Fotocopiando para estudiar

Hay una tendencia mundial a endurecer las leyes de propiedad intelectual, llevando su protección a extremos absurdos e irracionales que atentan contra derechos humanos

Una grave amenaza se cierne sobre el derecho a la educación y la cultura causada por las leyes del TLC, que impiden el acceso a las fotocopias, en un país  donde la mayoría no podría seguir estudiando sin usar este recurso.

Hay una tendencia mundial a endurecer las leyes de propiedad intelectual, llevando su protección a extremos absurdos e irracionales que atentan contra derechos humanos de mayor importancia y jerarquía. Empezó con los acuerdos de la OMC que impusieron a los países en desarrollo obligaciones millonarias, de imposible cumplimiento para Costa Rica.
Como reconocieron jerarcas del Gobierno de los Arias, destinar los recursos que se necesitan para perseguir a todo el que copia software o música implica dejar de construir escuelas públicas y vivienda popular.
Aún así impusieron el TLC con cargas más desproporcionadas todavía y, no contentos con ello, aprovecharon para meter por la cocina obligaciones que ni el mismo tratado exige. Multas millonarias y penas de cárcel de hasta 6 años, más altas que las establecidas en la Ley 8422 para delitos de corrupción con fondos públicos.
Las leyes aprobadas no protegieron el uso de fotocopias para fines educativos. Solo exoneran actos “sin fines de lucro”, pero las fotocopiadoras son pequeños negocios. No pueden regalar las copias y los estudiantes no tienen dinero para comprarse sus propias máquinas.
Además eliminaron el principio de lesividad, que exoneraba todo acto de efectos insignificantes para los intereses de los dueños de la propiedad intelectual. Ahora se obliga al Estado a perseguir cualquier infracción que tenga un valor mayor a medio salario base y las corporaciones pueden presentar acusaciones privadas por cualquier infracción de cuantías inferiores.
Por si fuera poco, la Ley 8039 establece un sistema draconiano de medidas cautelares. El Registro se convierte en policía de las trasnacionales, pudiendo imponer, sin orden de un juez, medidas como el cierre de los negocios y el embargo de sus bienes. Todo esto en plazos de 3 días e incluso sin audiencia previa a la parte afectada. Por medidas mucho menos duras otros empresarios tienen bloqueada la ley para fortalecer al Tribunal Ambiental, a pesar de que ahí está en juego la vida y el ambiente y no simples intereses comerciales.
Los resultados ya los estamos sufriendo. Se anuncian las primeras demandas contra fotocopiadoras. Mientras el Gobierno y el COMEX hacen la del avestruz y siguen mintiendo, al menos los comercializadores de libros son transparentes. Fotocopiar es un delito, dicen. Para los que no pueden comprar los libros “están las bibliotecas públicas”, que tienen más de 30 años de abandono.
Tanto abuso se pretende excusar en la necesidad de proteger los derechos de los autores y creadores. Pero lo que no nos dicen es que las leyes del TLC más bien limitaron los derechos morales de los autores y dejaron sin efecto las normas que los protegían frente a la posición de poder de los editores. También dicen que es para fomentar nuevas creaciones y que los inventores recuperen su inversión. Pero más bien en EEUU se multiplican las quejas de investigadores que denuncian que estas reglas están limitando y dificultando la creación de nuevos conocimientos.

La codicia sin límites de unos pocos, a costa de los derechos básicos a la educación de todos los demás. En el fondo de eso tratan estas leyes. 
Por dicha frente a la tiranía de la codicia está la gente. La gente que se organiza, propone y lucha en las calles y en todas las trincheras para recordarnos, como decía M. Gandhi, que “en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad humana, ninguna tiranía puede dominarle”.
Fotocopiando para estudiar es el nombre del movimiento social integrado por estudiantes universitarios y de colegios, padres de familia, trabajadores y microempresarios de los servicios de fotocopiado que, con más de 10 mil firmas de apoyo, marcharon a la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de un proyecto de reforma a estas leyes injustas para proteger sus derechos, presentado por el diputado José Merino. Una lucha urgente que en nuestro país apenas empieza.

 

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