La Sutel tramita las primeras solicitudes de empresas para operar y atrás vienen otras, incluidos los miles de cafés Internet.
La adjudicación de la licitación pública de las nuevas frecuencias para telefonía celular, Internet inalámbrico, radio y televisión se realizará en mayo del 2010, cuando culminará el recién iniciado proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones, según el calendario dado a conocer la semana pasada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
De esta forma, contra lo que se esperaba, el Gobierno del presidente Oscar Arias deja al nuevo gobierno que resulte elegido en febrero del 2010 la adjudicación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que saldrán a concurso público, de acuerdo con la nueva ley de telecomunicaciones aprobada el año pasado, en el marco de la apertura del mercado acordada en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y Centroamérica.
El anuncio representa un cierto respiro para el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que quedó obligado por la ley general de telecomunicaciones aprobada el año pasado -a iniciativa del oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa- a enfrentar una apertura inmediata del mercado, sin el período de transición que han tenido otros países en procesos similares.
La institución acaba de sufrir un revés con la negativa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) a aprobar un aumento de tarifas que la entidad había decidido aplicar unilateralmente, con el fin de sanear sus finanzas, que al decir de los jerarcas andan maltrechas. El aumento le hubiera permitido crear “un colchón” para prepararse y enfrentar la competencia de poderosas transnacionales interesadas en posesionarse en el mercado local, adujeron.
Una de las primeras consecuencias de este revés es que en el ICE se está hablando de recortar personal, hasta por un 25%. Una persona con mando en uno de los departamentos de telecomunicaciones dijo que en el caso de su oficina habría que despedir a unas 30 personas, y su jefe ya le pidió preparar un informe sobre las plazas por eliminar.
Mientras tanto, la semana pasada entró en funciones oficialmente el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), entidad adscrita a la ARESEP, con lo que empezaron a correr los plazos del proceso de apertura de las telecomunicaciones (ver recuadro “Nombramiento polémico”).
Desde finales de enero comenzaron las primeras empresas a presentar ante la SUTEL las solicitudes de registro y autorización para operar. Al cierre de esta edición lo habían hecho siete empresas, según confirmó la vocera de SUTEL, Carolina Mora, pero se sabe que vienen más, y algunas incluso ya se mueven en busca de acuerdos con socios locales para posicionarse en el mercado, y empezar cuanto antes a operar.
Tal es el caso de Digicel, empresa de telefonía celular irlandesa que según fuentes ligadas al sector de telecomunicaciones, ya está buscando sitios para instalar radiobases y estaba negociando o ya negoció una alianza con una de las principales televisoras del país. La empresa ya opera telefonía celular en El Salvador, Honduras y Panamá. En este último país obtuvo la concesión el año pasado tras el pago de $86 millones, y una suma similar había pagado en Honduras.
Otras transnacionales ya tienen también presencia en el país, con representantes y bufetes de abogados que han contratado, entre ellas América Móvil (Telmex), del mexicano Carlos Slim, considerado el segundo hombre más rico del mundo (contrató al bufete de Elías Soley); la española Telefónica (Arias y Muñoz) y la sueca Millicom (Tomás Nassar).
Millicom llega a través de su subsidiaria local America Network (Amnet), que adquirió el año pasado a la canadiense Amzak por más de $500 millones. Amnet es la mayor empresa de televisión por cable en Centroamérica, donde opera el concepto de “triple play” o paquetes multimedia (imagen, voz y transmisión de datos). En Costa Rica ofrece estos servicios mediante un acuerdo con RACSA, acuerdo que seguramente cesará una vez que reciba la autorización de la SUTEL para operar.
ANTECEDENTES
Millicom regresa a Costa Rica luego que la Sala IV declaró inconstitucional en la década pasada el decreto ejecutivo Nº 268 del 4 de diciembre de 1987, mediante el cual el entonces presidente Óscar Arias, y el ministro de Gobernación, Rolando Ramírez, le concedieron autorización para operar telefonía móvil, sin obtener beneficios económicos para el país, a diferencia de otras naciones que cobraron decenas de millones de dólares a cambio de la ruptura del monopolio estatal.
Amnet (Millicom) fue una de las primeras empresas que presentaron la solicitud ante SUTEL desde finales de enero, igual que lo hicieron las locales Telecomunicaciones Integrales de Costa Rica (Ticom) y Worldcom, para ofrecer servicios en conexión a Internet, telefonía IP y manejo de redes corporativas privadas.
En febrero pidieron autorización Fibrotel, Call Me way, R&H International Telecom e Intertel Worldwide. En publicaciones de prensa se había mencionado también a la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Icann en inglés), pero la vocera de Sutel aclaró que se debió a un error.
Técnicos del ICE afirmaron que algunas de estas empresas locales que se están inscribiendo ante la SUTEL crecieron prestando servicios clandestinos de “callback” y “bypass” (conexiones de llamadas internacionales que se registran como si fueran locales) y en varias ocasiones el ICE les cortó circuitos, tras detectar el fraude.
Worldcom (que no tiene relación con la telefónica estadounidense del mismo nombre que quebró en el 2006 en medio de un escándalo financiero) lleva unos 15 años operando en el país, y hoy es “un ICE chiquitico”, según un funcionario del área de telecomunicaciones. Su propietario, Valentin Horvilleur, es un exitoso empresario que figura en el Registro Público como integrante de cerca de una veintena de sociedades.
De acuerdo con los reglamentos aprobados, los Cafés Internet tendrán que pedir autorización de la SUTEL para poder operar, requisito que desconocen la mayoría de los miles de propietarios que han abierto este servicio a lo largo y ancho del país. Dada la gran cantidad de solicitudes que deberá tramitar, el proceso podría colapsar en la SUTEL.
Aunque a la concesión de nuevas frecuencias en el espectro radioeléctrico, el cronograma publicado por las autoridades prevé que en octubre de este año se abrirá el proceso de licitación pública. En febrero de 2010 se notificará a los preclasificados para que en marzo puedan presentar las ofertas económicas y en mayo se conozcan los ganadores.
No obstante, antes podrán obtener un «permiso o autorización» para operar aquellas empresa o entidades que ya estén en el mercado costarricense o las extranjeras que suscriban alianzas con las locales.
Por eso, el ministro Roberto Dobles dijo que se prevé que desde este año se incremente la oferta de nuevos servicios y se «dinamice bastante el sector» de las telecomunicaciones, hasta ahora dominado, por más de medio siglo, por el ICE.
En este escenario, varias empresas que ya tienen concesiones de frecuencias, entre ellas tres de propiedad de la diputada Evita Arguedas, han solicitado reasignación de frecuencias en segmentos de mayor valor comercial, donde podría ubicarse la telefonía celular, solicitudes que deberá resolver la SUTEL próximamente (ver UNIVERSIDAD del 24 de setiembre del 2008).
Nombramiento polémico
Tras ser juramentados el pasado 26 de enero, el 12 de febrero empezaron oficialmente funciones los integrantes del Consejo de SUTEL: Carlos Gutiérrez, Walter Herrera (suplente), George Petrie Myles y Maryleana Méndez.
El nombramiento de estos funcionarios -que tendrán a su cargo el control y la vigilancia del cumplimiento de la normativa de telecomunicaciones en el país- no estuvo exento de polémica, ya que contra lo que cabía esperarse para una función tan compleja y especializada, la mayoría de ellos no cuenta con mayor experiencia en la materia.
Lo más polémico fue el intento de nombrar a la exdiputada socialcristiana Vanesa Castro, quien había sido incluida en la terna inicial enviada por la directiva de ARESEP a la Asamblea Legislativa, donde primó el criterio de que era un nombramiento político inconveniente y los diputados la vetaron.
Otro aspecto criticado fue que se rechazara a los concursantes relacionados con el Grupo ICE, pero no los que lo estaban con empresas privadas de telecomunicaciones, eventualmente interesadas en el mercado local. Fue una decisión de la directiva de ARESEP basada en un dictamen solicitado a un abogado, el cual dijo que cuando la norma dice que hay incompatibilidad para ser nombrado alguien por ser funcionario de una empresa ofertada, se refiere al ICE.
Según fuentes ligadas al medio, entre los nombrados en el Consejo de la SUTEL, Myles –quien viene de trabajar en un proyecto de la francesa Orange, en Estados Unidos- es el que mayor conocimiento tiene en servicios de telecomunicaciones. Por su parte Méndez viene de un trabajo con British Telephone, empresa con negocios en Costa Rica, mientras que los demás miembros del Consejo llegan de empresas privadas no relacionadas con el negocio de las telecomunicaciones.
