“Doña Sofía está degustando un almuerzo en casa de unos familiares, repentinamente comienza con un dolor en su pecho sumamente fuerte, el cual le recuerda el mismo dolor que sufrió hace tres años cuando tuvo un infarto; los familiares se angustian y llaman a los servicios de emergencia, 10 minutos después llega una ambulancia de soporte avanzado de vida donde los paramédicos le realizan un monitoreo electrocardiográfico, donde constatan que efectivamente la paciente se encuentra con un síndrome coronario agudo, sugestivo a un infarto al miocardio; le canalizan un acceso venoso, le suministran oxígeno y hacen contacto médico para suministrarle medicamentos para abordarla a la ambulancia y trasladarla a un centro médico debidamente estabilizada para su resolución.”
Casos como el anterior son comunes diariamente, también accidentes de tránsito, de trauma, ahogamientos, intoxicaciones, etc. Al comenzar a enumerarlos sería interminable la lista; lo importante en esto es que diferentes instituciones públicas y otras privadas en el campo de las emergencias médicas se han profesionalizado con personal Técnico-Paramédico para dar respuesta profesional a la atención de estos casos. Ellos son paramédicos, personal con formación universitaria en la Universidad de Costa Rica y que se encuentran debidamente regulados y autorizados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.En estos momentos, el Ministerio de Salud ha redactado un nuevo reglamento que regula la actividad prehospitalaria en nuestro país; increíblemente e inexplicablemente este reglamento excluye al personal paramédico de realizar su labor como lo ha venido haciendo. Se pretende que las unidades de soporte avanzado deben ser tripuladas por un médico, un paramédico y el conductor, dejando la función del paramédico como “un jalachunches del médico”.
Ahora bien, si el paramédico tripula solo con su conductor en una unidad, esta ambulancia pasa a ser de soporte intermedio; el paramédico tiene los conocimientos y la capacidad, pero no puede realizarle ninguna intervención al paciente; primero porque la ley no permite que el vehículo contenga las herramientas necesarias para los tratamientos y segundo porque el paramédico queda deshabilitado para hacerlo. ¿No es esto lo más ridículo?
Claramente este reglamento atenta contra la salud pública del país; ello porque indudablemente todas las instituciones y empresas resultan incapaces en poder cubrir las planillas salariales de una innumerable cantidad de médicos que deben entonces contratar; lo cual sería bastante oneroso, por lo que la solución será pasar todas sus unidades a ser de soporte básico, lo que claramente daría un desproporcionado aumento de la mortalidad de las personas, al no poderse realizar las maniobras de estabilización de las diferentes víctimas, como el claro ejemplo de doña Sofía.
El problema ahí está, está identificado y peor aún, ya el Ministerio de Salud tiene este Reglamento listo para su apropiación; es absolutamente urgente que los y las costarricenses se manifiesten para impedir que esta aberración se apruebe, se trata de vidas humanas, no es un paquete de impuestos u otra de esas leyes inexplicables que el gobierno constantemente nos está metiendo; se trata de la salud y de la vida de nosotros y nosotras, de nuestras familias, amigos y amigas, vecinos, etc.
Tengamos claro que a pesar de todo el profesionalismo que los paramédicos costarricenses tienen, sus años de entrenamiento y estudio ya no van a valer de nada con la aplicación de este reglamento; por lo que la próxima vez que usted ocupe una ambulancia ya no tendrá el nivel de atención que requiere; estamos a tiempo para manifestarnos.
