Las cuatro universidades públicas han sido instrumento eficaz para el mejoramiento de la calidad de vida en general y para el progreso de la sociedad costarricense, mediante la formación de miles de profesionales y el desarrollo y utilización de nuevos conocimientos en todos los campos de la vida social. Las universidades públicas no son cuatro islas, alejadas de las necesidades de desarrollo del país.
Por el contrario, a ellas se les debe muchísimas de las respuestas y soluciones a los problemas que ha enfrentado y superado el país desde los años 40. Las instituciones de educación superior pública juegan papeles múltiples, tanto en el terreno propio de la educación como en el desarrollo científico y tecnológico, en la aplicación de ese conocimiento al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en la promoción de la identidad cultural, de la soberanía e innovación productiva, de la salud integral, del uso sustentable de los recursos, entre muchas otras cosas.
Esto ha sido posible gracias al compromiso constitucional que garantiza a las universidades públicas un financiamiento propio, independientemente de los ingresos generados por ellas mismas.
Entonces, resulta difícil de entender cómo, entre el gobierno de Oscar Arias y su prolongación actual con Laura Chinchilla, se contrapongan actitudes y definiciones acerca de la educación superior pública.
Es sabida la posición neo liberal para estimular la educación primara y secundaria y, paralelamente, vulnerar el crecimiento de la formación técnica y profesional a cargo de las universidades públicas.
La asignación de recursos al Sistema de Educación Superior Público virtualmente no ha crecido en los últimos 30 años en la proporción que lo ha hecho la población. Por el contrario, solo por la perseverancia y firmeza de las propias universidades públicas, se ha logrado impedir un deterioro mayor de su presupuesto. Desde los 80 y principalmente en estas últimas décadas, los gobiernos de turno han buscado el camino para disminuir el compromiso público con estas cuatro instituciones. En ese camino, las universidades han sabido defender su papel estratégico, haciendo retroceder aquel embate una y otra vez.
En esta ocasión, lejos de ceder a las argumentaciones sólidas que han aportado las universidades, los ministros de hacienda y educación han desconocido incluso acuerdos tomados previamente en cuanto al presupuesto para la educación superior pública y, por el contrario, han adoptado posiciones cada vez más retrógradas.
Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación y actores políticos han venido creando la sensación de que esta demanda de financiamiento denota avidez y falta de compromiso de las universidades con las necesidades urgentes de la población.
Ante estos hechos, desde la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana hemos manifestado nuestro apoyo a las gestiones y empeño de las universidades públicas para que sus ingresos no sean disminuidos y, para que más bien, se adecuen esos ingresos a las necesidades reales vigentes y de futuro mediato para el próximo quinquenio.
Es tiempo para que cese la arremetida contra la institucionalidad de la educación superior pública. Para el Partido Acción Ciudadana, asegurar el financiamiento para las universidades públicas es uno de los caminos más seguros hacia un desarrollo inclusivo, sustentable y solidario. Estamos entonces al lado de las y los universitarios, del Consejo Nacional de Rectores y de todos los costarricenses convencidos en ese valor fundamental de la educación superior.
