Sobre proyecto de ley de premios nacionales

Con cierto temor de aburrir a las y los lectores del Semanario, me veo en la obligación de responder nuevamente el artículo de don

Con cierto temor de aburrir a las y los lectores del Semanario, me veo en la obligación de responder nuevamente el artículo de don Adriano Corrales sobre el proyecto de ley de los Premios Nacionales de Cultura (30 de abril de 2013).

Se sorprende don Adriano de no haber recibido una respuesta por parte de la Dirección de Cultura a sus anteriores artículos relacionados con este tema. Es importante entonces informar que ambos artículos fueron parte de las decenas de escritos que sirvieron como insumo para la reelaboración de ese proyecto de Ley. Los muy diversos artículos publicados tanto en medios impresos como digitales entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011 constituyeron la base que dio origen al replanteamiento del texto. Nos pareció más prudente invertir tiempo en construir que en responder individualmente las diferentes –y abundantes− opiniones emitidas.

Resulta totalmente comprensible que ningún proyecto de ley complazca a todas las personas interesadas en un tema determinado. Ello resulta aún más complejo cuando dichas opiniones no están cimentadas en un conocimiento de fondo de la propuesta que censuran. Resultan muy interesantes las lecturas que desde distintos ámbitos académicos se hicieron del proyecto, sobre todo en lo referente a que la Ley se convirtiera en “un instrumento de privilegios para ciertos sectores ahora protegidos, como los gestores y productores culturales o los funcionarios de programas e instituciones adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud”. Esta iniciativa surgió justamente en atención a las ya históricas críticas a los Premios Nacionales –las cuales han aducido una concentración de los beneficios en un número reducido de personas, por no decir que los Premios han adolecido de una fuerte dosis de amiguismo.

Por otro lado, el proyecto ataca desde su primera versión el otro aspecto que ha sido duramente criticado a la Ley vigente, y es la premiación por parte del Estado al quehacer del Estado. Por eso, en su actual Artículo 6, el texto establece que estarán inhibidos(as) para percibir la erogación financiera de un Premio Nacional:

Los programas e instituciones adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud, en cuanto a las premiaciones en las categorías grupales.

Las y los funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud que hayan ejecutado la labor cultural considerada para el premio como producto de sus funciones.

La crítica que hace doña Carmen Méndez al proyecto en el sentido de que el procedimiento de selección del jurado elimina toda objetividad y trasparencia, al descartar la participación de instituciones como las Universidades, resulta dichosamente infundada. El Artículo 2 del texto actual establece que los Jurados deberán ser designados por “un representante de las entidades administradoras; un representante de cada universidad pública vinculada a la disciplina o actividad a galardonar y un representante electo por las asociaciones gremiales debidamente establecidas”.

El transitorio al que hace alusión el texto de don Adriano se plantea por una única vez a fin de solventar un problema emanado de una coyuntura muy particular: la situación legal de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, que actualmente impide conformar los Jurados de más de la mitad de los Premios Nacionales correspondientes al 2013.

Entiendo que don Adriano considere que como funcionaria no cumplí con el deber de confrontar opiniones en el Foro organizado sin presencia del Ministerio de Cultura y Juventud. Por mi parte supongo que, como ciudadano, don Adriano incumplió con el deber de informarse apropiadamente antes de emitir una opinión públicamente. Sin embargo, entiendo que el derecho a la libre expresión permite que cada quien comunique su manera de ver el mundo sin ese tipo de restricciones.

Considero que de aprobarse el proyecto de Ley, y una vez que pueda ser conocido en todos sus extremos el texto definitivo, personas como don Adriano podrían sin duda hacer aportes importantes al Reglamento respectivo, pues el objetivo de la propuesta de ley es facilitar que por la vía reglamentaria puedan hacerse ajustes que permitan a los Premios Nacionales responder de mejor manera a los requerimientos, no ya “del sector cultural” del que comúnmente se habla, sino de los diversos sectores culturales –con opiniones muchas veces contrapuestas−  que coexisten en el país.

Espero además que de aprobarse este proyecto, autores e investigadores de la talla de don Adriano consideren oportunos los nuevos premios de Gestión, Investigación y Comunicación Cultural.

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