Verónica Aragón vive en esta vivienda desde hace más de un año, pues también fue víctima en varias ocasiones de la destrucción de su casa, al igual que sus cosechas, durante los desalojos. Ella siembra, maíz y frijoles. (Foto: Katya Alvarado)
Más de un centenar de familias que habitan desde hace tres años en la finca Naranjales Holandeses, en Medio Queso de Los Chiles, celebró el acuerdo de expropiación resuelto por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), a la vez que afirmó sostener la lucha para lograr que finalmente se formalice la posesión de las tierras lo que, según el Gobierno, todavía tomará “algún tiempo” en suceder.
Aunque el acuerdo de expropiación es “un triunfo “para las familias, los campesinos que habitan la finca −unas 150 familias− consideran que ahora se enfrentan al reto de sortear “los requisitos inalcanzables” para la mayoría de ellos, los cuales, según consideran, forman parte de una “estrategia” para favorecer a grupos de otras zonas interesados en instalarse allí.
“Sí, estamos muy contentos y satisfechos con el acuerdo, pero esa decisión de expropiar no la tomaron porque ellos quisieron sino por la presión que hemos hecho durante estos años, movilizándonos al INDER y a Casa Presidencial”, manifestó Jessenia Barraza, presidenta del Comité de Lucha y representante de la Asociación Integral de Campesinos de la comunidad de Medio Queso.
Por su parte, para Héctor Monestel, abogado que los representa, la lucha por la tierra en Costa Rica sigue siendo un tema “muy difícil” y en este caso, aunque celebra la expropiación, coincide que es la primera etapa de un proceso que sólo concluirá cuando ellos sean los legítimos propietarios de esas tierras.
Una historia de desalojos
La lucha en la historia de Medio Queso se inició en abril del 2011, cuando unas 315 familias campesinas sin tierra ocuparon la finca Naranjales Holandeses, de inversionistas extranjeros, arrendada a un empresario nacional llamado Elmer Varela.
Según testimonios de los mismos campesinos, estas tierras “no se encontraban cultivadas”, por lo que decidieron habitarlas y sembrar granos básicos y tubérculos, principalmente.
De esa fecha hasta noviembre del 2012, las familias enfrentaron al menos 4 desalojos, con reportes de múltiple destrucción de viviendas (ranchos) y cosechas e, incluso, con heridos de bala.
Juan Pablo Rivas, de 37 años de edad, afirmó ser unos de esos afectados. De tres balazos recibidos, todavía tiene dentro de su cuerpo dos balas, que no se las pueden extraer debido al riesgo que implica.
“Sufro muchos dolores desde hace dos años y solo puedo trabajar pocas horas en fincas donde me contraten. No puedo recibir sol, y es difícil, pues soy agricultor”, lamentó.
Rivas tiene una parcela en la que cultiva −para el autoconsumo− maíz, yuca y frijoles.
Sólo una parte va a clasificar
Daniel Arias, representante del INDER en Santa Rosa y quien ha venido coordinando la elaboración del estudio de precalificación, afirmó que en este momento la Institución se encuentra en la fase de negociación para el pago de la expropiación y del estudio que determinará cuáles familias se quedan y la cantidad de tierra que se le asignará a cada una.
“Estas listas (unas 150 familias) se hicieron en coordinación con las dos líderes de la comunidad, y los requisitos que se piden son los establecidos en el reglamento de solicitantes de tierras del INDER”, detalló.
“A los que clasifiquen se les arrienda el terreno (si es parcela, granja familiar o lote de vivienda) por tres años, donde deben demostrar que son productores agropecuarios; luego se les vende a un precio simbólico”, agregó Arias.
Jessenia Barraza criticó la posición del INDER al funcionar como “un banco”, pues una vez que las familias logren pasar el filtro de los requisitos y la “prueba” de los tres años, quedarán con una “jarana” de unos ¢24 millones (dependiendo del tamaño del terreno), la cual deberán pagar en un plazo de 20 años. “Tenemos que pagar la finca, no nos la van a regalar”, reclamó.
Para Monestel, esta situación significa una reconceptualización del INDER, en materia de adjudicación de tierra a los campesinos.
“Se ha convertido en un ente financiero y la gente va a tener que pagar una millonada. Se debe vender de acuerdo con las características de las familias”, alegó.
En su criterio, los 3 años de “prueba” siguen dejando el tema de la posesión en estado vulnerable, “porque es dada por reglamentos y éstos pueden cambiar; además, hay un problema de jerarquía legal, porque no pueden estar por encima de la Ley”, criticó.
Recuadro:
Foto 1:
Jessenia Barraza, presidenta del Comité de Lucha de Medio Queso: “Antes de venir acá lo que hacíamos era trabajarle a los patronos, como las piñeras o en el cultivo de naranja”. (Foto: Katya Alvarado)
“Atolillo con el dedo”
La líder comunal Jessenia Barraza ve con suspicacia el acuerdo del INDER para lograr la expropiación y, más bien, asegura que, tras el anuncio, lo que han recibido es “atolillo con el dedo”.
Se refiere al listado de requisitos que le dirá al INDER quién puede quedarse en la tierra y quién deberá irse, así como la cantidad de terreno por trabajar.
La segunda parte de la hoja de requisitos les solicita, por ejemplo, la presentación de constancias de títulos de cursos de capacitación, contratos de arriendo de predios, factura por compra de insumos agropecuarios y antecedentes crediticios en el área agropecuaria, así como capacidad técnica del solicitante y los ocupantes.
Con indignación, Olman Sandoval criticó que este tipo de requisitos se los pidan cuando ellos no cuentan con capacidad de crédito en ninguna institución, por lo que en algunos de estos aspectos muchos de ellos −que ocupan la finca desde hace casi tres años− no resultarán “clasificables” para la obtención de ninguna categoría de terreno.
“Si uno no tiene propiedades cómo va a tener con qué responder; sentimos que es una burla lo que nos están haciendo. ¿Cómo íbamos a vender si cada vez que teníamos una siembra con los desalojos nos destruían las cosechas?”, cuestionó.
Barraza también considera que los requisitos son una dificultad para muchas de estas familias; será difícil demostrar la venta de sus productos porque lo que producen −cuando es posible− se lo venden a intermediarios, que les compran “regalado” el producto y, a veces, “ni siquiera se los pagan”.
Según el documento, fechado el 5 de diciembre del 2013 y firmado por todas las familias, si al cumplir el plazo de 45 días no se presentan todos los requisitos, la solicitud “se archiva sin continuar el trámite”.
