El jueves 26 de marzo se cumplió ya medio año del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Acontecimiento brutal, ya clasificado como crimen de lesa humanidad, que ha abierto un parte aguas en la actualidad de la política y de la institucionalidad del Estado Mexicano.
En el “Río de las Calabacitas”, hoy el grito conjunto de las voces amordazadas y reprimidas emerge del silencio de la muerte, a través de los miles y miles de pasos de quienes por toda la República Mexicana no han parado de marchar exigiendo la aparición de los 43 estudiantes normalistas. Emerge a través de las pancartas y de las incansables protestas solidarias; a través de las movilizaciones estudiantiles y de las múltiples palabras escritas por figuras señeras de la intelectualidad mexicana; a través de los informes de los distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de otra índole (CNDH, CIDH, ONU) que hablan de tortura sistemática y que demandan al Gobierno Federal de la República Mexicana esclarecer la verdad sobre los brutales “hechos” de Ayotzinapa y sentar las correspondientes responsabilidades institucionales.
Sin embargo, la posición del Gobierno Federal mexicano ha sido y continúa siendo inconmovible en sostener su “verdad histórica”: los 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados por bandas del crimen organizado y después quemados en un basurero de Cocula. No hay nada más qué decir, caso cerrado. Por otra parte, según señala la actual Procuradora General de la República, Sra. Arely Gómez González, tampoco ningún organismo especializado ha presentado ninguna prueba de que en Ayotzinapa se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. “Pasemos la página y vuelvan a la normalidad”, ha sentenciado el presidente Lic. Enrique Peña Nieto. “Supérenlo ya”, ha dicho el ex presidente Vicente Fox Quesada.
A diferencia de las voces oficiales que rechazan cualquier responsabilidad suya y que han tomado la decisión de dar por concluidas las investigaciones y por cerrado “el caso”, que desconocen y rechazan además incluso hasta el informe presentado por el enviado especial de la ONU, las familias, padres y madres de los 43 estudiantes normalistas, han decidido tomar los caminos del mundo y llevar su denuncia y reclamo de justicia a diferentes foros internacionales. Totalmente inesperado. Las altas autoridades del Gobierno mexicano jamás hubieran esperado que llegara por fin una primera vez en que fallaran tanto sus cálculos y sus controles sobre las comunidades empobrecidas, marginadas y excluidas del campo mexicano. Las familias de los 43 estudiantes hoy no solo cuentan con un reconocimiento y un insoslayable respaldo en el contexto de la sociedad mexicana, sino que además han logrado posicionar su protesta y reclamo alrededor de todo el mundo; han logrado obtener respeto, admiración, cariño y solidaridad mundial.
De aquí en adelante, Ayotzinapa ya es una impronta de valentía y de dignidad de alcance cósmico en la historia mexicana. Más importante y valiosa aún, que cuanto acontece en la cúspide de aplicación de un modelo de desarrollo y de gobierno, que tiene como una de sus principales características el desprecio absoluto por las personas, por la vida y por la sustentabilidad de la naturaleza. Ayotzinapa representa el reclamo profundo y concreto por el derecho a la vida y por el respeto a la dignidad humana.
