El día 12 de abril, poco antes del mediodía, una nutrida tropa de agentes OIJ y del Ministerio de Seguridad, portando armas de fuego y chalecos antibala, incluyendo agentes encubiertos vestidos de civil, irrumpió violentamente en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la UCR, e irrespetando los retenes de la Seguridad y Tránsito interna de la UCR, acordonó y allanó el edificio de Residencias Estudiantiles.
Esta acción la realizan sin contar con la más mínima coordinación con las autoridades universitarias, violando flagrantemente la autonomía universitaria, estipulada en el artículo 84 de la Constitución Política.
Frente a semejante atropello, estudiantes, trabajadoras y trabajadores universitarios, exigimos la salida de esa tropa del campus, y únicamente por ese motivo, fuimos brutalmente agredidos dentro del campus y fuera de éste. Este gran operativo y avasallador despliegue policial, haciendo gala de arbitrariedad y prepotencia, el OIJ afirma que fue para detener a un oficial de tránsito de la UCR, indagado por la comisión de un supuesto delito de concusión. Esta versión es completamente inverosímil. La violencia y magnitud del operativo no guarda ninguna proporción con el hecho delictivo supuestamente indagado. Para detener a un solo oficial de tránsito de la UCR, a quien según afirma el OIJ encontraron in fragangti, previa y debidamente identificado, con lugar de trabajo y domicilio fijo, de ningún modo se justifica semejante despliegue de fuerza.
Este razonamiento nos lleva a concluir que la persecución del guarda de la UCR era una simple ecusa o pretexto, y que se trató en realidad de un operativo diseñado de antemano, con una clara intencionalidad política.
No por casualidad, el día de los hechos analizados, las y los compañeros de la dirigencia legítima de SINTRAJAP arrancan un paro en Limón y Moín, que fue sofocado con la ocupación policiaco-militar de los muelles, la expresa prohibición del ingreso de los principales dirigentes del movimiento, afianzando y dando continuidad al “golpe de estado” fraguado por el Ministerio de Trabajo y teledirigido desde Casa Presidencial, para descabezar a SINTRAJAP e imponer la dirigencia dócil encabezada por Douglas Brenes, desatando un clima de terror e intimidación entre las y los trabajadores muelleros. Con ello el Gobierno y sus socios han dado el ataque más brutal contra el derecho a la organización y autonomía sindical de las y los trabajadores, en aras de garantizar su fabuloso negocio con la entrega inconstitucional de los muelles a las corporaciones privadas portuarias, violentando la soberanía y destruyendo el patrimonio nacional.
El Consejo Universitario de la UCR se ha pronunciado claramente contra la concesión de los muelles y por el respeto a la autonomía y libertad sindical. El SINDEU, por su parte, ha tenido una activa participación en la defensa de los muelles del Caribe. Al mismo tiempo, se avizora una dura lucha por presupuesto justo para las universidades públicas, en la medida en que se requiere enfrentar la política fiscalista, restrictiva y neoliberal del Gobierno entrante de Laura Chinchilla, que es continuidad del gobierno de los Arias.
De manera que este es el escenario en que adquieren significación los desmanes del operativo del OIJ. Se trató de dar una lección ejemplar e intimidar a la UCR, que por su libertad de cátedra y autonomía, ha mantenido una posición crítica frente a aspectos importantes del proyecto neoliberal de la oligarquía. Así fue en la propia lucha contra el TLC, en la que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cuestionó la autonomía y pretendió imponerle una mordaza a las Universidades Públicas, junto a la directriz de las Contraloría para congelar los fondos de la FEUCR. Esta postura de denuncia y relativa independencia la UCR también se extiende a temas como la lucha por el agua en Sardinal, la expansión piñera, la minería a cielo abierto en Crucitas, etc.
Una prueba más de que la invasión del OIJ el 12 de abril es parte de una trama bien elaborada, es la rabiosa campaña mediática posterior para desprestigiar a la UCR, a los jóvenes revoltosos de los bloqueos, a los “chancletudos” universitarios, para acusar que la UCR quiere “impunidad” y “ser refugio de delincuentes”, de querer ser un estado independiente dentro de otro estado como el Vaticano, como con sorna se expresó Dall Anesse. Se trata de denigrar y negar la autonomía universitaria, de cara a la opinión pública. En esta misma línea el director del OIJ ha estado pidiendo mayor presupuesto, mientras aumentan los juicios y las prisiones están llenas, lo que sintoniza con las campañas electorales que giraron en torno a la aplicación de mano dura en seguridad.
Los sectores críticos y conscientes debemos cerrar filas para enfrentar esta campaña antiuniversitaria y antipopular, y siguiendo la hermosa tradición que, se fragua desde hace cuarenta años en la lucha contra ALCOA, honrar hoy en la práctica la consigna estampada en la placa colocada en nuestra plaza 24 de abril: “Violar la ley del imperio es defender los derechos del pueblo”.
