Atrapados entre su poca simpatía por el régimen del presidente Hugo Chávez, en Venezuela, y las normas de la Carta Democrática aprobada en septiembre pasado, en Lima, los gobiernos del hemisferio oscilaron entre el apoyo o la cuidadosa condena a los golpistas.
Los gobernantes de América Latina reunidos en San José examinaron la situación incierta de Venezuela.
Fue el presidente de El Salvador quien se adelantó a los acontecimientos y reconoció al régimen encabezado por el presidente de la Federación de Cámaras de Venezuela, Pedro Carmona. Tanto se apresuró que este reconocimiento llegó antes de que cayera el nuevo régimen, pese a que solo duró 24 horas.
Estados Unidos y España, país este que preside la Unión Europea, tuvieron tiempo de citar a sus embajadores en Caracas con el presidente Carmona.
Mientras tanto, reunidos en San José los 19 países del Grupo de Río, precisamente el viernes 12 , cuando Carmona asumió la presidencia de Venezuela, la cita se transformó en un gran órgano de consulta sobre lo que ocurría en Caracas.
Hace tan solo siete meses, los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron en Lima, la Carta Democrática Interamericana, que contempla sanciones para cualquier gobierno surgido mediante procedimientos inconstitucionales. El dilema en este caso es que se trataba del derrocamiento de un régimen que goza de pocas simpatías, especialmente en Washington.
PRESIONES
En febrero pasado, el Secretario de Estado, Colin Powell, dio declaraciones ante el congreso de su país donde criticaba posiciones del gobierno de Chávez. Al mismo tiempo, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) George Tenet, se refería a la difícil situación de la economía venezolana, produciendo, al día siguiente, una fuga de capitales estimada en $1.600 millones. Comenzaron entonces a desgranarse las fuerzas armadas, con una bien organizada serie de denuncias de militares activos contra Chávez, cuidadosamente escalonadas en el tiempo, lo cual generó una sensación de incertidumbre y la apariencia de que los opositores eran más de los que parecían.
Todo esto culminó con el paro convocado la semana pasada por Fedecámaras y la Central Venezolana de Trabajadores (CTV), que agrupa a un sector importante del movimiento sindical, pero no a todo. El Secretario de la CTV fue también recibido en el Departamento de Estado, en otro gesto inusual, poco antes del inicio de la ofensiva contra Chávez.
En ese escenario, con miles de personas en las calles de Caracas protestando contra el gobierno, el paro fue declarado indefinido y la tensión aumentó, con disparos y el anuncio de la muerte de más de una decena de personas.
En esas circunstancias, Chávez pareció perder el apoyo de las fuerzas armadas y Carmona asumió la presidencia; anunció el cambio de nombre del país (que volvía a ser República de Venezuela, sin el término «Bolivariana» introducido en la nueva constitución), el cierre del congreso y la Corte Suprema.
Por su parte, los medios de prensa, que acusaban a Chávez de violar la libertad de expresión, ejercían una completa censura sobre cualquier información proveniente de fuentes cercanas al entonces expresidente. Un artículo al respecto podía leerse en la página de Internet de la BBC, de Londres, dejando en evidencia la naturaleza del golpe en marcha.
CONDENA
Con los acontecimientos en pleno desarrollo, la cumbre del Grupo de Río tuvo que dedicar gran parte de su sesión, en la mañana del viernes 12, a la crisis de Venezuela.
Los largos debates concluyeron con una declaración leída por el presidente Miguel Angel Rodríguez, acompañado por sus colegas de la troika (Ricardo Lagos, de Chile; y Alejandro Toledo, de Perú) que encabezan los trabajos del Grupo.
La declaración evitó cuidadosamente calificar de «golpe de Estado» lo ocurrido en Venezuela y condenó «la interrupción del orden constitucional», un matiz importante para cualquier eventual aplicación de las normas contempladas en la Carta Democrática, la que invocaron también para solicitar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
El presidente mexicano, Vicente Fox, leyó un comunicado propio sobre la situación en la que tampoco hablaba de golpe de Estado, sino de «interrupción violenta del orden constitucional» y pedía «la aplicación de los procedimientos establecidos en la Carta Democrática Interamericana ante la ruptura del orden democrático en Venezuela».
Toledo posteriormente, volvió sobre el tema de la Carta, al señalar que estaba sometida, por primera vez a prueba, y afirmó que serían los gobiernos los que decidirían si se debía aplicar «estrictamente» en este caso.
El retorno de Chávez al poder resolvió, por ahora, el dilema.
CUBA
El otro tema que concentró la atención de la prensa antes de que estallara el conflicto en Venezuela, fue el anuncio del presidente uruguayo, Jorge Batlle, de que su país patrocinaría una resolución sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. El presidente Rodríguez, quien lo acompañaba en una conferencia de prensa, el 10 de abirl, dijo que Costa Rica copatrocinaría esa resolución. Al día siguiente, Toledo reivindicaría también esa tesis, a la que se sumaron los países centroamericanos, incluyendo Panamá, Argentina y Canadá.
Ya circulaba entonces, y había sido publicado en diversos medios de comunicación del continente, el contenido de ese acuerdo, cuyo origen se atribuía a Washington.
Cuba rechazó, desde el principio, cualquier resolución de la Comisión que singularizara la realidad de su país, atribuyéndola a la necesidad del gobierno de EE.UU. de mantener el tema en la agenda regional.
El texto, que no condena a Cuba, pide, sin embargo, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haga una visita a la isla. Mediante ese cambio, Washington renunció a la condena de Cuba, pero logró aglutinar un bloque latinoamericano en torno a la resolución, cosa que no había ocurrido en el pasado.
Planteado durante la cumbre del Grupo de Río, aunque no era parte de la agenda, el tema crea divisiones que debilitan cualquier acción latinoamericana.
La decisión de Costa Rica de patrocinar la resolución, en el marco de los procedimientos de la Comisión de las Naciones Unidas que han sido tan fuertemente cuestionados por el propio gobierno costarricense, podría debilitar también la iniciativa que presentó al Grupo de Río, para reformarlos.
Ambos acontecimientos -el golpe en Venezuela y la resolución sobre Cuba- dejan en evidencia las tensiones que se generan ante cualquier intento de cambios políticos en América Latina, fuera del actual marco del neoliberalismo, y hace crujir todo el sistema, dentro de la incómoda camisa de fuerza con que ha sido vestido.
