Artistas locales recrean en paredes y latas la historia de El Triángulo, fundado en el 2001, cuando un grupo de precaristas lo tomaron para construir sus ranchos. (Foto: Escuela de Comunicación UCR)
En el precario el Triángulo de la Solidaridad, en Calle Blancos de Goicoechea, la casa de Ana Martínez dejó de ser un solo espacio familiar para convertirse en el salón de reuniones con funcionarios públicos y vecinos. La razón: el traslado de 191 familias que viven en el sector de La Franja programado para el 15 de diciembre, debido a la construcción de la vía de Circunvalación Norte, y la petición de la comunidad y del Ministerio de Vivienda para que el Ministerio de Obras Públicas postergue la acción para febrero.
Martínez es una de las fundadoras del precario, en 2001, y presidenta de la Asociación de Desarrollo de la comunidad. Desde que en el 2006 se anunció el desalojo de las familias, ella ha estado presta a defender los derechos de todos en el Triángulo. Su teléfono recibe decenas de llamadas y a su puerta, otra decena de personas tocan a diario, para hablar sobre la reubicación.
Su lema es que “vivás donde vivás y vayás donde vayás, tenés derechos porque sos un ser humano”. Aun así, ella reconoce que el terreno donde viven no les pertenece a ellos sino al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El procedimiento de desalojo y reasentamiento ha sido largo, con trabas y atrasos. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) ha solicitado la tercera prórroga al MOPT, porque la regularización de las situaciones migratorias de las familias y la construcción de los proyectos de vivienda han atrasado el proceso. Marian Pérez, directora de Vivienda del Mivah, asegura que para febrero, fecha a la que se extiende la prórroga, las casas estarán finalizadas. La ubicación final de los proyectos todavía se maneja con reserva.
AYUDA DE TODOS PARA TODOS
En el 2012, de los 1239 nicaragüenses que viven en el precario, se registraban 772 personas en condición migratoria irregular. Hoy, el número de migrantes irregulares se ha reducido a 241 personas.
La disminución de la cantidad de indocumentados se debe a la posición clara que han tomado las instituciones públicas, pues el Mivah no tramitará expedientes para los desarrolladores urbanísticos, ni el Banco Hipotecario de Vivienda (Banhvi) dará bonos a quienes no tengan al día su cédula de residencia.
La preocupación y angustia comunal creció pues el proceso de obtención de cédula incluía desde inversiones iniciales de ¢100.000 para el pasaporte, hasta viajes a Nicaragua para conseguir documentación personal; al final resultaba en un monto aproximado de ¢ 300.000 por persona, según Ana Martínez.
Las instituciones involucradas están conscientes de que el desalojo no se trata de tirar a las familias al abismo y por eso la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha buscado diversas soluciones para la comunidad, incluyendo disposiciones transitorias y trámites expeditos. “En los transitorios se bajaban mucho los costos y se redujeron ciertos requisitos”, comentó Millaray Villalobos, funcionaria de la DGME.
Ana Martínez, naturalizada costarricense y con 20 años de vivir en Costa Rica, maneja con propiedad la información sobre regularización de la residencia de extranjeros, porque siempre está pendiente de los trámites migratorios de los vecino.
Ahora, la condición legalizada de las personas migrantes permite a las autoridades del Mivah continuar con la digitalización de los expedientes, que deben ser enviados a los desarrolladores de los proyectos urbanísticos y a las municipalidades donde se reubicarán las familias. Pérez comentó que los proyectos de vivienda serán para 74 familias de las 191 familias de la franja que deben ser desalojadas. Esos proyectos deberían estar construidos en febrero del 2015.
Las restantes 117 familias no optaron por la reubicación, por decisiones laborales, arraigo a la tierra, situación migratoria o enfermedad. Según Pérez, esas familias tienen cuatro opciones: alojamiento en casa de algún pariente o amigo mientras se construyen las viviendas definitivas que saldrán a concurso en 2015, subsidiado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), reubicación en ampliaciones ofrecidas por comunidades religiosas en el mismo asentamiento y soluciones temporales en contenedores acondicionados.
Patricia Obando, gerente del área regional noreste del IMAS, confirma que tienen una partida de ¢60 millones destinada al Triángulo, pero que no sería para pagar alquileres, sino para cubrir los gastos de la solución de vivienda en el sistema financiero.
Por ahora, Ana Martínez sostiene que las otras familias que no tengan alguna solución, se quedarán en los ranchos de los vecinos del Triángulo, lo cual es un problema grave, debido al hacinamiento que ya sufre la comunidad (ver gráfico).
En el Triángulo, la mayoría de familias califican para obtener un bono de vivienda otorgado por el Banhvi. Marianela Morales, encargada del área de comunicación del Banhvi, especifica que uno de los principales requisitos para obtener un bono es ser nacional o migrante legal, pues así lo estipula la ley.
VIDAS PARALELAS
“Ella sí se quiere ir para Nicaragua, pero yo no”, comenta Eliseo Moreno en referencia a su pareja Johana Benavides. Ambos son nicaragüenses y viven en el Triángulo de la Solidaridad, específicamente en la franja que será desalojada.
Esta pareja, junto con sus cinco hijos, no saben qué harán cuando deban salir. No tienen adónde ir porque, según cuentan, el bono solo se aprueba para cinco personas y ellos son siete. “Le doy gracias a Dios por el tiempo que estuve aquí”, agrega Moreno como si fuera ese el día de su desalojo.
Esta familia no ha buscado una alterativa de vivienda, principalmente por el trabajo de Moreno, quien hace siete años trabaja en un restaurante cerca de la comunidad. Pero cuando llegue el día de irse saben que no pueden ir contra la ley.
Miriam Oporta, una nicaragüense que desde 1994 reside en Costa Rica, no se ha podido nacionalizar porque no aprueba los exámenes de Estudios Sociales y Cívica. Oporta también sufre la incertidumbre de no saber adónde ir. A ella la iban a trasladar a Guápiles, pero un problema en los riñones pospone su expediente hasta que encuentre una solución con algún hospital capitalino cerca.
Millaray Villalobos, de Migración, afirma que a las personas que se acercan a la institución y que fueron parte del censo realizado en el Triángulo de la Solidaridad en el 2012, se les otorga un trámite expedito en tan solo una semana, una excepción para los vecinos del Triángulo.
Mientras muchos esperan el día del desalojo, sin saber exactamente qué harán, Ana Martínez sigue moviéndose de un lado para otro, para agilizar trámites. Hay otras preocupaciones en mente que atender, como la normalización migratoria de su nieta Esmeralda, pero su deber la llama a liderar esta comunidad en aras de un futuro mejor y dejar algunas situaciones personales para el otro año.
En nuestra edición digital busque reportajes de video y radio acerca de este tema, elaborados por estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicaciónn Colectiva de la UCR.
Números de un precario*
Fecha de creación: 2001
Anuncio del desalojo 2006
Extensión del precario 27.658 m2
Habitantes: 1990
Familias: 522
Extranjeros: 1.239 (62%)
En condición irregular: 241 (12,1%)
Familias trasladadas: 191
Familias para ubicar en
proyectos de vivienda: 74
Familias con otras
soluciones: 117
*Fuente: Mivah. Censo del 2012 y entrevista con funcionarios.
Traslado preocupa a estudiantes y padres
Eber Víquez, Mariana Soto, Sebastián Alpízar
Uno de los últimos recreos en la Escuela Esperanza Oreamuno, para muchos escolares que viven en el Triángulo de la Solidaridad. (Foto: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR)
María Fernanda Benavides disfruta mucho del colegio y con gran esfuerzo logra mantener sus notas, así lo afirma su mamá, Johanna Benavides. Desde hace un tiempo atrás carga con un peso extra, muy pesado para una niña de apenas diez años: saber que debe abandonar su casa. Ella empezará una vida nueva, en otro lugar lejos del precario Triángulo de la Solidaridad, en Goicoechea de San José, donde ha vivido hasta ahora.
“Pasó el grado dejando los pelos en el alambre”, afirma su madre, Johanna Benavides, quien evidencia la manera en que el estrés y la incertidumbre afecta el desempeño escolar de su hija. El pequeño «rancho» de esta familia está ubicado dentro de la franja que debe ser desalojada para dar paso a la construcción de un tramo de la Circunvalación Norte por la Ruta 32. Al igual que María Fernanda y su familia, 191 familias hacen y deshacen planes durante largos meses para enfrentar esta reubicación.
Miriam Oporto tiene presente que debe desocupar el terreno donde se encuentra su hogar pero no está tan preocupada. Su hija de 18 años asiste al colegio nocturno y aunque hace poco presentó sus exámenes, no está muy confiada de haberlos aprobado. La joven admite que no está tan preocupada por el traslado, pues considera que adonde vayan igual tiene que haber un colegio nocturno y no cree que sea mucha la diferencia.
CIERRE DEL AÑO LECTIVO
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) acordaron cerrar el año escolar de las escuelas Anselmo Llorente y Esmeralda Oreamuno el 5 de diciembre, según Carmen Martínez, Directora Regional de San José Norte.
La decisión respondía a que el 15 de diciembre era la fecha definitiva fijada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Sin embargo, la comunidad e instituciones de gobierno acordaron posponer el traslado para febrero.
Martínez explica que también hay estudiantes, residentes del área por desalojar, en las instituciones Jesús Jiménez, Jardín de Niños de Tibás, Miguel Obregón, José Rafael Araya y Mauro Fernández.
En los colegios el ciclo finaliza con normalidad el mismo 15 de diciembre. Por ejemplo, al Liceo Mauro Fernández asisten 26 jóvenes del Triángulo y dos de ellos podrían graduarse el 16, uno de noveno año y otro de quinto.
El Mivah forma parte desde hace más de tres años de la Comisión Nacional de Desalojo que atiende el proceso de reubicación de las familias del Triángulo de la Solidaridad en conjunto con líderes comunales.
Martínez solicitó a la Ministra de Educación Pública adelantar la segunda prueba parcial del tercer trimestre de las escuelas y prefiere creer que los alumnos no tendrán mayor afectación.
A pesar de que para la Directora Regional no ha habido “una comunicación muy diáfana” con las demás autoridades, ella espera que haya tranquilidad con los estudiantes, que se vayan tranquilos con su fiesta de la alegría y graduación antes del 5 de diciembre.
Ana Martínez, líder comunal, asegura que en ambas escuelas hubo problemas porque no querían matricular a los niños y las niñas que serán reubicados. Según Johanna Benavides, madre de cinco escolares, «hasta que no nos hayamos ido de aquí, ya sea para otro lado o de vuelta a Nicaragua, tenemos que asegurar la matrícula de nuestros niños en sus escuelas».
La directora de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Marian Pérez, declara que eso no es cierto y que los centros educativos están obligados a recibir esas matrículas. Además, el vecindario solicitó a las autoridades una prórroga del traslado para febrero como previsión a que las construcciones de los nuevos hogares no finalicen a tiempo.
De aprobarse la solicitud, podrían permanecer en la comunidad para iniciar el nuevo ciclo lectivo en los mismos centros educativos y posteriormente realizar en febrero una matrícula extraordinaria en las nuevas escuelas y colegios.
REUBICACIÓN DE ESTUDIANTES
A cuál escuela debe ir cada estudiante aún es desconocido tanto para los alumnos como para las autoridades del MEP, ya que dependerá del lugar de traslado.
Según, Pérez, el Mivah mantiene reservada la ubicación de los nuevos hogares hasta que haya un diálogo entre las comunidades del precario y las municipalidades que los recibirían.
Independientemente de cuándo ocurra el traslado, los centros educativos están obligados a recibir a los nuevos estudiantes. El artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica estipula que la educación pública es obligatoria y costeada por el Estado.
Lesbia Duarte, vecina de la comunidad del Triángulo, está preocupada por el cambio aunque está esperanzada de que sea para bien.
La madre de tres niños, dos biológicos y un sobrino que considera como suyo, comparte que “ellos no querían irse y dejar todo aquí y eso les produce estrés que les está afectando”. Ella relata el caso de su hijo, Camilo, quien debe presentar exámenes de convocatoria para dos materias este año.
Según la directora regional de San José Norte, Carmen Martínez, para dar seguimiento al estudiantado del Triángulo de la Solidaridad los expedientes disciplinarios y acumulativos de cada uno serán enviados a sus nuevos centros educativos en enero del próximo año. En estos se indicarán los temas ya vistos y los restantes por estudiar, así como aquellos en los que no se pudo profundizar.
Aunque se pueda dar seguimiento al cuerpo estudiantil, ciertas dudas persisten en la población. Martínez explica que los estudiantes del Triángulo poseen transporte y acceso al comedor escolar, sin embargo desconocen si lo tendrán en los nuevos lugares de residencia.
Para el año entrante, Martínez calcula que la Escuela Anselmo Llorente perderá cerca de 250 estudiantes, mientras en la Escuela Esmeralda Oreamuno el número ronda los 120 alumnos.
Según la Directora Regional, la disminución de alumnos puede bajar el número de medición de escuela, que se establece de acuerdo con la cantidad de estudiantes y la infraestructura, y se afecte los salarios de los profesionales.
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