En los últimos días, hemos leído en varios medios de comunicación apreciaciones inexactas sobre el tema del arroz contaminado con aflatoxinas.
En mi calidad de Directora del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), me siento en el deber de referirme a lo actuado, porque hay quienes han argumentado ineficiencia en los controles, cuando en realidad, el problema fue detectado y resuelto, precisamente gracias al trabajo de inspección oportuna que realiza el SFE.
Debo explicar a la opinión pública que, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas que enmarcan el accionar de esta dependencia, durante el año 2010 el SFE realizó 9.883 inspecciones en todo tipo de importaciones de productos agrícolas, así como 3.372 muestreos para diagnóstico fitosanitario y de residuos de plaguicidas.
El arroz contaminado con aflatoxinas no fue la excepción de esta inspección fitosanitaria. Es una obligación nuestra realizarla, y es una actividad propia y cotidiana de los controles que realiza diariamente el SFE ante el ingreso de productos agrícolas al país.
Con el fin de aclarar el procedimiento para el ingreso y nacionalización del arroz citamos: Una vez que atraca un barco con producto agrícola que requiere la intervención de las autoridades del SFE, el agente aduanal solicita la inspección de Cuarentena Vegetal al cargamento y se extraen cuatro muestras que deben ser verificadas en laboratorio. En el caso particular de este arroz importado, estas se tomaron el 27 de octubre del 2010.
Las muestras se enviaron a las instancias competentes el 28 de octubre del 2010. La primera es remitida al laboratorio de diagnóstico de nuestro servicio (ubicado en Caldera) que brinda resultados inmediatos sobre la ausencia o presencia de plagas cuarentenarias o de importancia económica; la segunda se dirige al laboratorio de residuos del SFE (ubicado en Barreal de Heredia) para analizar la presencia de residuos de plaguicidas; la tercera se remite al CNP para que se apliquen las pruebas oficiales de calidad del producto importado; y la cuarta se dirige al CIGRAS en la Universidad de Costa Rica para el análisis de aflatoxinas.
Es importante aclarar que la internación del arroz en granza se efectuó una vez obtenidos los resultados del laboratorio de diagnóstico fitosanitario, donde se comprobó la ausencia de plagas cuarentenarias o de importancia económica, en cumplimiento de la Nota Técnica 35 del Arancel Centroamericano de Importación, y de lo dispuesto en la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664. Esta autorización está basada únicamente en la condición fitosanitaria del envío.
Las muestras para aflatoxinas, calidad y residuos de plaguicidas, materias reguladas por el Ministerio de Salud, CNP y el SFE, respectivamente, en el marco del Decreto de Verificación Conjunta, son tomadas por los oficiales de Cuarentena del SFE, ya que el Ministerio de Salud no efectúa controles en frontera; sin embargo, es importante destacar que estos resultados no condicionan la internación del producto, toda vez que las disposiciones legales contenidas en la legislación de salud, plantean la verificación en destino.
En este sentido, el Ministerio de Salud recibió de parte del SFE el día 10 de noviembre pasado, la notificación con los resultados positivos de los niveles de aflatoxinas presentes en el arroz importado, así como la información sobre los importadores registrados y la ubicación de las bodegas donde fue destinado el producto para que procediera de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud. Una vez cumplido este procedimiento el Ministerio de Salud notificó de inmediato a los importadores sobre los resultados obtenidos y la obligación de destrucción del producto.
En ningún momento se han descuidado los controles fitosanitarios, sino que, por el contrario, se ha aplicado correctamente la Ley No. 7664 “Ley de Protección Fitosanitaria” y sus reglamentos.
De igual manera, nunca se ha puesto en riesgo la salud de la población costarricense, ya que en este caso y como siempre, se han seguido los procedimientos de coordinación con los entes competentes, para el control sanitario y de calidad establecidos en la normativa.
