Aun más grave, desde 2009 los asesores regionales hemos impulsado la puesta en práctica de los programas de Educación Cívica en el marco de la Ética, Estética y Ciudadanía que se convirtieron en el proyecto estrella de la gestión del Ministro Garnier, quien ahora queda totalmente desacreditado para hablar de Ética cuando hay un fallo de la Procuraduría de la Ética en contra suyo. Esto resulta irónico por sí mismo aún más si consideramos los argumentos tan débiles como los que la Presidenta ha tratado de mantener impunes a él y a Liberman. Primero que todo, ¿quién ha redactado los argumentos a favor para buscar justificar la permanencia de Liberman y Garnier en sus puestos? La Procuraduría ya se manifestó. Aquí encontramos otra afrenta contra la igualdad ante la ley. Cuando se destaparon los escándalos del Ministro Herrero, su esposa y Villalobos el exdirector de Tributación por lo que la Presidenta, que llegó al poder con el lema de Firme y Honesta, los defendía diciendo que eran solo “lamentables descuidos”, no tuvo la misma consideración para los trabajadores honrados que denunciaron a sus jefes con la prensa, por el contrario la misma Presidenta ordenó seguir el proceso judicial para identificarlos y, por tanto, despedirlos.
Tampoco pueden alegar que las leyes son contradictorias porque la directriz que se emitió para impedir la emisión de cartas de recomendación se remonta a la Administración Figueres Olsen en 1997, con motivo de las recomendaciones de políticos a los hermanos chilenos López, que luego de ser acusados por las pérdidas del Banco Anglo se dieron a la fuga. Resulta que en esa administración Chinchilla era ministra de Seguridad, Herrero era ministro de Hacienda, su esposa ministra de Comunicación, Garnier era ministro de Planificación y así podríamos seguir con una larga lista de políticos profesionales que aún se encuentran vigentes en puestos decisivos, pero que ahora padecen flaca memoria, entre ellos Eduardo Doryan quien era ministro de Educación y emitió una clara directriz para que docentes ni administrativos emitieran cartas de recomendación con logotipo, sello, firma y puesto del firmante. Todo esto se ratificó en la Administración Pacheco con la aprobación de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, siendo que la actual Presidenta era diputada, empero ahora pretende desconocer dicha legislación y buscarle contradicciones a conveniencia.
Peor aún, el asunto no se debe ver como una simple emisión de inocentes cartas de recomendación como lo han pretendido minimizar; es que con ellas Florisabel Rodríguez no satisfecha con los 775 mil dólares que su consultoría PROCESOS obtuvo con Ética, Estética y Ciudadanía, se fue a RECOPE a “competir” por otro millonario contrato contra “ferreterías”. Además, si lo que ocupaba era una constancia de tiempo servido y no una carta de recomendación para influir en RECOPE, ¿por qué no lo pidió ante la Dirección de Recursos Humanos? También se lo pudo extender Dyalah Calderón, quien era la Directora Adjunta del Proyecto Ética, Estética y Ciudadanía, pero no, se la dio el Ministro en papel membretado de su Despacho, con sello y firma. Por lo que el fallo de la Procuraduría es justo, porque la carta cumple con un objetivo: recomendar.
Lamentablemente, vivimos en un medio donde los políticos se aferran a sus puestos pese a que su posición sea indefendible ante la opinión pública cansada de estar oyendo excusas. Además de la miopía de funcionarios de alto rango como Liberman y Garnier, que si quisieran hacerle un favor a su amiga Presidenta salen solos y no seguirla desgastando luego de los desaciertos con Herrero, la hoy degradada trocha fronteriza y tantos otros casos que enardecen al pueblo cuando nos damos cuenta que la ley no se aplica parejo. Así que señor Ministro Garnier, hágale un favor a su amiga o amigas, a la clase política a la que pertenece sin ninguna credibilidad, al pueblo, a los programas de Ética que ha promovido, al país, a usted mismo y en términos futboleros: pida cambio. ¡Renuncie!
