Unos años atrás, mi apreciado amigo Rafael Ugalde, en ese entonces redactor de este Semanario, realizó una serie de investigaciones periodísticas relacionadas con la experimentación clínica en seres humanos en Costa Rica.
Hubo voces que apoyamos sus resultados, mientras que otras dejaron en tela de duda los resultados planteados por Rafa.
El periodista trajo a la memoria los esfuerzos emprendidos en los años 70 por el Dr. Alfonso Trejos Willis para crear un adecuado marco legal para la experimentación en seres humanos, legalidad que había que sustentarla en fundamentos éticamente sólidos. También hizo un análisis de una investigación que había realizado una Comisión de la Asamblea Legislativa en materia de investigación clínica en el país.
Hoy, la prensa nos informa sobre un ensayo de vacuna contra el H1N1, en el cual participaron más de 700 voluntarios costarricenses, con edades comprendidas entre los 3 y 64 años y que fue realizado en estos últimos meses. También, la prensa nos entera que la casa matriz promotora del ensayo, se negó a una donación de vacunas solicitada por el Gobierno de la República. La solicitud de donación, tengo entendido, se planteaba como una retribución de “buena fe” que la empresa realizaría como reconocimiento a la participación de este grupo de costarricenses sujetos del experimento.
Esta donación sería un beneficio, por autorizar el ensayo en este país. En otras palabras, por consentir que un grupo de población se vinculara en una fase experimental de la vacuna.
De esto hay que tener en cuenta el elemento comercial de frente al interés público. El ensayo se hizo para una transnacional y esta se arroga el derecho de donar o no el producto probado con un grupo de población. Posiblemente los participantes lo hicieron bajo la férrea convicción de que su aporte iría a beneficiar a la humanidad como un todo. Los padres de los niños, no tengo la menor duda, lo hicieron de muy buena fe y con criterio de convicción, por lo que posiblemente no dudaron en firmar su autorización para enrolarlos en este ensayo clínico, conforme la normativa así lo exige.
Ciencia, interés comercial y acceso a las vacunas se conjugan en esta discusión. No me queda ninguna duda que los costarricenses que participaron en el ensayo clínico, no tenían en mente ningún tipo de interés comercial. Las personas participantes, si se indagara a fondo su sentir, posiblemente nos dirían que lo hicieron por el beneficio de la humanidad a pesar de los riesgos, por mínimos que fueran, a los cuales se vieron enfrentadas y las que, algunas de ellas, enfrentaron a sus hijos menores. Nos dirían que pusieron toda su confianza en la información recibida y en que el país se iría a beneficiar al contar con un medio de protección a la salud. Tampoco me queda duda que estos costarricenses y, toda aquella población debidamente informada, la próxima vez lo pensarán dos veces para someterse a ensayos clínicos de esta naturaleza.
La empresa costarricense en donde se realizó el ensayo y que convocó a los participantes, posiblemente explicará a la opinión pública sobre el interés que lo motivó: sea el de la ciencia, el interés comercial o el de un mejor acceso a las vacunas para la población en riesgo. Esta explicación se esperaría, aunque no tenga ninguna obligación para ello. Es una obligación moral con al menos las más de 700 personas que colaboraron con la empresa y sus reclutadores de pacientes.
Una pregunta final y recordando un proyecto que también puso sobre el tapete don Rafael Ugalde: ¿las mujeres de Guanacaste, dentro del principio de justicia distributiva, van a tener un beneficio por haber participado un grupo de ellas, en un proyecto fase III para probar una vacuna contra el papiloma humano?
