Investigación en marco de otras auditorías al Poder

La investigación periodística que presentamos hoy en UNIVERSIDAD es parte de una serie de auditorías ciudadanas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La investigación periodística que presentamos hoy en UNIVERSIDAD es parte de una serie de auditorías ciudadanas que desde el periodismo se han realizado para evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de presidentes, ministros, diputados y empresarios poderosos.

El primer ejercicio de este tipo se realizó en marzo del 2012 sobre el Gabinete de la entonces presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014). En esa ocasión, el equipo de investigación del diario La Nación reveló que once ministros de Estado, sus empresas o sus cónyuges, incluyendo al entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero, tenían propiedades subvaloradas para el pago de los impuestos municipales.

En ese momento, se probó que la subvaloración de esos terrenos y viviendas sumaba más de ¢11.000 millones y que por esa razón, en conjunto, los ministros habían pagado ¢28 millones en impuestos.

La investigación reveló, además, que una empresa de consultoría fundada por el entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y su esposa, la exasesora de la Casa Presidencial, Flor Isabel Rodríguez, omitió ingresos por al menos ¢50 millones en su declaración de impuesto sobre la renta en el 2010.

Tras esa serie de reportajes Fernando Herrero renunció como ministro de Hacienda y se archivó el proyecto de reforma fiscal.

Esa misma auditoría evaluó el nivel de cumplimiento tributario de quienes eran entonces jefes de fracción en la Asamblea Legislativa y habían estado involucrados en el trámite de la Reforma Tributaria que impulsaba la presidenta Chinchilla.

El resultado fue que de los 12 diputados que habían tenido un rol protagónico en la discusión de si aplicar o no mayores impuestos al resto de los ciudadanos, 8 de ellos tenían propiedades subvaloradas.

Entre ellos aparecían los nombres de Luis Fishman, diputado por el Partido Unidad Social Cristiana, Luis Gerardo Villanueva, del Partido Liberación Nacional, Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad sin Exclusión, Danilo Cubero, del Movimiento Libertario, y Justo Orozco, del Partido Renovación Costarricense, quien aseguró que pagaría sus impuestos “en el tiempo de Dios”.

Los empresarios también

Un año más tarde, en febrero del 2013, un equipo de UNIVERSIDAD realizó un ejercicio similar con los directivos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (UCCAEP).

El resultado arrojó que, de las 9 personas que integran el mencionado consejo directivo, 8 de ellos (88.89%) figuraban en puestos como presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero, apoderado o secretario en firmas que estaban morosas en el pago de este impuesto al 18 de febrero de ese año.

En total, los directivos de la UCCAEP estaban relacionados con 107 sociedades anónimas, de las cuales 46 firmas (42.99%) estaban morosas en el pago de este gravamen.

El directivo de la UCCAEP que estaba ligado con la mayor cantidad de sociedades morosas en el pago del impuesto a las personas jurídicas era Arnoldo André Tinoco, quien aparecía como apoderado y representante judicial, fiscal o presidente de 26 firmas, de las cuales 21 estaban morosas (80.77%).

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