Una estrategia nacional

Con el argumento, en términos generales muy lógico, de que la competencia obliga a bajar precios, se pretende convencer al pueblo, después de una sostenida campaña de desinformación por la prensa, de que esa opción es siempre la mejor. Cuando se trata de mercados perfectos, en los que varios proveedores, suficientes para que no  pueden ponerse de acuerdo, la competencia, no cabe duda,  resulta en beneficio para los consumidores. Sin embargo, en un mercado imperfecto, se da exactamente lo contrario. Esto sucede cuando se tiene un monopolio natural, como lo es el caso de las redes eléctricas y de telecomunicaciones.Nadie pensaría por ejemplo, en construir carreteras paralelas a las del Estado, para hacerle la competencia. Duplicar en estos casos la infraestructura para asegurar competencia es absurdo. Como consecuencia de tales condiciones de mercado, al privatizarlo o abrirlo, tendremos la aparición en el primer caso, de un monopolio privado y en el segundo, la desaparición del modelo de subsidios cruzados, fundamento del modelo solidario, de servicio al costo  y de acceso universal. Recordemos que la única razón de ser de un monopolio privado es generar utilidades a sus dueños, socios o accionistas, lo cual acarreará tarifas mucho mayores, en contraste con las de un monopolio estatal, por operar este al costo, sin utilidades. Estos dos aspectos explican lo que con cada vez mayor malestar denuncian los pueblos latinoamericanos, ejemplo: “Durante la campaña de privatización, dijeron que iban a abaratar las tarifas y las aumentaron 1300%…, .. la tarifa básica residencial que en Costa Rica es de ¢1.650,00 (más 150 minutos gratis), en El Salvador cuesta ¢3.847,45 (y cero minutos gratis), lo cual significa un 274 % más caro”, La Prensa Libre, 17/10/03. Tan onerosas consecuencias se tendrán siempre que actividades con características de monopolio natural pasen a empresas privadas, pues terminarán en manos de un monopolio, duopolio u oligopolio, tal es el caso en nuestro medio, de la producción de cemento, en la cual a partir de que Cempasa fue vendida por el Estado a una transnacional mexicana, los precios se dispararon y los fertilizantes, industria en la que sucedió lo mismo a partir de que el Estado vendió Fertica a una transnacional chilena.  Por tanto, conviene mantener una actividad en manos de un único proveedor, estatal, cuando por estrategia nacional, se decida dar acceso universal a un servicio, vale decir, garantizar precios al alcance de todos, a través de subsidiar a los que no lo pueden pagar, como ha sido claramente el caso de la energía y las telecomunicaciones. Una apertura, cuando es parcial, como la planteada en el TLC, es aun más grave, porque los privados por supuesto exigirán “descremar” el mercado, como efectivamente se ha solicitado, brindando únicamente los servicios que requieran poca inversión y sumamente rentables. En este caso se socavaría todo el fundamento del modelo solidario, pues el ICE ya no tendría de donde obtener los recursos para poder subsidiar los servicios básicos. Adicionalmente, cómo no invocar la tragedia económica provocada por los “co-generadores”, mediante la apertura del sector eléctrico y promovida por la Ley 7200, quienes obtienen enormes ganancias mientras el ICE pierde con la compra de esa energía? Será eso lo que se pretende también con las telecomunicaciones, crear  “co-comunicadores”, no conformes con lo que significa pagar la energía a ¢18.77 el kilowatt, precio fijado no por competencia sino por LEY, para que el ICE la venda a ¢12.37? (La Nación 1/8/2000 y 6/8/2000). ¿Serán esas también las consecuencias de una potencial “apertura”  y la “competencia” planteadas en el TLC?