El partido político, base imprescindible del sistema democrático, ya no representa al ciudadano, porque se ha convertido en una plataforma de oportunidad de negocios privados inescrupulosos, que solo beneficia a sus líderes −los políticos tradicionales− y sus socios, que nada tiene que ver con los intereses del grupo, mucho menos con ideologías y menos aún con el bien del país. Similar situación sucede con los líderes gremiales y sindicatos. Entonces el ciudadano común, el que no está dispuesto a coludirse o el que no “agarró tajada”, se distancia del partido, se “decepciona”, no ve cumplidas las promesas, es un elector “insatisfecho”, “desilusionado”, ya no “cree” en el sistema democrático.
Sin embargo, muchos de estos electores pertenecen a convenciones colectivas y sus variantes, que consiguen privilegios y ventajas a costa de la sociedad, un fraude grupal y anónimo al resto de los ciudadanos. Muchos funcionarios públicos, desde el más conspicuo hasta el más modesto, llegaron ahí buscando sacar ventajas personales: desde grandes negocios a costa de los recursos públicos sin ningún beneficio tangible, pasando por salarios astronómicos que la ciudadanía paga a personas mediocres e ineptas −por decir lo menos−, hasta el tráfico de incapacidades laborales o pagos extraordinarios fraudulentamente justificados. Muchos electores visualizan en un gremio o en un puesto público, una oportunidad de ascenso y movilización social, sabiendo que no están capacitados para tal responsabilidad, o peor aún, que conseguirán granjerías disfrazadas de derechos laborales. Muchos empresarios, grandes y pequeños, ven una oportunidad de negocios fáciles, traficando con el político profesional, a sabiendas que sus privilegios, asesorías o servicios no son justos ni necesarios, ni representan ningún beneficio para la sociedad que invierte en ellos.
En décadas pasadas, existía mayor participación electoral porque el partido gobernante era paternalista; el elector solo tenía que emitirle su voto. Hoy, ya no alcanza la cobija y al ciudadano le toca proponer, exigir rendición de cuentas y sobre todo, participar del sistema democrático: esto es, honrar su puesto público o privado trabajando para su beneficio y el de la sociedad, no en contra de ella; rechazando, como mínimo moralmente, las prácticas fraudulentas de todo tipo y calibre, que ve pasar a diario frente a sus ojos; y honrar su puesto social de empresario, fomentando los negocios honestos y productivos con el Estado y con sus conciudadanos.
La democracia es un sistema participativo, en el que los ciudadanos eligen a sus dirigentes, pero satisface si todos funcionamos bajo las mismas leyes, no solo jurisprudenciales –que hoy están completamente tergiversadas−, sino éticas. No es delegar sin participar, ni renunciar al sufragio por no creer en “los políticos”, ni es sacarle el mayor provecho personal en desmedro de todos los demás. El problema no pasa por el sistema, sino cómo lo utilizamos. Hablar de desconfianza o desilusión, o pérdida de credibilidad del votante es una falacia, porque el elector mismo es el sistema, y él tiene la decisión en sus manos sobre el tipo de sociedad en que quiere vivir.
