1. Falta de capacitación pedagógica y metodológica permanente a todos los docentes, lo que, de instituirse y considerando que quien se inicia en la docencia lo hace por vocación y no por obligación u otros motivos (escala social o política o, en el mejor de los casos, por necesidad económica), dicha preparación sabrá aprovecharse y, sobre todo, utilizarse en el fin último de ofrecer calidad en la enseñanza- aprendizaje universitaria.
2. Falta de actualización del profesor en los avances científicos de su materia (jurídica o de su especialidad), lo que, de procurarse, por medio de estudios de su disciplina o afines, dentro o fuera del país, hará descartar la idea del profesor «sabelotodo»; de aquel que no puede ignorar nada pues de darse ese «síntoma revelador» es signo indiscutible de que es «mal profesor» y ¡merecería la letra escarlata!. Por el contrario, hay que propiciar que los profesores de carrera (no «de acarrera») se les facilite optar por becas de estudio; permisos dentro de su jornada para investigar, para escribir el libro de texto de su curso o para revisar los planes de estudio de su curso. Por ello, también, debe eliminarse la idea «matemática» de que profesor es igual a X «carga académica», que se determina en función de cantidad (de grupos, de estudiantes, de comisiones, etc.), no de calidad o «excelencia» en su oferta docente, por demás fácilmente medible.
3.- Distanciamiento del personal administrativo. Debe involucrarse a este dentro del proceso educativo de modo que sea un importante eslabón en la formación del futuro profesional (en derecho, vg). Superar la idea de que el administrativo es sólo el encargado de los «trámites administrativos» y concebirlo más como soporte de la labor docente.
4.- Falta de infraestructura adecuada. Con profesores sin oficinas, o con ellas pero sin las mínimas condiciones para laborar; con aulas que no permiten un plan metodológico, sino es el meramente exponencial, donde los estudiantes deben «apiñarse» al tomar apuntes (metodologías participantes son difíciles de practicar); sin la necesaria tecnología (computadoras, INTERNET, multimedia, audiovisuales, etc); sin bibliotecas, estructuralmente seguras y con acervos bibliográficos actualizados y un servicio eficiente y facilitador, sin esos mínimos es imposible un aceptable nivel académico.
5.- Desigualdad en la asignación de estudiantes por grupo. El girar hacia metodologías novedosas en la enseñanza (de derecho u otras carreras), señala que más de 25 estudiantes ( que, en mi caso concreto, siempre anda por los 50 pupilos) por grupo es, sin ninguna duda, antipedagógico, con todo lo que ello implica.
6.- Falta de políticas de estímulos (económicos, académicos, humanos) para el personal administrativo y docente, que incidirá, según sea, positiva o negativamente en el bienestar estudiantil. Es más, si bien lo económico es muy importante, no lo es más que haya un ambiente laboral tranquilo, armonioso, pacífico. No se pierde autoridad si ésta se ejerce con transparencia, decencia, honradez, honestidad, consideración y con mucha armonía entre todos los actores de este escenario académico. Sin salud mental, emocional y estima de todos quienes estemos involucrados en este proceso académico, podrían aprobarse las más maravillosas obras de reingeniería académica, pero tales estarán destinadas al fracaso, pues el elemento humano es medio y fin en sí mismo y al faltar este nada ni nadie las sostendrán. El derrotero está señalado. ¡Por lo menos en Derecho es una renovada esperanza!
