Como se indicó en nuestra nota anterior, la ofensiva contra los trabajadores de la educación pasa, por decir muchas verdades a medias. Discutimos como el artículo 71 de la Ley 7531( Ley exclusiva para el Magisterio Nacional ) afectaba de una manera muy fuerte a las pensiones con montos nominales altos; por lo tanto, en el Magisterio no hay jubilaciones ordinarias que sean realmente altas.
El Convenio 102 de la OIT «Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social» fue ratificado por Costa Rica y es ley de la República desde marzo de 1972. De acuerdo con nuestra Constitución Política es de un rango superior a las leyes ordinarias -artículo 7 de la Constitución Política-. Su nombre es claro Normas Mínimas.
La seguridad social, para los que creemos en nuestro «sistema democrático», es muy seria , no es cosa de juego, no es materia para estarla cambiando de acuerdo con la coyuntura del momento. El empleo constante y las jubilaciones justas son una parte importante de la seguridad social. Para mí y para la Comisión que coordino, la política de jubilaciones debe ser parte de las normas de empleo y contratación.
Costa Rica es un país de más maestros que soldados, no es una frase hueca , tiene un contenido material que ha sido sometido en cuanto a Jubilaciones y Pensiones, a unos cambios groseros en detrimento de los educadores.
De alguna manera, los múltiples fallos de la Sala Constitucional, en los que se indica que » el convenio 102 por su naturaleza, amplió y reglamentó los preceptos constitucionales», puso un freno a los intentos surgidos en la última década del siglo anterior y primera del presente, de destruir el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional.
En materia de leyes de pensiones hay contingencias cubiertas, plazos de espera para éstas. El convenio 102 no es la excepción, define plazos de espera.
Si estamos en materia social, la Sala Constitucional de manera muy atinada, aplicó todos los plazos y términos del Convenio 102 a los regímenes específicos, en nuestro caso, el del Magisterio Nacional. En este sentido, declaró en su momento inconstitucional el transitorio del artículo 2 de la Ley 7531 y estableció como 20 años, en lugar de 28 y medio años, como pretendía el gobierno trasanterior , el período en el que se alcanzan los beneficios totales de un régimen, el cual se puede disfrutar cuando se satisfagan los demás requisitos.
Es más, en la misma Ley 7531 en su artículo 41 se establecieron los famosos 20 años de residencia, suponemos que debido a consultas con la OIT local.
Algunos abogados, los menos, esperamos, dicen que para ponerse a derecho, se debe irrespetar lo que dice la Sala Constitucional, en especial a lo que al concepto de residencia se refiere. Como ingeniero y profesor de Matemáticas, considero, que carece de toda lógica, de parte de estos abogados interpretar en lo que a pensiones se refiere, el concepto de residencia como un concepto territorial, y sumamente grave llamar a irrespetar a la Sala Constitucional.
En los regímenes sociales, desde luego que hay ciertos derechos que se van adquiriendo con el transcurso del tiempo; por eso hay plazos de espera.
Creemos que los fallos reiterados de la Sala Constitucional en cuanto al Convenio 102 de la OIT, en especial el que se refiere al artículo 29, han enriquecido nuestra doctrina social.
Los intentos de algunos sectores gubernamentales de forzar a la Procuraduría de la República, a tomar este tema de nuevo e incluso de elevar consultas a la OIT, se parece mucho al debate acerca de los 200 días del curso lectivo y el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación; ambos están condenados al fracaso.
No es conveniente, bajo ningún punto de vista, dar la imagen de ser un país irrespetuoso de los convenios internacionales que ratifica nuestra Asamblea Legislativa, ya que las acciones provienen de ministerios que forman parte del gobierno.
Pese a todas estas explicaciones, debemos estar alerta.
