrés Rodríguez, quien derrocó a Stroessner.

Riquelme, un hombre de 83 años, “uno de los terratenientes más famosos del Paraguay”, expresidente del Partido Colorado por muchos años y exsenador, es dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, y se le acusa de haberse apropiado mediante subterfugios de unas 2000 hectáreas, que reclaman ahora los campesinos”.

El obispo de Misiones y Ñeembucú, monseñor Mario Melanio Medina, calificó la destitución de Lugo y a la toma de poder de Federico Franco, como “un golpe del parlamento” y lo atribuyó a la “angurria” de los terratenientes, entre ellos Blas N. Riquelme.

¿LA MANO DE MONSANTO?

Detrás de este pretexto y de los conflictos por la tierra, surge también el agronegocio.

En un detallado trabajo publicado por Méndez Grimaldi, se explica que detrás del conflicto está la mano Monsanto, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo.

El 21 de octubre de 2011, “el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar”.

El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), dirigido por Miguel Lovera, “no inscribió la semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, como exige la legislación”.

“Durante los meses posteriores, Monsanto, por medio de la Unión de Gremios de Producción (UGP), estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo y que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país”, explicó Méndez.

“La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner”, en 1967, afirma Méndez Grimaldi.

El periodista paraguayo afirma que los latifundistas no pagan impuestos en el país. Las transnacionales del agronegocio prácticamente no lo hacen tampoco, protegidas en sus intereses por el Congreso, dominado por la derecha.

Mitad exportaciones están en el MERCOSUR

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PIB de Paraguay creció un 15% en 2010, hasta cerca de 18.300 millones de dólares, pero en 2011 se desaceleró a un 3,8% y este año, según las previsiones del organismo, se contraerá un 1,5%.

Con una economía que no alcanza a representar el 1% del PIB del MERCOSUR, Paraguay es el socio con menor desarrollo y mayor dependencia económica y comercial del resto de sus miembros.

Paraguay coloca en el MERCOSUR casi la mitad de sus exportaciones. En 2011 exportó al bloque por 2.817.000.000, sobre ventas totales a todo el mundo por $5.518.000.000

Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85% de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2% de propietarios, quienes se dedican a la producción extractivista o a la especulación sobre la tierra.

La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60% del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado (IVA).