Con el fin de reformar el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica (conocido empresarialmente como TEC), la Asamblea Institucional Representativa (AIR) de esa institución, conformó una comisión conocida como RETO en el año 2010. A partir de una metodología de procesos, procedente de la ingeniería industrial (empresarial/fabril) -a todas luces contradictoria e impropia para la visión y acción universitaria estatal y sus especificidades: planificación y toma de decisiones dentro de un marco de auténtica democracia participativa- la comisión se lanzó de lleno a la contrarreforma.
Desde el primer año se le hicieron críticas en cuanto a lo que se proponía era una universidad vertical y tecnocrática. Sin embargo, a pesar de los señalamientos y observaciones que múltiples dependencias y unidades académicas realizaron en la primera consulta, la Comisión RETO no varió su metodología. Y es que la creación de la comisión RETO en la AIR obedecía, formalmente, a un proceso de reforma total, cuyo objetivo primordial era convertir el estatuto en una normativa estable que no incluyera aspectos propios de reglamentos o procedimientos.
No se incluyó a ningún representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos – VIESA -, ya que la comisión se conformó por sectores – docente, administrativo, estudiantil – y no por dependencias. El error se potencia en la misma comisión a la hora de establecer procesos según la metodología que sigue un esquema lineal de producción: “entrada/procesos/salida”, se hace una valoración subjetiva y claramente ideológica, sin suficiente respaldo conceptual, que define como Macroprocesos Misionales a la Docencia, la Investigación y la Extensión, en una perspectiva lineal. Así, la vida estudiantil se invisibiliza, no como macroproceso transversal, sino como macroproceso de “entrada”.
En el acuerdo de la AIR no se menciona nada acerca de “procesos” en términos metodológicos. Por demás, el análisis exhaustivo de cada artículo confronta una serie de procesos operativos impropios de un Estatuto Orgánico (verbigracia funciones del Rector), el cual debería constituirse en el norte estratégico, conceptual y jurídico de una institución que, caso de las universidades públicas, adquiere carácter de Ley de la República; en otras palabras, se incluyen aspectos propios de reglamentos o procedimientos. Por eso extraña de inmediato la deslegitimación de la Ley Orgánica como documento fundacional y fundamental de nuestro ordenamiento y garante de nuestra específica autonomía.
Luego de aquel mandato, la Comisión RETO recibió la encomienda del Consejo Institucional de realizar un análisis estructural a partir de la metodología de procesos ya señalada, lo que, de alguna manera, replanteó significativamente las labores de la comisión, sobrepasando el encargo inicial de la AIR; de tal suerte que terminó tratando de adecuarse a dos objetivos disímiles y discordantes, los cuales se reflejan contradictoriamente en el resultado final.
RETO contó con dos y hasta tres tiempos completos para reelaborar sus propuestas durante cinco años, mientras que las diversas unidades de la institución no contábamos con el tiempo suficiente para reflexionar y producir al respecto. Esta situación planteó un procedimiento de consultas totalmente asimétrico: el resto de la comunidad institucional, especialmente los estudiantes, no estaba competentemente informado sobre el proceso y, cuando se le solicitó pronunciarse, no contó con el tiempo y espacio adecuados para hacerlo.
Debió abrirse un foro mayor para ampliar la discusión: el Congreso Institucional. Así debía discutirse sobre la institución que queremos para los próximos decenios; dicho de otro modo, cuál modelo universitario precisa nuestro país en las actuales condiciones de globalización inducida y de pérdida de espacios para la producción nacional y la cultura propia con sus valores intrínsecos. Lo anterior se agrava dado que el grueso de los acuerdos del III Congreso Institucional aún no se ha cumplido. La nueva propuesta de RETO invalida el carácter vinculante del Congreso Institucional.
El Estatuto Orgánico vigente es producto de un vasto movimiento participativo; un movimiento estudiantil organizado en torno a la democratización y ampliación de un ITCR identificado con la historia e idiosincrasia costarricense (1980-1982). A cambio, la propuesta RETO es una “limpieza” de este desde una comisión que excluye a la comunidad institucional en cuanto al trasfondo conceptual, académico y político de las reformas, así como de su peculiar tradición. Exigió justificaciones a cada uno de nuestros aportes, pero no fue capaz de justificar los planteamientos de un modelo no consensuado frente a la historia de la institución. Se omite un fundamental ejercicio académico a tono con la Universidad que decimos ser o representar.
0 comments