Autoridades denuncian que la empresa Global ID, dirigida por Alejandro Trejos, se vale de publicidad engañosa.
El interés de numerosa población extranjera por obtener el carné de identificación de la empresa privada Global ID, se debe a que estas personas creen que con ese documento pueden tener una condición legal en Costa Rica, lo cual es una información errónea que se ha propagado, concordaron distintas autoridades y especialistas.
Esta compañía, que ha venido operando desde hace poco más de una semana en el centro de San José, coloca dentro de su publicidad el lema “Facilitando el acceso a opciones de trabajo y crédito”.
Muchos extranjeros y extranjeras acudieron durante esos días por una cita previamente concertada por teléfonos, mientras otros salían con la esperanza de encontrar trabajo, luego de ser fotografiados y sus datos personales recogidos en una base digital.
UNIVERSIDAD pudo constatar que varias de esas personas, quienes prefirieron no identificarse, se encontraban indocumentados.
La Embajada de Nicaragua presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, y la Dirección General de Migración y Extranjería ante la Fiscalía General del Ministerio Público y la Comisión Nacional del Consumidor, por publicación y divulgación engañosa.
Igualmente, instituciones como la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Trabajo han intervenido con denuncias, publicaciones aclaratorias e inspecciones a las instalaciones de la compañía.
DOCUMENTO PRIVADO
El director de Global ID, Alejandro Trejos, aseguró que ha habido malentendidos en la población migrante y las entidades estatales, debido a la difusión de falsos rumores, como que la empresa brinda amnistías y permisos de trabajo.
Trejos, uno de los asesores del Gobierno que fue pagado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica y abanderado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, explicó que comenzaron con una feria promocional denominada “Encuentro de apoyo al extranjero” para el lanzamiento de este servicio y regalaron carnés para dar a conocer el producto.
Enfatizó que con la tarjeta se crea un expediente electrónico, que no es gubernamental ni tiene validez en el campo público. Las personas facilitan información de forma voluntaria, que sería utilizada para fines laborales, de crédito y trámites financieros; y que se consultaría en el sitio web www.globalidsys.org.
“Estamos facilitándoles el trabajo. Es como una carta de recomendación de un tercero que avala que la información fue verificada. No cobramos las consultas, sino ¢5000 por la emisión del carné. Es una estrategia comercial diferente; hay gente que va a plantear demandas y cosas de esas, pero la verdad no le veo ningún sentido”.
Aclaró que el público meta comprende a las personas que están regulares en el país y que para registrarse, se solicita un documento oficial como el pasaporte, carné de residencia o cédula de identidad del país de origen, y el original de un recibo de servicio público, adicional a información que quieran suministrar, como cartas de recomendación, títulos y orden patronal.
No obstante, comentó que aceptarían a un inmigrante indocumentado bajo el mismo procedimiento, porque no son una autoridad y no es su responsabilidad determinar quién está ilegal o no.
Desde el martes 8 de setiembre se comenzó a cobrar por el documento. Trejos señaló que han establecido alianzas con empresas de seguridad, demostradoras y envío de remesas, que serían potenciales empleadores.
ALERTA POR DESINFORMACIÓN
El jerarca interino de la Defensoría de los Habitantes, Daniel Soley, manifestó que la población migrante se puede ver desprotegida, al creer que obtendrían ciertos beneficios con ese documento. Empero, este no sustituye de ninguna manera un carné de carácter oficial.
Por tal motivo, la Defensoría instó a la Dirección General de Migración y Extranjería a iniciar una investigación y envió un pronunciamiento público que prevenía a los extranjeros y extranjeras a no pensar que el carné de Global ID es un documento para efectuar trámites migratorios, bancarios o laborales.
Soley comentó que el hecho podría considerarse un posible fraude, aunado a que la tarjeta de identificación tiene similitudes con la oficial, en tonos, ubicación del nombre y código de barras.
El funcionario criticó que la empresa cobre por ingresar en una base de datos digital la información de las personas, pues hay muchas otras instancias sin fines de lucro que colaboran en tutelar sus derechos. También externó su preocupación por las personas indocumentadas, ya que se jugaría con sus necesidades.
Resaltó el interés de la empresa para reunirse con las autoridades, pero aseguró que no es suficiente para prevenir la confusión.
Harold Rivas, embajador de Nicaragua en Costa Rica, reconoció su inquietud por el uso que se le dé en el presente o futuro, a la información recopilada de las personas.
Detalló que muchos nicaragüenses llamaron a la institución para informarse sobre el caso, y se les hizo saber que el documento no tenía validez. Pese a las advertencias, la forma en que se comercializa el producto los ilusionaba y acudían a la compañía; pero, cree que esto podría ser una estafa.
El diplomático reprochó las declaraciones de Trejos, cuando aseguró que el monto del carné es bajo, porque para alguien extranjero, y máxime si es indocumentado, es sumamente difícil llegar al país y contar con esa cantidad.
Aclaró que las promesas de crédito y trabajo son falsas, y que la consecuencia que traería es que cualquier compañía tenga la información personal de miles de personas más adelante, y que la base de datos se venda y utilice con otros fines.
Rivas expuso que Global ID se aprovecha de la nueva Ley de Migración, pues desde el 1 de setiembre los foráneos deben registrarse en el Consulado para efectuar trámites de residencia, y justamente en días previos a que se diera este cambio, la empresa inició funciones, prometiendo estabilidad.
9-set-09
Analistas alertan sobre interés real de empresa
La socióloga y académica Montserrat Sagot considera que Global ID es una empresa privada que trata de aprovechar la condición de ilegalidad y necesidad de trabajo de personas con vulnerabilidad.
El peligro radica en que recluta inmigrantes para actividades desconocidas, lo que significa un engaño, al hacer promesas de trabajo bajo pretensiones poco claras, que pueden configurarse en un delito.
“Que sean una empresa privada no significa que no se les puede castigar; esto atenta contra la privacidad y protección de la identidad y es una violación a los derechos humanos. Evidentemente hay un interés más allá”.
Argumentó que una empresa seria no contrataría formalmente a personas indocumentadas. De ser así, los foráneos y foráneas pueden sufrir explotación laboral y ser víctimas de chantajes o amenazas.
Mientras tanto, el politólogo Alberto Cortés criticó que la compañía utiliza publicidad engañosa, lo que atenta contra la seguridad, ya que las personas tienen derecho a saber cuál es la verdad.
Cree que es válido que las instancias pertinentes intervengan y que se den las aclaraciones necesarias de manera pública, dado que se manipula a una población sensible.
Calificó la labor de la empresa, en tanto que genera una expectativa de bienestar, porque el carné no cambia su situación.
“Hay un móvil económico y se aprovechan de entrada de la nueva ley de migración; ahí hay un cálculo político. Se deben hacer campañas de información para que esas personas se puedan defender”, advirtió.
El académico de la UCR piensa que se puede presentar una migración exagerada, principalmente de nicaragüenses, que quizás no obtengan la estabilidad que esperan.
